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(21 de enero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Red TDT condenó enfáticamente el homicidio del defensor de tierra y territorio Isidro Baldenegro López, así como los anteriores diez homicidios contra la comunidad indígena Coloradas de la Virgen desde 1973, cuatro de ellos en el último año.
“La violencia generalizada en el país no debe de ser pretexto para que el Estado mexicano evada su responsabilidad para garantizar el derecho a defender los derechos humanos”, denunciaron.
Aseguraron que es imprescindible que el Estado mexicano “a todos los niveles demuestre su voluntad política evitando la impunidad de este doloroso suceso y garantizando las medidas de no repetición”.
Lo anterior, derivado del último hecho violento, perpetrado el 16 de enero pasado cuando fue asesinado el defensor de tierra y territorio Isidro Baldenegro López, integrante de la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, del municipio Guadalupe y Calvo que desde 1973 ha sufrido el asesinato de 11 personas defensoras de la tierra y territorio, 4 de los cuales han ocurrido en el último año.
Cabe destacar que durante los últimos años Isidro Baldenegro López y su familia se encontraban en condiciones de desplazamiento forzado precisamente por el riesgo que vivía y sólo había regresado por una urgencia de índole familiar.
“Este asesinato reviste especial gravedad por dos hechos. El primero de ellos es la grave ausencia de acción por parte del Estado ante una comunidad indígena asediada desde hace 43 años por defender sus derechos.
Cabe destacar que decenas de familias han sido desplazadas de la zona y la organización Alianza Sierra Madre, que acompaña el caso, ha tenido que realizar su trabajo a distancia de la comunidad. Tanto la comunidad como la organización forman parte del Mecanismo gubernamental de Protección a personas defensoras”.
Cabe destacar que Isidro tenía reconocimiento a nivel internacional, ya que en el 2005 fue declarado ganador del prestigioso Premio Goldman, considerado el Nobel de los activistas ambientales, mismo que también había recibido la defensora hondureña Bertha Cáceres, también asesinada por su labor como defensora de derechos humanos.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) condenó enérgicamente esta nueva agresión contra la comunidad e hizo un llamado al Estado mexicano para que demuestre su voluntad política evitando la impunidad de este doloroso suceso y garantizando las medidas de no repetición.
El esclarecimiento de este y los otros homicidios ocurridos contra la comunidad debe alcanzar no sólo a los asesinos materiales sino a los autores intelectuales de los mismos, exigieron.
“En particular debe garantizar la integridad y el derecho a defender derechos humanos tanto a la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, Guadalupe y Calvo, como a la organización Alianza Sierra Madre.
Consideramos que la violencia que se generaliza en el país no debe de ser un pretexto para invisibilizar las agresiones, hostigamientos y homicidios en contra de personas defensoras. Recordamos que es obligación del Estado garantizar el derecho a defender los derechos humanos, comprendiendo estos de manera integral y progresiva”.
La organización resaltó que Isidro Baldenegro López, tuvo un papel protagónico en la defensa del territorio ancestral y los bienes naturales de su comunidad ante el despojo que desde hace más de 30 años sufre su comunidad, por parte de caciques mestizos, coludidos con empresas madereras y el narcotráfico.
“En 1993, al lado de las autoridades tradicionales y de otros líderes comunitarios organizó a su comunidad para continuar la lucha de su padre, Julio Baldenegro, líder tarahumara, también asesinado en 1986, por oponerse a la explotación comercial del bosque en Coloradas de la Virgen.
A consecuencia de su lucha fue encarcelado el 29 de marzo del 2003, junto con Hermenegildo Rivas Carrillo por un destacamento de la Policía Judicial del Estado acusado de ‘poseer drogas y armas de uso exclusivo del Ejército’. En junio del 2004, obtuvieron su libertad, debido a que la Procuraduría General de la República se desistió de los cargos por falta de pruebas”.
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