miércoles, 4 de enero de 2017

En Guerrero, en un año se cometieron 2 mil 428 homicidios dolosos, por parte de grupos criminales

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En Apaxtla de Castrejón, Guerrero, dos menores que terminaron la secundaria imparten clases a los 30 niños que quedan en la comunidad de Liberaltepec, en dicho municipio, donde desde hace más de un año no hay maestros.
Y es que los profesores, al igual que 100 de las 300 familias del poblado, huyeron de los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y del combate de las autoridades a éstos.
Cabe señalar que desde 2013, La familia michoacana y Guerreros unidos, entre otras organizaciones delincuenciales, disputan esta zona –clave para el trasiego de amapola y mariguana– que abarca los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Arcelia, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, en la Sierra Madre del Sur.
“Son dos niñas las que atienden a los 30 pequeños, porque a los demás sus papás se los llevaron a la cabecera municipal, a Teloloapan o adonde pudieran estudiar”, cuenta un anciano de Liberaltepec, donde hasta hace unos años se hablaba náhuatl.
Un adolescente comenta: “Yo voy a la secundaria. Antes éramos más de 25; hoy sólo vamos como siete, porque ya no quieren venir los maestros. El que nos da clases viene desde Teloloapan. Ya tiene rato que las personas armadas (los delincuentes) no han llegado al pueblo”.
Una de las pocas mujeres que viven en Liberaltepec comenta: “De prescolar, ni hablar. Tiene mucho que no vienen maestras porque tienen miedo”.
Alguien más, relata que desde hace tres años la gente se ha ido y muy pocos han vuelto, “sobre todo porque no hay maestros. Desde hace más de un año no hay clases”.
Una anciana dice que tuvo 10 hijos, pero “sólo uno vive conmigo; unos andan en (la Ciudad de México); ninguno se fue a Estados Unidos”.
Por su parte, un habitante de San Francisco Tlanipatlán, municipio de Teloloapan (vecino de Liberaltepec), recuerda: “Supimos que en una ocasión los marinos acabaron con 30 de los pintos, allá por el río seco”. Señala hacia una zona montañosa.
La mayoría de los habitantes de Liberaltepec son adultos. “Ya casi no hay jóvenes. La mayoría huyeron por temor a que se los llevaran los pintos. Ya ni el sacerdote viene a oficiar misas. Sólo viene cuando se lo pide alguien para un bautizo o una boda”.
La misma situación se vive en Xochitepec, San Felipe el Ocote, San Pedro, Totoltepec, Buenavista y San Francisco Tlanipatlán, en los municipios de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, de donde también han huido cientos de personas.
En San Francisco Tlanipatlán, Marino Cuevas, de 82 años, narró que de unas 300 familias “apenas quedamos como 14. Vea usted el pueblo: está solo, abandonado”.
A la escuela acuden sólo 14 niños, “pero con esos poquitos vamos a seguir haciendo nuestra república. Antes aquí hablábamos el mexicano (náhuatl). Ya no, quieren hablar puro inglés”.
El vocero de la organización Siempre Vivos, José Díaz Navarro, señala que sólo en la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en la Montaña baja de Guerrero, en los dos años recientes al menos unas 282 personas huyeron de la violencia y las amenazas del crimen organizado.
Zitlala se ha convertido en punto clave de la disputa por la región que también abarca los municipios de Quechultenango, Ahuacutzingo, Chilapa, José Joaquín de Herrera, y Tixtla, entre las organizaciones criminales Los Rojos y Los Ardillos.
Hasta ahora esta pugna ha dejado un saldo de alrededor de 200 asesinados y unos 130 desaparecidos en dos años. Las desapariciones más recientes en Tlaltempanapa ocurrieron en la carretera a Zitlala, donde seis integrantes de la familia García Feliciano fueron vistos por última vez el pasado 18 de octubre cuando regresaban del municipio de Copalillo.
De acuerdo con datos oficiales, entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 se cometieron 2 mil 428 homicidios dolosos en la entidad, sin contar por lo menos 70 asesinatos perpetrados en diciembre, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Zihuatanejo y Zitlala. La fiscalía guerrerense cuenta con cinco agencias de Ministerio Público en el estado para atender denuncias.
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