ONU evaluará por segunda vez a México, sobre tortura y malos tratos de personas privadas de su libertad

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(12 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, anunció que llevará a cabo una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre.

Lo anterior, será con motivo de evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que se han adoptado para protegerlas de la tortura y los malos tratos. El SPT también analizará el avance en la implementación de las recomendaciones hechas al país en su visita previa en 2008.

Entre los lugares que la delegación del SPT visitará se encuentran: prisiones, estaciones de policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes así como instalaciones de detención para migrantes tanto a nivel federal como estatal.

Los expertos se reunirán con autoridades del Estado, funcionarios de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil. También mantendrán un diálogo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la entidad nacional encargada de monitorear los lugares de privación de la libertad en México.

“Las personas detenidas tienen el mismo derecho a no ser torturadas ni maltratadas que las personas que están en libertad. El riesgo de maltrato es mucho mayor para las personas en detención, ya que una vez que son privadas de su libertad se vuelven muy vulnerables.

El Protocolo Facultativo (Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) es una manera práctica de defender los derechos de las personas detenidas y asegurar que éstos sean respetados”, dijo Felipe Villavicencio, quien encabezará la delegación del SPT.

Además se añadió “permitiéndonos el acceso a lugares de detención por segunda vez, México está mostrando su compromiso para mejorar las condiciones para las personas privadas de su libertad”.

Al final de la visita, el SPT presentará sus observaciones preliminares confidenciales al Gobierno de México. Para el SPT, la clave para prevenir la tortura y los malos tratos reside en forjar relaciones constructivas con el Estado en cuestión y sus principios rectores son la cooperación y la confidencialidad.

En marzo del 2015, el relator especial de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, presentó un informe de las condiciones en las que se encuentra México y aseguró que “se trata de una práctica generalizada en México”, lo cual le valió respuestas negativas por parte de funcionarios mexicanos, quienes descalificaron el reporte.

Después de la acción, un año después, el gobierno mexicano notificó al relator que este año no podría llevar a cabo una nueva visita de seguimiento, argumentando que “se tenían programadas otras visitas programadas con antelación”.

Cabe señalar que la ONU también indicó que es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción, “que en general son aplicadas en el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público”.    

Señalando que “las tácticas más frecuentes incluyen palizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.

En años anteriores, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, tras una visita al país a 24 centros de detención en el Distrito Federal y los estados de México, emitió en un informe, en el cual identifica numerosas fallas estructurales en el sistema penal mexicano que alientan la tortura, pero el gobierno mexicano mantuvo dicha información bajo reserva y fue hasta que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” promovió un recurso al respecto ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En dicho documento, el Subcomité de la ONU “deplora las irracionalmente amplias facultades del ministerio público”, declarando que “el que los detenidos se queden bajo custodia del Ministerio Público, a pesar de ser éste una parte acusadora en el proceso, provoca que los agentes ministeriales cometan tortura para arrancar confesiones que luego pasan a ser pruebas”.

Además, aseguran que ellos “constataron la falsificación de certificados médicos por peritos ministeriales con el fin de encubrir lesiones presentes a la llegada de los detenidos; incluso algunos médicos le confirmaron al organismo que ha habido órdenes para que falsifiquen los datos. Es común que los abusos ocurran en el momento de la detención al traslado”, dio a conocer precisó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

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