miércoles, 15 de marzo de 2017

En Tlaxcala, PGJ oculta y manipula cifras que se reportan al SNSP, sobre desapariciones de niñas: ONG’S

En Tlaxcala, PGJ oculta y manipula cifras que se reportan al SNSP, sobre desapariciones de niñas: ONG’S
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(15 de marzo, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las organizaciones de la sociedad civil Red Retoño y Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, denunciaron en conferencia de prensa que la Procuraduría del Estado de Tlaxcala se niega a investigar las desapariciones, violaciones y feminicidios que ocurren en el llamado “corredor de la trata”, lo anterior tuvo lugar en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Ahí, dieron a conocer que dentro de los casos se encuentran los de Karla Romero Tezmol, Sandra Xahuantila y Sarahí Tezmol, tres menores de edad que no se conocen entre sí, “pero que forman parte de una lista de mujeres/niñas desaparecidas en el Municipio de San Pablo, nunca se activó la Alerta AMBER para iniciar de manera inmediata su búsqueda. Así mismo, hicieron énfasis en la ‘deliberada’ pérdida de evidencia e indicios por parte de las autoridades policiales y ministeriales del estado de Tlaxcala”.
Además de lo mencionado, las familias señalaron que fueron víctimas de violencia institucional debido a que al presentar sus denuncias fueron intimidadas e incluso ignoradas por las autoridades. Puntualizando en el caso de Karla, que lleva desaparecida 14 meses, y el único caso que cuenta con una Averiguación Previa por la posible comisión de un delito relacionado con su desaparición, las organizaciones denunciantes señalaron que han documentado la desaparición de niñas y mujeres mayores de edad en la comunidad de San Pablo del Monte, pero hay otros puntos de riesgo.
En tanto, la PGJ de Tlaxcala se mantiene ocultando las cifras reales de las desapariciones y manipulando las estadísticas que se reportan al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las organizaciones civiles y familiares de niñas víctimas de violencia sexual y desapariciones concluyeron solicitando al Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Procurador General de Justicia la implementación de 6 puntos específicos.
Dentro de los que destacan: la creación de una Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a la Trata de Personas, Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres.
Así como la emisión de un acuerdo que obligue a todos los agentes del MP a iniciar de manera inmediata las carpetas de investigación correspondientes ante cualquier denuncia de desaparición; que se transparenten todas las cifras reales de casos de desaparición, violación y feminicidio en especial en los municipios que integran “el corredor de la trata”.
Fue el defensor David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), señaló que en 14 meses, 10 jóvenes y niñas han desaparecido en San Pablo del Monte, Tlaxcala, lugar clasificado por décadas dentro de “el corredor de la trata de personas” en la región, por lo que se acusa de una “invisibilización, ocultamiento y operación de una estructura de violencia, secuestro, violación, explotación sexual y feminicidio”.
El abogado señaló que “las autoridades no solo se niegan a investigar las desapariciones, sino que ocultan información y hasta eliminan las pruebas e indicios de los grupos que podrían estar detrás de los raptos, para evitar que los delitos sean perseguidos y castigados”, luego de exponer un “patrón sistemático” de policías que ha estado detrás de esta decena de desapariciones.
“La burbuja de permisividad e impunidad no solo facilita la explotación de víctimas de trata, sino también el consumo, el traslado, la explotación e incentiva a que sujetos sean los consumidores de estas redes de explotación infantil”, mencionó Peña.
Dijo que las víctimas llegan a ser explotadas comercialmente por un corto periodo y luego son liberadas bajo el riesgo de ser secuestradas nuevamente, están los casos de desaparición de mujeres sin dejar rastro alguno; y el feminicidio, “en donde algunos defensores de mujeres creen que el exterminio sea parte de la aberrante oferta para quienes consumen este comercio ilegal, es decir el asesinato”.
Peña dio a conocer que “hace tres semanas familiares y abogados se las víctimas sostuvieron una reunión con la Procuraduría del Estado, encontrando omisión e incluso complicidad de los agentes del estado en las desapariciones”, es por esto que que acudirán al gobernador Marco Mena Rodríguez para ver si hay apertura y una limpieza en el personal de la PGJE.

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