miércoles, 15 de febrero de 2017

Exigen un alto a iniciativas de Ley de Seguridad Interior por ser medida militar

Redacción Desinformémonos
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Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones sociales e integrantes de la academia demandaron al Congreso de la Unión un alto a las iniciativas para la Ley de Seguridad Interior, la cual otorga mayor poder y control a las Fuerzas Armadas, y pidieron buscar medidas que no involucren la militarización del país.
Los representantes de las organizaciones coincidieron en que legalizar el uso de las fuerzas federales, particularmente militares, en tareas de “seguridad pública”, reduce y desincentiva el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas.
Criticaron la actitud del Senado de la República y en general del poder Legislativo de llevar a cabo un proceso “opaco, acelerado y cerrado a la participación social”, para que así la Ley pueda aprobarse con mayor rapidez.
Anteriormente, organizaciones y defensores de derechos humanos rechazaron la Ley de Seguridad Interior por constituir una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho, sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país.
Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab, explicó que “cualquier medida de despliegue militar no va a tener el efecto deseado por la gran impunidad existente” en México, y que la militarización no es la forma de combatir la delincuencia, “sino la certeza de que se castigará el delito” lo que realmente contribuirá a la lucha contra el crimen organizado.
A finales de enero, Santiago Aguirre Espinosa, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, denunció que entre el 2000 y el 2006 se presentaron mil 135 quejas contra las Fuerzas Armadas y sólo se emitieron 11 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que en los últimos diez años se presentaron más de 10 mil quejas y sólo se emitieron 146 recomendaciones.
Es decir, “el promedio anual de quejas es de alrededor de 190, y de recomendaciones menos de dos al año. Hoy, tras el despliegue iniciado en 2006, el promedio anual de quejas ha sido alrededor de mil 75 por año, y de recomendaciones más de 14”, señaló Aguirre.
Tan sólo el año pasado se registraron 700 quejas contra las Fuerzas Armadas y sólo emitieron 12 recomendaciones. “En suma, hay razones de peso, constitucionales, convencionales, de derechos humanos, de efectividad, para afirmar que desde la perspectiva de derechos humanos, la aprobación de una ley de seguridad interior no es el camino adecuado”, concluyó.
Las organizaciones reiteraron que la reglamentación del concepto de seguridad interior “incumpliría abiertamente la Constitución”, así como los tratados internacionales que México se comprometió “a respetar y garantizar”.
“No es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”, aseguraron.
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