Sociedad civil y ONG’S piden se nombre un fiscal que resista presiones políticas, y tenga la capacidad de recuperar la confianza ciudadana

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(01 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Después de dos días de debate en el Seminario Internacional “La Fiscalía que México Necesita: Reflexiones desde la experiencia latinoamericana para el diseño de la nueva Fiscalía General de la República”, realizado en la Ciudad de México, con la participación de expertos internacionales, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, nacionales y regionales de derechos humanos y miembros de la academia, los asistentes manifestaron, con respecto a la elección del primer Fiscal General y a la creación de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente que:

Las iniciativas legislativas de Enrique Peña Nieto y los partidos  políticos, que abren la posibilidad de evitar el pase automático del último Procurador General de la República (PGR) como Primer Fiscal General, son un paso positivo, pero no suficiente.
Sin embargo, mencionaron, abre la posibilidad que el Senado revise la actual redacción del articulo 102 constitucional para que incorpore expresamente las garantías de meritocracia, publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil en la selección del Fiscal General de la República.
Por lo que dicha “revisión debe igualmente considerar la modificación del artículo décimo noveno transitorio, para que todos los funcionarios que ingresen a la institución aprueben un concurso de oposición y méritos”, se mencionó.
Además, afirman, el primer Fiscal debe ser elegido mediante un proceso público, transparente y participativo para ser capaz de conducir estratégicamente la Fiscalía y de resistir presiones de todo tipo, “sobre todo presiones políticas, y debe también tener la capacidad de recuperar la confianza ciudadana en la institución”.
En cuanto al Senado se refiere, se menciona, debe iniciar un debate público, técnico e informado para discutir el modelo de una Fiscalía que sirva. Por lo que el primer paso para ello es abstenerse de aprobar leyes secundarias sobre la Fiscalía que no sean el resultado de una discusión informada, técnica y participativa.
“La aprobación apresurada de una nueva regulación, que no atienda a la complejidad de los componentes de una Fiscalía moderna, que no recoja los avances y lecciones de las experiencias comparadas internacionales, y que no responda adecuadamente a los desafíos de transitar hacia un nuevo modelo penal acusatorio que requiere consolidarse, puede significar para México la consolidación de la impunidad”, aseguran las organizaciones y sociedad civil.
Propusieron que los aspectos mínimos que deben servir como punto de partida para la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República son: Autonomía funcional y presupuestal y servicio civil de carrera para todos los funcionarios; modelo organizativo y de gestion adecuada; bases para que el Fiscal establezca una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país, con un modelo de investigación orientado a la realidad; flexibilidad de coordinación y comunicación.
Esquemas de eficiencia que permitan superar la burocracia, lentitud y descoordinación y que se adecue a la implementación de un sistema acusatorio; establecimiento de competencia federal clara para superar problemas actuales de atracción y conexidad; especialización en materia de derechos humanos y esquemas que permitan una efectiva participación de las víctimas; mecanismos de control adecuados mediante la transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil y academia y autonomía de servicios periciales.
Además, afirman que es obligación del Senado y de la Cámara de Diputados garantizar que la discusión pública sobre el modelo de la Fiscalía sea seria, creíble, técnica e informada. “Los cambios superficiales tendrían un alto costo político y consecuencias muy difíciles de revertir en términos de impunidad”, reiteran.
Cabe señalar que las organizaciones harán llegar al Senado, las conclusiones de su seminario, así como insumos “que permitan reformar el artículo 102 de manera integral y armónica con las necesidades del país”.
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