sábado, 14 de enero de 2017

2017, lastres y definiciones en temas políticos y sociales

Foto: Desinformémonos
Ivonne Acuña Murillo / IBERO
14 enero 2017
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2017 será un año en el que los asuntos inconclusos en materia política ocuparán nuevamente los espacios del debate público. Al mismo tiempo, las definiciones en la misma materia se harán presentes.
En primer lugar, el gobierno federal enfrentará de nueva cuenta el reclamo social por aquellos casos que desde 2014 viene arrastrando como pesado lastre. En primer lugar, el ya emblemático de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, que después de las controversias entre la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam y las conclusiones de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tomó nuevos bríos a inicios de diciembre de 2016 ante el surgimiento de nueva información.
La periodista Anabel Hernández, en su más reciente libro La verdadera noche de Iguala, ofrece información que apoya las conclusiones de los expertos de la CIDH, además de agregar nuevos elementos. De acuerdo con los datos recabados por ella, después de dos años de investigación, sí hubo miembros de fuerzas federales involucrados en la desaparición de los normalistas ya que esa noche, la del 26 de septiembre, éstos probablemente se dieron cuenta de cómo estas fuerzas sacaban, de camiones por ellos secuestrados, dos millones de dólares en heroína, por lo que había que deshacerse de los testigos.
Sea cual sea la versión, la oficial, la de las y los expertos o la periodística, que más se acerque a lo sucedido esa noche, el hecho contundente es que los estudiantes o sus cuerpos siguen sin aparecer, por lo que 2017 no será la excepción en términos de exigencia porque dicho caso se esclarezca.
Con menos fuerza quizá se seguirán discutiendo las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, la masacre de Tanhuato, y todas aquellas acciones de las fuerzas federales en las que haya dado o se presente un uso desmedido de la fuerza.
La corrupción política sin duda será otro de los temas a tratar, en particular la de exgobernadores como los Duarte, Javier y César, Roberto Borge, Guillermo Padrés, entre otros. En particular, la falta de controles que han permitido que los mandatarios de los diferentes estados ejerzan un poder irrestricto en las entidades que gobiernan y que eso les facilita no sólo hacer un uso indebido de los recursos sino, literalmente, dejar quebrados a sus entidades, como ocurrió en el caso de Veracruz.
Con mayor fuerza habrá que tener presente la operación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, que ya tenía en el hoy titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, a un candidato seguro, hasta que Enrique Peña Nieto decidió que dicho nombramiento no se diera en automático. Eso, por supuesto, no deja fuera a Cervantes, pero si da la apariencia de imparcialidad a su probable elección.
El Sistema Nacional Anticorrupción se ligará necesariamente con los casos de los gobernadores corruptos, pues ya no basta a la ciudadanía solamente con el castigo ejemplar a uno de ellos mientras los demás son protegidos para continuar los pactos de impunidad que han permitido el saqueo y la depredación de los recursos nacionales. Se espera, además, que sean llevados ante la justicia todos los gobernantes corruptos, sin importar el nivel en que se encuentren, y que sean recuperados y devueltos los millones de dólares desviados por estos gobernadores.
Igualmente estará presente la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior que, a propuesta del PRI, pretende, para bien, regular la actuación de las fuerzas armadas en sus labores policiacas, pero que también, intenta, para mal, legalizar el hecho de “hacer uso de cualquier método de recolección de información”, pues una definición tan amplia es potencialmente peligrosa en materia de derechos civiles.
El debate se centrará, además, en tópicos que permitirán cuestionar la conveniencia o no de militarizar a la sociedad, de que el Ejército deba estar en sus cuarteles y no en funciones de seguridad pública pues, en cualquier momento puede usar su fuerza letal en contra de civiles, al fin y al cabo, para eso si ha sido entrenado. Además de que “ya en la calle” puede ser utilizado, por orden de los gobiernos civiles, para reprimir protestas sociales y a grupos de inconformes. Se discutirá también lo que ya se sabe, que la estrategia nacional de seguridad no ha dado los resultados esperados y que las policías, en particular las municipales, son insuficientes, poco capacitadas y débiles.
Un tema más se sumará a los ya enunciados en materia de seguridad pública, será el apoyo a dicha estrategia nacional del titular de la Secretaria de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien en los últimos meses ha manifestado la insatisfacción y preocupación que causa el desgaste a que ha sido sometido el Ejército Mexicano al asignársele funciones que no le corresponden, aunque, en su más reciente discurso, parezca apoyar la iniciativa priista para regular la acción de los militares en tareas de seguridad pública.
En materia electoral, 2017 se distinguirá, en primer lugar, por las elecciones a gobernador en tres estados: Coahuila, Nayarit y el Estado de México. En el primero y último estado nunca ha habido alternancia, siempre ha gobernado el mismo partido en sus tres etapas, como PNR, como PRM y como PRI. Nayarit, por su parte, sólo ha tenido un sexenio con un gobernador diferente al PRI, de 1999 a 2005 fue gobernado por el PAN. Con seguridad el PRI hará todo lo posible por no perder estos estados, como le pasó en las elecciones del año que termina, en las cuales dejó de gobernar cuatro entidades que tampoco habían conocido alternancia, a saber: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, los tres primeros le fueron arrebatados por la coalición PAN-PRD y el último por el PAN.
El estado más importante para este partido, de los tres que se disputarán en 2017, es por supuesto el Estado de México, la joya de la corona, toda vez que es la cuna del actual Presidente de la República y su grupo político; es el estado con mayor número de votantes y porque seguramente tendrá un papel crucial, en materia de recursos y estrategia, para el partido que quiera quedar mejor posicionado hacia las elecciones presidenciales por venir.
En segundo lugar, se caracterizará por los enfrentamientos mediáticos entre quienes pretenden ser candidatos o candidatas de sus respectivos partidos en las elecciones presidenciales del 2018. En 2016 ya se han ofrecido pequeñas muestras de lo que vendrá. Sin dudar se puede afirmar que el golpeteo mediático, en televisión, radio, prensa escrita y redes, en contra de Andrés Manuel López Obrador se intensificará pues, por tercera vez él es el candidato a vencer y por primera vez, Morena, será el partido a derrotar.
Al mismo tiempo, seguirán sus adversarios políticos atacándolo y retándolo a debatir, en especial aquellos que quieren “treparse a su ola de popularidad”, como los actuales presidentes del PRI, Enrique Ochoa Reza, y del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y aprovechar el conocimiento que la población tiene de él, para colocarse en la primera fila de la contienda electoral.
Igualmente, subirá de tono el “fuego amigo” en partidos como el PAN, en donde Anaya volverá a ser atacado por el grupo de los calderonistas para que se defina y “confiese” de una vez por todas si quiere ser el candidato a la Presidencia de la República por su partido y por fin dejará su puesto como dirigente nacional o si se mantendrá en el puesto, pero renunciará a sus aspiraciones presidenciales. Una probadita de lo dicho se tuvo la semana que comenzó el lunes 31 de octubre cuando periodistas de diversos medios, televisivos, radiofónicos y de prensa escrita, se lanzaron contra Anaya y su “lujoso” estilo de vida, el cual supuestamente superaba su nivel de ingresos.
Aunado a lo anterior, lógicamente, estará a la orden del día el “destape” del candidato del PRI a la Presidencia, la definición del candidato o candidata panista, la respuesta de Miguel Ángel Mancera en torno a si contenderá o no como candidato del PRD y la formación de alianzas electorales entre los grandes partidos y la llamada “chiquillada”.
Por supuesto, en 2017 seguirán en la escena pública temas como las decenas de miles de personas desaparecidas, las fosas clandestinas, la violencia, la inseguridad y la impunidad, la pobreza y la desigualdad, la desaparición de mujeres y el aumento de la violencia en su contra, la trata de personas y la esclavitud sexual y laboral. No faltará tampoco el debate en torno a las reformas estructurales, la educativa en especial, sus dificultades, bondades y retos.
La Doctora  Ivonne Acuña Murillo, es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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