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En Guerrero, los sobrevivientes de la masacre de El Charco, padecida hace 18 años, han denunciado que se encuentran “en total indefensión y con secuelas de la tortura que sufrieron”, dio a conocer la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, con motivo de la reunión que sostuvo el lunes pasado en Panamá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que solicitaron sea aplicado el Informe de Fondo a este caso.
En un comunicado, la Red Solidaria Década contra la Impunidad informó que trató con la CIDH el tema de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, en la región de la Costa Chica.
La sobreviviente Ericka Zamora Pardo narró la tortura a la que fue sometida, las ejecuciones que sufrieron los 10 indígenas na’savi y Ricardo Zavala, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como de la petición de justicia que los sobrevivientes interpusieron ante la CIDH.
En tanto, los representantes de la Red Solidaria Década contra la impunidad advirtieron que ·tanto el gobierno de Guerrero, como el gobierno federal son omisos a esta masacre e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas a las que fueron sometidas las víctimas y los sobrevivientes de este hecho”.
Durante un diálogo con Enrique Gil Botero, relator para México de la CIDH, Zamora Pardo, acompañada de su abogado Ernesto Rodríguez, y de la defensora de derechos humanos María Magdalena López, puso de manifiesto “la importancia que el caso de la masacre de El Charco tenga el Informe de Fondo, pues han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
La etapa de Fondo es en la que la CIDH decide si hubo violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. El procedimiento está regulado en los artículos 48 y 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los artículos 37, 38, 39, 43 y 44 del Reglamento de la Comisión. El documento incluye recomendaciones al Estado, si se concluye que los hechos del caso configuran violaciones a las garantías básicas.
Cabe señalar que el 7 de junio de 1998, soldados del Ejército Mexicano asesinaron a 10 indígenas na’savi y a un estudiante de la UNAM en esta comunidad de la Costa Chica de Guerrero.
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