martes, 21 de marzo de 2017

Indígenas mayas exigen a ministros de SCJN anular permiso a Monsanto para producir soya transgénica en su territorio

Indígenas mayas exigen a ministros de SCJN anular permiso a Monsanto para producir soya transgénica en su territorio
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(21 de marzo, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La región Poniente de Bacalar, Quintana Roo ha emprendido desde hace ya casi 5 años, la lucha legal en contra de la concesión que otorgó la SAGARPA a la empresa Monsanto Company, multinacional estadounidense “que se vende a sí misma como una gran benefactora de los campesinos y promotora de la sustentabilidad, pero que en realidad es un enorme negocio de agrotóxicos que (ya está demostrado en Argentina y Paraguay).
Va dejando a su paso despojo, enfermedad, muerte y destrucción de la naturaleza. La concesión de ese permiso es el motivo de nuestra petición de amparo bajo el cobijo de las leyes nacionales e internacionales que deberían vigilar y resguardar los derechos de los pueblos indígenas, aunque también hemos visto que los tribunales, a veces, se alejan de la justicia”, denuncian la población indígena maya.
Quienes a su vez señalan que siendo apicultores y milperos cuidadores de las semillas nativas de esa región, “aún creemos que la justicia puede ser la mediadora entre el exceso y la carencia, entre la ambición y la vida”.
Este 22 de marzo, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Gallán, José Fernando Franco González, Javier Laynez Potisec, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza y la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, celebrarán la audiencia en la que atenderán la denuncia de inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad y todo lo concerniente al permiso otorgado a Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica, “por tiempo indefinido en nuestros territorios”.
Por lo que a los ministros y la ministra, la comunidad indígena ha explicado que interpusieron una demanda de amparo para exigir que se reconozcan las diversas ilegalidades y arbitrariedades ocurridas durante el otorgamiento del permiso; recordando que la CONABIO, el INE y la CONANP emitieron dictámenes negativos, es decir, que recomendaron a la SAGARPA no otorgar el permiso.
Así como reconocer que las violaciones cometidas en materia de consulta y consentimiento son irreparables y, por tanto “anule definitivamente el permiso otorgándonos su amparo y protección contra los actos de las autoridades federales a favor de la empresa Monsanto”.
“También queremos aclararles, a los ministros que las comunidades indígenas de Bacalar no queremos que se nos consulte, pues nuestras comunidades, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación contenido en el artículo 2° de nuestra Constitución y en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, reconocido por el Estado mexicano, ya hemos decidido rechazar la siembra de cualquier tipo de semilla genéticamente modificada en nuestros territorios.
Por los riesgos que pueden traer a nuestra salud, al medio ambiente que habitamos, a la economía de nuestros pueblos y sobre todo, para proteger y defender nuestras semillas nativas que son la base de nuestra vida; y porque sabemos que esa consulta no es vinculante, es decir, sólo simula preguntarnos para después dejar la decisión de si se mantiene o no el permiso de siembra de soya transgénica en nuestros territorios, en manos de las autoridades administrativas”.
Por lo que aseveran que la decisión debe ser de ellos y no de las instancias gubernamentales. “Sabemos que el modelo agroindustrial intenta despojarnos de nuestros territorios y de nuestros modos ancestrales de vida, como la milpa y la apicultura para imponernos la siembra de sus semillas patentadas de soya transgénica”.
Además, aseguran que conocen “el gran impacto que esos cultivos causan al medio ambiente por la gran deforestación que conllevan y por el uso del glifosato que contaminará nuestros suelos, agua y aire.
Sabemos que la siembra de la soya transgénica autorizada requiere la aplicación de, al menos, dos millones de litros de glifosato al año y sabemos que desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como posible cancerígeno. Por lo que no permitiremos que destruyan nuestra salud, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra autonomía y nuestra vida comunitaria”, declaran mediante un comunicado.
Foto: Ecosfera

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