jueves, 23 de marzo de 2017

EPN es indiferente a la exigencia del cese a hostigamiento y espionaje contra activistas: Académicos

EPN es indiferente a la exigencia del cese a hostigamiento y espionaje contra activistas: Académicos
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Ante la exigencia de académicos y defensores de derechos humanos para que Enrique Peña Nieto frene el hostigamiento y emprenda una investigación contra los responsables del espionaje de activistas que promueven el impuesto al refresco, solamente se ha recibido indiferencia, afirmaron en un desplegado.
En el documento firmado por decenas de académicos y organizaciones nacionales e internacionales, los demandantes señalaron que desde el 14 de febrero pasado que exigieron en una carta pública al gobierno de Enrique Peña Nieto el cese al hostigamiento y la vigilancia contra Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Encarnación, de ContraPESO, y Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, así como una investigación exhaustiva, seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables.
Pero, denuncian, “las demandas de investigación no han encontrado ninguna respuesta por parte del gobierno mexicano”. Además condenaron de nueva cuenta los actos de espionaje contra “defensores del derecho a la salud en México, con la utilización gubernamental de programas informáticos altamente intrusivos…en contra de académicos y organizaciones de la sociedad civil”.
Cabe señalar que el miércoles pasado, los inconformes enviaron una carta al mandatario con su exigencia de cese al espionaje y el inicio de una investigación al respecto. Ahí se mencionó que el pasado 11 de febrero, el laboratorio The Citizen Lab, adscrito a la universidad de Toronto, reveló que durante los meses de julio y agosto de 2016, Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación, recibieron mensajes a sus celulares con vínculos que redirigían hacia páginas que contenían el programa espía Pegasus.
Pegasus forma parte del portfolio de programas espías que desarrolla y distribuye la empresa israelí NSO Group –estrechamente vinculada con el gobierno de Israel–, la cual sostiene que sólo vende sus productos a gobiernos y agencias estatales con el único objetivo de combatir el crimen organizado y prevenir actos terroristas.
“Esta situación es grave y despierta preguntas que deberían ser resueltas con celeridad”, subrayan los firmantes.

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