viernes, 13 de enero de 2017

Mineras y Ministra de comercio de Canadá piden a EPN garantizar inversiones; ONG exige no ceder ante presiones que vulneren DH

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(13 de enero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) pidió a Enrique Peña Nieto no ceder a presiones de inversionistas a costa de vulnerar los derechos de comunidades agrarias.
Por medio de una carta, ProDESC hizo un llamado a Peña Nieto, para que “el desarrollo en el país se dé con los más altos estándares internacionales en cuanto al respeto y cumplimiento de los derechos humanos y así evitar incurrir en abusos hacia ejidatarios e indígenas”.
Esto surge a raíz que la organización tuvo conocimiento que, a nombre de varias empresas mineras, la Cámara de Comercio de Canadá en México y la propia ministra de Comercio de Canadá, Chrystia Freeland, han solicitado a Enrique Peña Nieto que “su gobierno garantice certidumbre para las inversiones de empresas canadienses”.
En la misiva firmada por Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva de ProDESC, se señala que “tanto en Chihuahua como en Durango hay incertidumbre, pero en contra de las y los ejidatarios poseedores de la tierra donde se encuentran trabajando varias empresas mineras canadienses, por lo que la organización civil pide al Jefe del Ejecutivo no permitir que su gobierno, por otorgar supuesta certeza jurídica a las empresas, vulnere los derechos de las y los ejidatarios”.
También se le dio a conocer a Peña Nieto que, en el caso del Ejido de La Sierrita de Galeana, Durango, se encuentran importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, recursos que han sido explotados a lo largo de los últimos 12 años en la mina La Platosa, perteneciente a Excellon de México S.A de C.V. En esta zona se han registrado serias violaciones a los derechos humanos y patrimoniales de las y los ejidatarios.
La organización civil expresó que, como lo han manifestado, hay ejidatarias y ejidatarios que están a favor del desarrollo y la generación de empleos en distintas zonas, como muestra la firma de los contratos con diversas empresas. Sin embargo, estas relaciones deben darse sin violar los derechos de las y los propietarios de la tierra.
Cabe señalar que las mineras canadienses tienen puertas abiertas desde la firma del Tratado de Libre Comercio y aunque en otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años, en el país en varias ocasiones tan sólo ocho meses.
Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses y es que la presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera, aun cuando ejidatarios se quejan de daños ecológicos y a la salud.
Así, las empresas mineras de Canadá, poseen más de 70% de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).
Cabe señalar que “en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán”, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.
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