ONG’S denuncian que Ejército y Marina en las calles “han sido relacionados con graves abusos que quedan impunes”

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(14 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En Monterrey, defensores de los derechos humanos de once estados de la República se manifestaron la mañana del lunes, “en contra de la permanencia de las fuerzas armadas en las labores de la seguridad pública”.
Durante el décimo encuentro de organizaciones que acompañan a personas desaparecidas, y encabezados por Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, externaron que rechazan cualquier iniciativa de ley que permita otorgar a las fuerzas armadas mayores facultades a las establecidas plenamente en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Otorgar el poder supraconstitucional a las Fuerzas Armadas, bajo la justificación de legalizar su actuación en funciones de seguridad pública, representa una seria amenaza a la vida democrática del país, a la paz pública y un evidente retroceso al reconocimiento de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que han sido conquistados después de muchos años de lucha y a costa de miles de vidas humanas, como es el caso de las y los desaparecidos”, declaró Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Además, se argumentó que “la estadía de militares y marinos en las calles del país, no sólo no ha ayudado a disminuir los niveles de inseguridad, además han sido relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, que quedan impunes”.
Agregaron que quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y acompañamiento de víctimas, “han sufrido claras amenazas y agresiones por parte de miembros de las fuerzas armadas, principalmente en los estados de Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz”.
Sobre las declaraciones recientes del Secretario dela Defensa Nacional, el General, Salvador Cienfuegos, en las que señala que “los militares no estudiaron para perseguir delincuentes y que su función se está desnaturalizando”.
Consuelo Morales calificó como “una perversidad que los militares ejerzan las funciones de seguridad pública, porque están formados para otros fines de defensa de seguridad nacional.
Y los metieron hacer tareas de seguridad pública, los pusieron un conflicto grave y al final de cuentas, con la adrenalina y todo, pues van a hacer lo que saben hacer, van a disparar y si matan, pues nosotros los defensores de Derechos Humanos, decimos por qué mataron. Los ponemos en un conflicto”.
Además retomando el tema de la defensa de derechos humanos, los activistas, aseguraron que “los riesgos se han acrecentado desde que militares y marinos atienden la seguridad ciudadana y detallaron algunos ejemplos de experiencias propias.
Definitivamente esa retórica y esa demagogia con la que dicen nuestros gobernantes, que hay un impulso, y el propio ejército, de respeto a los Derechos Humanos, pues es evidente y palpable que no, de todos aquellos que estamos sufriendo el acoso, la amenaza y el hostigamiento, dejan en entredicho esa supuesta defensa”, mencionó Miguel Ángel García, asesor legal y coordinador de enlace de la Asociación Esperanza Contra la Desaparición Forzada y la Impunidad en el noreste del país.
Durante la reunión, también descalificaron la reducción del 40 por ciento en el presupuesto de atención a las víctimas del delito y de violaciones graves a derechos humanos en el presupuesto de egresos 2017 de Nuevo León.
Asegurando que “en general, la reducción de este rubro en todo el país es reprobable, mientras cada vez se destinan más recursos para seguridad. Dicen que no hay recursos para atender a las víctimas, a sus familiares, pero por el lado contrario, todo lo que tenga que ver con seguridad pública y particularmente con las fuerzas armadas del país, ahí no hay un límite, hay al contrario, van a aumentar los presupuestos”, puntualizó Raymundo Ramos.
Los puntos que reiteraron al finalizar, fueron cuatro:
El rechazo a prolongar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; la renovación operativa del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el llamado urgente a la protección de las y los defensores de derechos humanos; además de hacer un exhorto a los nuevos gobernadores para atender la grave crisis de derechos humanos en sus respectivas entidades, con particular atención a personas desaparecidas.
“En momentos en donde la inseguridad pública sigue lastimando a la población, la investigación de los delitos es deliberadamente omisa y la impunidad sustituye todo acto de justicia, las organizaciones aquí presentes rechazamos cualquier iniciativa de ley que permita otorgar a las fuerzas armadas mayores facultades a las establecidas plenamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Otorgar un poder supraconstitucional a las fuerzas armadas bajo la justificación de legalizar su actuación en funciones de seguridad publica representa una seria amenaza a la vida democrática del país, a la paz pública y un evidente retroceso al reconocimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido conquistados después de muchos años de lucha y a costa de miles de vidas humanas, como es el caso de las y los desaparecidos”, se añadió.
Dicho sea de paso, aseguraron que como organizaciones, pueden aportar testimonios contundentes que la presencia de las fuerzas armadas del país no solamente no han disminuido los niveles de inseguridad que padecemos todos, sino que se han relacionado a graves violaciones a los derechos humanos, en donde la constante es la impunidad.
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