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ONG y víctima de tortura sexual por parte de militares, realizan cierre simbólico de PGR, ante impunidad en el caso

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(16 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este jueves la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), se pronunció frente a la Procuraduría General de la República, con el objetivo de exigir justicia para el caso de Miriam Isaura López Vargas, víctima de tortura física, psicológica y sexual a manos de elementos de la Sedena.
El acto fue un cierre simbólico de PGR, que “tiene como finalidad el exigir justicia en el caso de Miriam López Vargas, quien fuera privada de la libertad, violada sexualmente y torturada con la finalidad de confesarse culpable de un delito que no cometió”, se afirmó.
Además señalaron que esos crímenes que a su vez son violaciones graves a derechos humanos, fueron cometidos por integrantes de la Secretaria de la Defensa Nacional, quienes en el contexto de un operativo conjunto en el estado de Baja California  y dentro de una fallida lucha en contra de la delincuencia organizada, detenían y torturaban a personas inocentes.
Para posteriormente armar pruebas e historias que los señalaran ante la sociedad como esos grandes criminales que la sociedad lastimada por la violencia esperaba que se detuvieran.
“Ahora sabemos, que en esta guerra que pareciera contra la sociedad mexicana, sirvió de manto protector para que los encargados de establecer el orden cometieran terribles crímenes, cobijados por el respaldo de la PGR, quien como en este caso estuvo presente al momento que Miriam era violada y torturada.
También contó con la participación del poder judicial que en ningún momento cuestionó que se tomaran confesiones y declaraciones al interior de Cuarteles Militares en los cuales  era claro que no existían las condiciones de imparcialidad para que una persona detenida pudiera declarar sin ser coaccionada”, se dio a conocer.
Este jueves se conmemoraron cinco años desde que Miriam interpuso su denuncia ante la Procuraduría General de la República. Desde el 15 de diciembre de 2011, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) ha conocido del caso, y desde esa fecha la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha fungido como coadyuvante con el Ministerio Público.
Cabe señalar que desde que se interpuso la denuncia en PGR han habido 5 Fiscales encargadas del caso:
• Angélica Herrería Rivero (6 meses)
• Nelly Montealegre (hasta agosto de 2015)
• Angela Quiroga ( hasta agosto de  2016)
• Patricia Sánchez Avendaño ( encargada de despacho de 2016 a la fecha)
• Adriana Lizárraga González (desde 1 de diciembre de 2016)
“Todas ellas, tenían el compromiso de brindarle acceso a la justicia, llevar ante el poder judicial a todos los responsables de los actos que atentaron contra su integridad, dignidad y honra.
Con todas ellas se sostuvieron reuniones de trabajo, se les proporcionó información que daba cuenta de la responsabilidad de integrantes de la Sedena, durante ese mismo periodo se emitió la recomendación 52/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que comprobó el dicho de Miriam Isaura y le otorgó la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos.
Pese a todos esto esfuerzos, al día de hoy, a cinco años, no hay una sola persona que esté sancionada a pesar de que los autores materiales están plenamente identificados”.
La CMDPDH denuncia que han sido muchos los factores que han permitido la impunidad del caso, destacando dos de ellos; la falta de cooperación por parte de la Sedena para poner en disposición de la FEVIMTRA toda la información necearía para la identificación de todas las personas responsables y la falta de pericia por parte de la FEVIMTRA para investigar casos de tortura sexual.
“Por ello, y ante la falta de garantías que en México se hará justicia de manera pronta y expedita, es que en los próximos días el caso será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esperamos que una institución internacional reconozca las omisiones y las acciones cometidas por la SEDENA, la PGR y el poder judicial y con ello determine la responsabilidad del Estado. Para las víctimas y las organizaciones que acompañamos el caso, nos es decepcionante el tener que recurrir a que la justicia internacional determine lo que la justicia nacional no puede”, ha mencionado la organización.
Con el “cierre simbólico” de PGR, explicaron quieren mostrar a la institución encargada de evitar que los casos queden en impunidad, que a la población de México y el mundo le interesa que un caso como el de Miriam López no vuelva a ocurrir.
El mural con el que se envolvió la PGR, corresponde a  25 mil 472 cartas recibidas en apoyo de Miriam López, que corresponde a un universo de 227 mil 972 acciones que como parte de la campaña emprendida por Amnistía Internacional recibieron en el año 2013 y 2014.
A su vez,  se enviaron 6 mil 527 mensajes expresamente dirigidos al Procurador General de la  República, mismos que se entregaron, “con la finalidad que sea de su conocimiento la indignación que el caso ha generado a la comunidad internacional, así como la solidaridad en la búsqueda de justicia. Recordemos que la impunidad es el alimento con el que nuevos crímenes y violaciones a derechos humanos se han desarrollado”.
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