miércoles, 18 de enero de 2017

En 2016 se registraron 63 ataques a defensores ambientales; Edomex, Sonora y Oaxaca, entidades más peligrosas

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De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), los estados de México, Sonora y Oaxaca “son los más peligrosos para defensores de los derechos humanos ambientales”, lo anterior como parte de su tercer informe sobre la situación de quienes defienden agua, aire, tierra, flora y fauna en el país.
En su informe 2016, representantes de esa asociación civil informaron que “en total, en el país, se registraron 63 ataques a defensores ambientales, uno de ellos de consecuencias mortales, como fue el caso del homicidio en Chihuahua de un opositor a la tala clandestina”.
Del total de agresiones, en territorio mexiquense y sonorense ocurrieron 12 casos en cada uno. Le siguieron Oaxaca con seis casos; Puebla, con cinco; Colima y Campeche, con cuatro cada uno; Veracruz y Chiapas, con tres; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur, con dos; mientras que en Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México sólo se registró un caso en cada entidad.
El reporte asegura que, las agresiones más comunes fueron contra activistas (139), aunque también las hubo contra organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas y campesinas que se oponían a la construcción de megaproyectos en su territorio. De éstos, 17 son hidráulicos, 10 mineros, ocho de infraestructura y siete hidroeléctricos.
Además, se detalló que los ataques más comunes fueron amenazas en 24%, intimidación 19%, criminalización 18% y agresiones físicas un 15%. No obstante, también se registró hostigamiento con 11%, difamación 6%, privación ilegal de la libertad, desalojo forzoso, allanamiento y robo en 2% cada uno.
Respecto a los agresores, el informe revela que 43% fueron funcionarios o fuerzas de los tres órdenes de gobierno, 14% particulares, 7% personal de las empresas involucradas, el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% restante no se identificó al victimario.
Sobre la problemática, Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del Centro, aseguró que el Estado mexicano debe “realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades quienes cometen las agresiones”.
Y puntualizó que “la corrupción y la impunidad son factores que generan las agresiones, además del aumento de conflictos socio-ambientales por intereses económicos implicados”.
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