Crisógono de Jesús Díaz Cervantes el hombre que podría encarcelar a Peña Nieto

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En México, lo que miles de ciudadanos han exigido en lo que va del sexenio priista, un solo hombre podría hacerlo posible, a decir por él; Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, hoy titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, ha afirmado, de acuerdo a columnistas de opinión, “que de él depende que Peña pise la cárcel al terminar su mandato”.
Siendo hoy uno de los posibles funcionarios públicos con mayor poder en el país y con un bajo perfil, Díaz Cervantes tuvo una primera aparición un tanto sobresaliente en el 2000, cuando fue diputado federal plurinominal suplente por la Quinta Circunscripción del Estado de México.
También conocido como “Quicho”, había trabajado durante años para el PRI, sin embargo ni siquiera así obtuvo la titularidad de dicha diputación. Doce años después y con una carrera en puestos públicos ya afianzada, se le relacionó con el entonces candidato al Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Pues versó la información, que Cervantes, “ayudó a Mancera a arreglar el asunto en el SAT”, puesto que la cadena de restaurantes Bisquets Obregón, propiedad de la familia del hoy jefe de Gobierno, tenía serios problemas con el SAT.
De acuerdo a la columna Camaleón, de Alfredo Bielma Villanueva, “Díaz se desempeñaba como coordinador de asesores de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que era jefe del SAT.
A partir de ese entonces, se entabló una amistad entre Mancera y Díaz, pero la cosa no paró ahí: el ‘padrino’ de Quicho, Homero Cárdenas Garza, fue quién consiguió apoyo financiero para el ex procurador del DF por medio de su paisano tamaulipeco, Juan Armando Hinojosa Cantu, dueño de grupo Higa envuelto en varios escándalos por su vertiginoso crecimiento económico como constructora consentida en del Edomex y el Gobierno Federal y por la Casa Blanca”.
Además, Bielma señala que Quicho, filtró “a diversas fuentes, información en la que se especulaba en torno a un escándalo fiscal que afectaría a la campaña presidencial priísta”, esto en 2012.
Mencionando a Luis Miranda y Luis Videgaray. Pero fue a los voceros de Peña Nieto, David López y Roberto Calleja a quienes el SAT les inició una auditoria ordenada por Crisógono Díaz.
Esa situación provocó que su nombre sobresaliera en los medios nacionales, porque fue ahí donde se le acusó de “filtrar información confidencial del SAT con fines políticos y de aparente enriquecimiento ilícito”, esto basado en datos que aseguraron tiene un chalet en Madrid, una residencia en Coyoacán, un avión ejecutivo y autos sport como Porsche, Ferrari, BMW y Mercedes.
El fuego amigo comenzó, ya que poco después, se publicó un reportaje sobre un posible enriquecimiento ilícito de los hermanos Luis y Eduardo Osorio Chong, quienes, de acuerdo con la información, “habrían acumulado en tan sólo un año de administración de su hermano Miguel casi 100 millones de pesos”.
Siendo el periodista Francisco Rodríguez en su columna Índice Político, quien sugiriera que la información habría salido de las oficinas del Sistema de Administración Tributaria y más concretamente de Crisógono Díaz.
“Quicho se comprometió a no entregar la información a los periodistas mientras él y su familia estuvieran a salvo y ofreció cooperar con información que tenía de diversos personajes políticos de la oposición e incluso negoció mantenerse en posiciones similares para seguir recopilando información, aunque muy tarde se dieron cuenta que seguía haciendo más grandes los archivos de los opositores, pero también de sus ahora amigos, hasta el grado de convertirlo en un intocable con el que nadie se atreve a meterse”, menciona Bielma.
Quien agrega que “‘Si caigo yo, caemos todos’, esa es la frase favorita de Quicho Díaz, actual titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, por eso ahora se le escucha decir que aunque tal vez no meta a la cárcel a Peña Nieto cuando acabe su sexenio, sí se encargará que el PRI pierda el Estado de México”.
Las notas sobre Díaz Cervantes no se han detenido ahí, para finales del año pasado, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tenia plasmado su nombre, y es que agentes de la Policía Federal Ministerial en compañía de funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, encañonaron a Hena Adriana Braham, esposa del empresario Roberto Gómez Jauregui y privaron ilegalmente de su libertad por varias horas al chofer de la señora, para que revelen el paradero de su pareja, quien enfrentaba una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero.
De acuerdo al texto de la queja, redactada por los abogados de la familia Gómez Jauregui y que presentaron ante la CNDH, los hechos ocurrieron en Los Cabos, Baja California Sur.
Puntualizando que “Fueron interceptados por dos camionetas y el Jetta blanco que les cerraron el paso. De inmediato bajaron ocho hombres y una mujer y los encañonaron con armas de fuego exigiendo bajaran del vehículo con uso de fuerza. 
La señora esposa de mi defendido (Hena Adriana) tiene siete meses de embarazo, lo que es evidente en tanto su estado de gravidez salta a la vista. Sin importar lo anterior, fue apuntada con arma de fuego en su vientre y le gritaban que les dijera el paradero de su marido”.
En 2013, al poner en marcha la Unidad Especializada en Análisis Financiero, se tuvo como principal objetivo, realizar análisis de riesgos para identificar y combatir con mayor eficacia las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
Convirtiéndose así, en titular, Crisógono Díaz Cervantes, quien declaró durante una entrevista para El Economista, “se tendrá una estrategia para cada tipo de actividad ilícita a través de modelos de riesgos, lo que reforzará la lucha contra la delincuencia organizada, así como otros delitos financieros, como la evasión fiscal”.
Un año antes, en 2012, el periodista Francisco Rodríguez, publicó en Índice Político que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien presidía el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y quien apenas fuese propuesto en la terna para sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia Salvador Aguirre Anguiano, debería considerar, “con qué equipo contará en el Palacio de Justicia, ya que algunos de sus más cercanos colaboradores tienen cola que les pisen”.
Mencionando algunos de ellos, como el caso de Carlos Popoca Lagunas, administrador de Comunicación Institucional del SAT, “quien tiene una demanda por acoso sexual en el Órgano Interno de Control perteneciente a la SFP a cargo de Suhaila María Núñez Elías”.
Asegurando que “en complicidad con Pedro Canabal Hermida, administrador Central de Comunicación Institucional del SAT y de Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, coordinador de asesores del posible futuro Ministro, han conseguido desvirtuar este tipo de acusaciones presionando a las acusadoras y quitándole valor jurídico a los señalamientos que se les han imputado, anulando así los expedientes con la intención de no ver afectada su ‘carrera política’ y continuar engañando a su jefe”.
El periodista sumó las acusaciones contra Crisógono Díaz alias “El Quicho”, quien, dijo, se le han publicado acusaciones de filtrar información confidencial del SAT con fines políticos.
Cabe señalar que, la dependencia encabezada por Díaz Cervantes, se investiga a exgobernadores priístas César Duarte, de Chihuahua; Javier Duarte, de Veracruz; el ex mandatario de Sonora Guillermo Padrés (PAN), así como los empresarios Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, cercanos al ex titular del Ejecutivo de Coahuila Humberto Moreira.
De acuerdo a funcionarios de la dependencia federal, consultados por La Jornada, confirmaron que en esa unidad, “se integran actualmente averiguaciones previas y carpetas de investigación contra los mencionados políticos del PRI y del PAN, por delitos relacionados con lavado de dinero, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y diversos ilícitos financieros, de competencia económica y mercantiles”.
Todas éstas, investigaciones encabezadas por un funcionario público señalado y cuestionado por encubrir supuestos casos de acoso sexual, enriquecimiento ilícito y violación a Derechos Humanos.
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