jueves, 16 de febrero de 2017

Aún sin pruebas, líder de policía comunitaria continúa preso

Redacción Desinformémonos
15 febrero 2017
AC
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Ciudad de México | Desinformémonos. A más de 3 años de que Arturo Campos Herrera, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), fuera detenido, ni las autoridades ni los presuntos afectados tienen pruebas para demostrar que fue autor de “secuestro agraviado”, tal como lo acusaron en diciembre del 2013, señaló Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
De acuerdo con el Centro, no existen elementos que permitan complementar el tipo penal de secuestro ni una actuación ilegal por parte del sistema de justicia comunitaria, “lo que es prueba fehaciente de un intento de criminalización de la CRAC-PC”.
El 14 de febrero se llevó a cabo un careo entre Arturo Campos y las personas señaladas como agraviadas en uno de los procesos penales seguidos en su contra, explicó el Centro. En sus declaraciones, señala, cada una de las personas no sólo no hicieron ningún señalamiento en su contra, sino que además puntualizaron que en ningún momento se les exigió dinero a cambio de su liberación. Además el Ministerio Público que inició la acusación ni siquiera estuvo presente en la diligencia, “lo que en un principio deja duda en su actuar”, dijo Tlachinollan.
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Frente a ello, y en estricto apego a los principios de legalidad y justicia, el juez de la causa “está obligado a emitir la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera, toda vez que han quedado totalmente desvanecidas las imputaciones que realizan en su contra”.
Tlachinollan aseguró que el careo de este martes visibilizó “las fallas estructurales en el sistema de justicia penal, así como su uso faccioso y discrecional, en el cual acusaciones sin fundamentos logran sustentarse durante años”.
Por lo anterior, exhortó al Juez de Primera Instancia en materia Penal y al Poder Judicial del Estado (PJEG) a que se apegue a la legalidad y ordene la inmediata liberación de Campos Herrera.
El 2 de diciembre del 2013 se confirmó la detención del líder de la policía comunitaria por agentes de la policía ministerial en Chilpancingo, de donde se le trasladó al Centro de Readaptación Social de Acapulco.
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Iñaki Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acusó que “hay quienes bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad y la integridad de sus comunidades y aduciendo derechos colectivos se alzan como policías comunitarias, portan armas, algunas veces de las prohibidas por la ley, sin registrarse y sin portar la credencial que se les ha pedido y muchas veces buscando la confrontación con las autoridades legalmente constituidas”.
Campos Herrera fue acusado por el delito de secuestro agravado, “cometido en agravio de distintas personas”, pero hasta la fecha, no hay ninguna prueba del supuesto crimen.
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