jueves, 22 de diciembre de 2016

Senado mantiene en el congelador propuesta para sancionar a quienes carezcan de permisos para comercial pirotecnia

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El 15 de diciembre de 2015, el entonces senador priísta Alejandro Tello, hoy gobernador de Zacatecas, presentó la propuesta, que prevé sanciones a quienes carezcan de los permisos para elaborar, transportar y comercializar las artesanías pirotécnicas, derogaría las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos relativas a la pirotecnia.
Por lo que hoy las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) exigieron al gobierno federal aplicar un plan de protección civil eficiente en Tultepec. “La explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito es una tragedia que no debe repetirse”, asentaron en comunicados por separado.
En tanto, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, dijo que en la llamada capital de la pirotecnia los siniestros son recurrentes, pues este año se han presentado cuatro. “Es urgente que las autoridades trabajen en un plan de prevención con acciones eficientes que protejan la integridad de las familias que ahí habitan. No se puede explicar, que se sigan repitiendo esas tragedias y las autorizadas sólo se lamenten y expresen condolencias”, dijo.
Lo que busca la propuesta es que 60 mil familias viven de la pirotecnia en el país, obtengan permisos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para comercializar, importar, exportar y almacenar fuegos artificiales y sustancias químicas para pirotecnia sin invadir las atribuciones de los ayuntamientos y las delegaciones de la Ciudad de México.
El proyecto prevé multas de 100 a 2 mil unidades de medida a quienes vendan, almacenen o transporten artesanías pirotécnicas sin permiso, entre otras irregularidades. Las sanciones aumentarían hasta en dos terceras partes para aquellos que reincidan en las faltas.
También propone considerar delito utilizar los juegos pirotécnicos para causar daño y emplear sustancias para artesanías pirotécnicas no autorizadas. En estos casos las sanciones irían de tres meses a seis años de prisión.
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