Comunidades oaxaqueñas exhiben a Relator de la ONU los riesgos que enfrentan al defender la tierra y los DH

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(21 de enero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo al Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), la construcción de parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec ha representado un incremento de violaciones a los derechos humanos en las comunidades.
Este viernes, ante el Relator Michel Forst se presentaron casos de violaciones a los derechos de comunidades indígenas zapotecas de Juchitán y Unión Hidalgo por parte de empresas eólicas; además se hizo un llamado al Relator para que visibilice en su informe la situación de riesgo en la que se encuentran las y los defensores comunitarios.
Durante la visita que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, hizo a la entidad, integrantes de comunidades indígenas zapotecas alertaron que el incremento de parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec ha representado un aumento de las violaciones de sus derechos humanos, en particular, al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, así como a la falta de cumplimiento por parte de las autoridades para garantizar su protección.
En la reunión se indicó que, “en el marco de la puesta en marcha de la reforma energética, en el municipio de Juchitán se desarrolló la primera consulta indígena que el gobierno mexicano implementó para la construcción del parque eólico de la empresa Eólica del Sur. Sin embargo, no fue una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada ni de buena fe”.
Cabe destacar, que el proceso de consulta (de noviembre de 2014 a julio de 2015), que fue documentado por una Misión de Observación conformada por varias organizaciones civiles entre las que se encuentra ProDESC, se identificó el incumplimiento de los principios básicos establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Isabel Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), expuso ante el Relator que la consulta no fue previa “porque desde enero de 2014, la Secretaría de Energía ya había concedido un permiso de generación de energía a la empresa, que además ya contaba con una autorización de Manifestación de Impacto Ambiental”. 
Señaló que en ningún momento la consulta fue culturalmente adecuada, porque no se respetaron los usos y costumbres de la comunidad, tales como la lengua zapoteca y los tiempos comunitarios; no se tomaron en cuenta a las autoridades de la comunidad y la información se presentó en un lenguaje excesivamente técnico.
Además se informó al Relator que tampoco se cumplió con el estándar de una consulta libre pues se presentaron más de 30 incidentes de seguridad en todo el proceso, la mayoría contra quienes cuestionaron la implementación del proyecto, el procedimiento o la información otorgada durante la consulta, agregó Isabel Jiménez.
La defensora de derechos humanos enfatizó que con el acompañamiento jurídico de la organización ProDESC, el 19 de agosto de 2015 “las y los integrantes de la APPJ decidimos interponer una demanda de amparo por violaciones graves al derecho a la consulta y a más de un año de haber interpuesto este amparo no hemos tenido resolución, por lo que desde la APPJ continuaremos defendiendo nuestro derecho a una consulta libre, previa e informada en la región de Juchitán”.
Por su parte Guadalupe Ramírez, integrante del Comité de Resistencia al proyecto eólico en Unión Hidalgo, recordó que “las y los poseedores de las tierras de Unión Hidalgo firmaron contratos de arrendamiento con la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V. (DEMEX), filial de la española Renovalia Energy, con poca información y proporcionada en español a pesar de que en la región se habla zapoteco, y sin contar con datos sobre las consecuencias que implicaría el proyecto en su  territorio.
Los representantes de DEMEX llegaron a nuestros domicilios solicitando la renta de nuestros terrenos para la construcción del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II. Al firmar los contratos no se respetó el carácter comunal de la tierra, ya que en los documentos se asentó la calidad de las personas que firmaban como pequeños propietarios y no como comuneros, y ésta es la forma en la que se han firmado los demás contratos para parques de energía eólica en la región”, relató Guadalupe Ramírez.
Agregó que, “desde que llegó la empresa, quienes forman parte del Comité han sido víctimas de constantes intimidaciones, se han obstruido los caminos que llevan a sus tierras de cultivo, y han sido testigos de la contaminación de sus tierras a causa del aceite vertido por los aerogeneradores, lo que derivó en la disminución de la productividad y afectó la economía local”.
Guadalupe Ramírez recordó que “en 2012 hubo detenciones arbitrarias contra cinco posesionarios de tierras que son miembros del Comité por elementos de la policía estatal. Lo anterior propició que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca otorgara medidas cautelares que se han ampliado, a petición de ProDESC, a todas y todos los comuneros”.
Para finalizar, ambas defensoras de los derechos humanos hicieron un llamado al Relator Michel Forst para que, en su informe se dé a conocer la situación de riesgo en la que se encuentran los defensores comunitarios.
La visita del Relator a México cerrará con una conferencia de prensa para presentar su informe preliminar, que incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas que realiza a los estados de Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, así como las diferentes reuniones con autoridades estatales, federales, organizaciones de derechos humanos y defensores.
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