Amenazan de muerte a ejidatarios de municipio en Chiapas, por defender territorio de compañías mineras

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(31 de marzo, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Comité de Derechos Humanos Frayba, manifestó su preocupación por la amenaza de muerte que sufrieron un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Chicomuselo, Chiapas, por defender sus territorios, ya que temen que se reinicie la actividad minera en la zona.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15 horas del nueve de marzo pasado en las inmediaciones del ejido Ricardo Flores Magón de ese mismo municipio, cuando el grupo organizado de pobladores inconformes con la actividad minera retuvieron a Eduardo Trujillo Tovar, con domicilio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, quien momento antes se encontraba en compañía de dos personas más e intentaban llevar a cabo una reunión en el ejido Grecia para negociar nuevamente la entrada para explotar la mina de barita que se localiza en ese lugar.

Fue en el momento del interrogatorio que le hacían a Trujillo cuando apareció Isidro López, vecino del poblado Ricardo Flores Magón del mismo municipio quien portaba un arma tipo revolver, cacha blanca, desconociendo el calibre y apuntando hacia el grupo, dijo “me vale madre matar, porque estoy en mi ejido y puedo hacer lo que quiera”.

Los pobladores al presenciar el hecho se mantuvieron sin hacer nada. “Después de esto el sujeto se fue del lugar quien seguía amenazándolos de muerte, posteriormente el retenido fue trasladado a la cabecera municipal y entregado a las autoridades municipales quienes levantaron un acta de acuerdos en el que insisten a la Subsecretaria de Gobierno de la Región XI Sierra Mariscal se de atención al presente asunto.

En este mismo día los inconformes levantaron una denuncia de los hechos ante el Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas, licenciado Levi Sánchez González por la probable comisión de hechos delictuosos, amenaza y homicidio en grado de tentativa, por la cual se dio inicio a la indagatoria bajo el número R.A. 016-030-0605-2017”, informa Frayba.

Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo a los proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Blak Fire, el cual se incrementó con el asesinato del defensor ambientalista Marina Abarca Roblero en noviembre de 2009.

Desde esa fecha las comunidades se han organizado para detener la entrada de empresas mineras a las comunidades y a la vez, han realizado foros, encuentros, marchas, peregrinaciones y reuniones con diversas dependencias para frenar definitivamente la explotación minera en este municipio, los cuales no han sido cumplidas hasta el momento.

“Como ejemplo, el 18 de mayo del año 2016, la Subsecretaria de Gobierno de la región con cabecera en la ciudad de Motozintla Chiapas, se comprometió a solicitar la presencia de funcionarios de Semarnat, Profepa y del gobierno del Estado, para una reunión con habitantes del ejido Grecia donde se daría a conocer el posicionamiento de Velasco Coello de no permitir la explotación minera.

El 14 de junio de ese mismo año 2016, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se firmó una minuta de trabajo en la que estuvieron presentes, por las dependencias. Marco Antonio Morales Lievano, en representación del gobierno del estado y representantes de la Secretaría de Economía, de Conagua, Semarnat y Semanhat, representantes del Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, así como representantes de las comunidades inconformes con la actividad minera, en el que la subsecretaría de Gobierno se comprometió a convocar a una reunión entre ejidatarios inconformes y el Secretario de Gobierno para iniciar el proceso de revocación de las concesiones mineras en este municipio, minutas que hasta la fecha no se han dado cumplimiento, por lo tanto los problemas se incrementan cada vez más”, denuncia el organismo defensor de Derechos Humanos.

Por tal razón las comunidades inconformes continúan en constante vigilancia para proteger sus territorios y evitar que empresas continúen con la depredación del medio ambiente a través de la explotación minera, por lo que en reiteradas ocasiones han retenido a empleados de diversas empresas interesadas en la explotación de minerales en la región.

En diversas ocasiones este Comité de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno del estado su pronta intervención en el presente asunto, toda vez que la actividad minera sigue provocando la división en algunas comunidades e incrementando el riesgo de un enfrentamiento cada vez mayor entre campesinos.

Es importante señalar que como en el caso de Mariano Abarca Roblero en el año 2009, días antes había sido amenazado y por el cual se inició un acta administrativa ante el Agente del Ministerio Público, a pesar de esto, días después fue asesinado.

Por todo lo anterior, Frayba solicita a los tres niveles de gobierno, el cumplimiento a los acuerdos firmados entre ejidatarios inconformes y las dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio, toda vez que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales de protección a sus tierras y sus recursos naturales.

Además se pide se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y el país. Que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas garantice los medios necesarios para dar el seguimiento que corresponda a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Ministerio Público de Chicomuselo y que se apliquen medidas para salvaguardar la integridad de las personas agraviadas.

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