Hecho violento en Monterrey, resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de la violencia: REDIM

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(19 de enero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Derivado de los hechos violentos ocurridos en Monterrey, donde un adolescente de 15 años, disparó contra sus compañeros y una maestra, dentro de un aula del Colegio Americano de Monterrey, la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM), señaló que lo anterior “demuestra los vacíos que existen para que las autoridades se coordinen y atiendan de forma integral a niñas, niños y adolescentes”.
Se agrega que, “si bien, este es un hecho grave no generalizado, hace posible actuar de forma urgente para prevenir nuevos casos. Para ello es prioritario atender a las y los alumnos del Colegio, así como al personal docente frente al impacto de lo ocurrido”.
Asimismo, señaló la Red, es necesario avanzar con la comunidad estudiantil en la construcción de entornos seguros y comunidades resilientes y desarrollar espacios de participación y escucha, donde a través de metodologías apropiadas con las que niñas, niños y adolescentes puedan reelaborar positivamente lo que sucede en su entorno.
En este sentido reiteraron que el operativo “mochila segura” no es una solución para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar, enraizados en problemas complejos como la violencia, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad.
“Por otra parte, la recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha observado que dicho operativo, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior”, se afirmó.
“Desde REDIM consideramos que este lamentable caso, también es el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia”.
De acuerdo con datos oficiales desde 2007, se ha presentado un aumento en el total de muertes de personas de entre 0 y 17 años que se clasifican como homicidios con arma de fuego, pasando de 266 en el año 2007 a 533 en el año 2015.
A su vez, se recordó que en marzo de 2011 el CRC-ONU emitió recomendaciones al Estado mexicano que permitirían a  niñas y niños reelaborar psicológicamente los delitos que les son cercanos como la violencia extrema y la creciente presencia del crimen organizado.
Señalando que el Estado: “Asegure que los recursos sean destinados para consolidar la reintegración social y medidas físicas y psicosociales de la recuperación, de acuerdo con el artículo 9, el párrafo 3, del Protocolo Facultativo, particularmente proporcionando la ayuda interdisciplinaria para las víctimas”.      
Frente a este contexto, el caso debe ser un llamado de atención al Estado mexicano para realice una fuerte inversión (no militar, ni policiaca) en aplicar medidas urgentes de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en escenarios de crimen organizado donde la violencia extrema es cotidiana, agrega el pronunciamiento de la Red.
Finalmente, Redim invitó a los ciudadanos, autoridades y medios de comunicación a tener un manejo ético del caso, proteger la identidad de las víctimas y familiares e hicieron un llamado a las autoridades competentes a investigar y sancionar a quienes hicieron públicos los nombres, imágenes y el vídeo del ataque para garantizar el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.
“Las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes federal, estatales y municipales tienen la obligación de atender estas problemáticas y brindar apoyo a las familias a través de las instituciones vinculadas a infancia.     
Por lo que llamamos a las autoridades competentes a investigar y sancionar a quienes hicieron públicos los nombres, imágenes y el vídeo del ataque. Frente a este lamentable hecho nos solidarizamos con las familias víctimas y llamamos a las autoridades a realizar las investigaciones adecuadas, garantizar el acceso a la justicia a las familias, la reparación del daño y evitar respuestas criminalizantes en contra de las y los adolescentes”, se puntualizó.
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