En Chiapas, juez federal se niega a librar órdenes de aprehensión por fraude electoral contra miembros del IEPC

En Chiapas, juez federal se niega a librar órdenes de aprehensión por fraude electoral contra miembros del IEPC
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En Chiapas, un juez federal se negó a librar las órdenes de aprehensión en contra de María de Lourdes Morales Urbina, ex presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), lo mismo que del ex secretario ejecutivo del organismo, Jesús Moscoso Loranca, destituidos por el fraude cibernético cometido en las elecciones de 2015 en Chiapas.
Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), señaló que no comparte las razones del juez y apelará su decisión. “El argumento es que la alteración del Registro Federal de Electores es un delito del fuero común. No compartimos ese criterio”, señaló en entrevista después de participar en el foro Asimetrías y estereotipos de género en los medios de comunicación.
Cabe señalar que a finales de 2015 se desató un escándalo tras descubrirse que 10 mil 808 chiapanecos fueron excluidos ilegalmente del listado nominal y aparecieron en otro de votantes en el extranjero con residencias en países como Estados Unidos, Uganda, Armenia, Vietnam, Angola, Liberia, Cabo Verde, República Checa o Trinidad y Tobago.
Finalmente se descubrió que las identidades de varios de ellos fueron usurpadas en un fraude cibernético que dio pie al triunfo de Roberto Pardo Molina como diputado migrante por el Partido Verde Ecologista de México, quien después fue desaforado.
A poco más de un año, el 7 de febrero, la Fepade –de acuerdo con información dada a La Jornada– consignó la averiguación previa en contra de los ex consejeros Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales, María del Carmen Girón López, Carlos Enrique Domínguez Cordero, así como de Amable Mendoza de los Santos, ex responsable de la votación de los residentes en el extranero.
La Fepade también pidió la orden de presentación contra Moscoso Loranca, y 20 días después el juez segundo de distrito de procesos penales federales dictó auto de libertad en su favor. Asimismo, se declaró “incompetente” con el argumento que “la alteración del listado de electores, en ningún modo afectó directamente a la Federación, y que en todo caso Chiapas fue el que resintió la conducta, al trastocarse un proceso electoral local”.
Por ese motivo trasladó el caso al juez penal para la atención de delitos no graves, de los distritos judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, para que prosiga conociendo de la causa. Así el 20 de febrero se consignó la averiguación previa contra Morales Urbina, pero siete días después el mismo juez se declaró incompetente aduciendo que es un tema del fuero común.
Nieto explicó que ·los siete ex consejeros promovieron amparo y a cinco se les ganó ese recurso y quedaron dos que todavía tienen suspensiones provisionales o definitivas”. También está en proceso de investigación DSI Elecciones, que recibió las solicitudes de los supuestos votantes en el extranjero y realizó la elección del diputado migrante. La Fepade ya consignó el expediente de Carlos Alberto Díaz Hernández –apoderado legal de la empresa-, cuyo dueño es Vicente Manzur, familiar del diputado migrante desaforado.

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