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Redacción Desinformémonos
26 enero 2017
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Foto: @regeneracion_r
Ciudad de México | Desinformémonos. Familiares de los normalistas de Ayotzinapa iniciaron una protesta frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes, en el marco de los 28 meses de su desaparición, una respuesta transparente por parte de las autoridades y la sanción a los responsables y cómplices del crimen.
“No tenemos miedo, tenemos un valor muy duro”, aseguraron los familiares de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
A la protesta se unieron estudiantes y organizaciones civiles, luego de una manifestación en Avenida Reforma. De la misma forma, a las 16 horas se movilizarán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo para exigir verdad y justicia por los 43 normalistas desaparecidos.
Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes de Ayotzinapa, admitió el error de haberle dado a la Germandería y a la Procuraduría General de la República (PGR) “un poquito de confianza”, pero “ellos ya sabían lo que estaba pasando… Fueron construyendo la ‘verdad histórica’”.
“Cuando íbamos a las búsquedas en Iguala, incluso con la Gendarmería, cuando íbamos a las cuevas, no sabíamos que andábamos caminando con el enemigo”, subrayó Rodríguez Moreno en la presentación del libro “El tiempo de Ayotzinapa”, de Carlos Beristain.
Narró que también depositaron su confianza en los peritos argentinos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes “le fueron derrumbando su ‘verdad histórica’ al gobierno. Fueron armando ellos este rompecabezas que al gobierno de algún modo le fue incomodando”.
En la misma presentación, Beristain declaró que hay una “falta de voluntad política” del gobierno mexicano para continuar las averiguaciones sobre el caso Ayotzinapa y atender las irregularidades de las investigaciones internas de la Procuraduría General de la República (PGR), cometidas por Tomás Zerón cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En diciembre, revelaciones periodísticas dieron cuenta de la existencia de un proyecto de resolución de la Visitaduría General de la PGR que documentó “graves” irregularidades que comprometerían la legalidad y la certeza de la investigación del caso Ayotzinapa, además del derecho a la verdad de las víctimas.
Con 177 páginas, el informe completo es una investigación interna a la investigación oficial que hizo la PGR, y concluye que la conducta de sus investigadores violó “el derecho a la verdad” de las víctimas y dañó su derecho a la justicia. Entre las irregularidades, destaca que algunos sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, lo que invalidó las pruebas que pudieron proveer de acuerdo a la legislación mexicana.
Entre otras faltas, también se revela que la detención de seis sospechosos en diferentes ubicaciones el 26 de septiembre proporcionaron la misma versión y con las mismas palabras de los hechos, en la que admitieron ser miembros del cartel Guerreros Unidos y haber asesinado a los estudiantes.
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