jueves, 12 de enero de 2017

Ni un sentenciado, a un año de la desaparición y ejecución de cinco jóvenes a manos de policías estatales de Veracruz

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Después de un año de la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente a manos de la policías estatales adscritos al municipio de Tierra Blanca, ni uno de los 18 detenidos ha recibido sentencia, por lo que los familiares de las víctimas viven atemorizados por la posibilidad que los responsables salgan de la cárcel, las investigaciones no lleguen hasta los altos mandos y la sociedad olvide su caso.
En una misa celebrada ayer para recordar a los desaparecidos, Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los ausentes, advirtió que “lo peor” es que las autoridades podrían tardar dos años más en dar un dictamen. “Nos causa zozobra que, si aflojamos en el proceso legal, pueden salir libres los responsables y seguir cometiendo crímenes, como lo hacían desde hace tiempo.
Por eso seguimos adelante, aunque signifique un desgaste sicológico y económico, porque tenemos que hacer gastos, imprimir documentos, hacer trámites y pagar a un abogado, y no sé si vayamos a llegar hasta el final.”
En entrevista telefónica, el padre del joven, quien tenía 25 años de edad, consideró que además de sentenciar a los autores materiales “hace falta que se investigue a los altos mandos. Recordemos que todos tienen un jefe. De la denuncia que presentamos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no nos han dado respuesta”, dijo.
Familiares de los jóvenes desaparecidos interpusieron en octubre de 2016 la denuncia contra Bermúdez Zurita por nombrar a policías estatales que no habían aprobado el examen de control de confianza. “Nos tomó dos horas que la PGR aceptara la denuncia porque no tiene conocimiento del tema”, dijo Benítez Herrera en aquella ocasión .
La PGR aceptó la denuncia, pero la remitió a la delegación de la PGR en Veracruz, que la rechazó por considerar que no existen fundamentos para atraer el caso e investigarlo como delincuencia organizada, pese a que, según Benítez Herrera, existen evidencias de ello.
“Todos sabemos que en el rancho El Limón, donde fueron localizados restos humanos de uno de los cinco jóvenes de Playa Vicente desaparecidos, se encontraron 8 mil fragmentos de personas distintas, y que el entonces fiscal estatal, Luis Ángel Bravo Contreras, habló de cerca de 400 restos humanos en ese sitio.
Además, en la zona había bidones con gasolina, mangueras, tuberías, todo lo relacionado con la actividad de las bandas de chupaductos (saqueadores de combustibles). Se hallaron autos robados, un arsenal y mercancía robada”, dijo Benítez Herrera.
Cabe señalar que en los últimos días de diciembre de 2016, un juez otorgó a los denunciantes un amparo contra la decisión de la PGR y se espera que la dependencia responda pronto. “Para nosotros es muy obvio lo que sucedió. Más elementos no podemos tener para que se investigue el caso como delincuencia organizada”.
Además de la lentitud de las pesquisas, las familias de los desaparecidos se quejan del abandono de las instituciones que les prestaban algún apoyo. “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos abandonó ahora que más la necesitamos. En noviembre vinieron por última vez a Playa Vicente y no han regresado ni nos han llamado.
Creen que porque ya pasó un año esto se acabó, pero no es así. Esto es para toda la vida, lo carga uno todo el tiempo”.
La misa de este miércoles, afirmó, no sólo fue para recordar a la población el caso de sus hijos, sino todas las desapariciones forzadas que se han cometido en el estado y en el país, entre ellas las de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Por ello, llamó a la sociedad a exigir justicia, que se localice a las personas y los crímenes no queden impunes.
Fue el 11 de enero de 2016, cuando Bernardo Benítez Arroniz, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz y José Benítez de la O, de 25, 16, 27, 25 y 24 años de edad, respectivamente, fueron interceptados por agentes de la SSP en Tierra Blanca cuando viajaban del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente. Con grabaciones de video de establecimientos cercanos, las familias demostraron que los raptores eran policías estatales.
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