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Indígena acusado de homicidio y condenado a 30 años de prisión, espera resultado de amparo que le otorgue libertad

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(21 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Estoy esperando el resultado del amparo que presentó mi abogado ante el Juzgado Federal”, comparte en una carta el indígena tsotsil Alejandro Díaz Santiz, quien aún con la promesa de gestionar su libertad de parte de ejecutivo estatal Velasco Coello, continúa injustamente preso, en un penal de máxima seguridad de la costa de Chiapas.
Alejandro Díaz Santiz, hoy de 36 años, fue detenido de manera arbitraria en el estado de Veracruz en 1999, acusado de un homicidio que siempre ha negado.
Al momento del arresto no hablaba español; fue sometido a tortura física y nunca tuvo acceso a traductor, además de no contar con dinero suficiente para una defensa legal adecuada, como se ha evidenciado en diversas ocasiones, desde que fue condenado a 30 años de prisión.
“El mal gobierno lo que hizo fue mandarme de traslado a un centro federal para que no siga yo hablando en contra de ellos. Piensan que con estos traslados que me hicieron voy a callar o dejar de luchar o tener miedo, no al contrario, seguiré gritando más fuerte todavía, exigiendo las verdaderas justicia y las libertades de todo los presos políticos y presos de conciencia”, afirma Alejandro en su carta desde el penal de Villa Comaltitlán, Chiapas.
En tanto sobre el caso el Grupo de Trabajo No Estamos Tod@s (GTNET), menciona que “el traslado forzoso a un penal de máxima seguridad, es una venganza política del mal gobierno contra Alejandro, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos”.
Esto, explican, porque Alejandro mediante la organización “Solidarios de la voz del amate”, adherente a la Sexta, realizaba una labor de defensa de los derechos humanos dentro del penal de Los Llanos, de San Cristóbal de las Casas, donde anteriormente se encontraba.
“Cabe mencionar que en ese traslado se violaron las mismas leyes y códigos del Sistema, ya que el delito de Alejandro Díaz no es de fuero federal y su conducta en la vida carcelaria no es considerada de “alta peligrosidad”, asegura el GTNET.
Además, para el grupo de trabajo, solidario con presxs políticos y de conciencia, “esa forma brutal de cambiar de penal a un preso, después de muchos años en un mismo lugar, es una tortura psicofísica, porque aleja al preso de sus familiares y de su red de amistades”.
Agrega, “además las reglas de acceso y visita en un Cefereso, como él de Villa Comaltitlán, son tan estrictas que hacen de esos lugares unos campos de concentración prácticamente impenetrables”, evidencian las y los defensores de derechos humanos.
También se ha mencionado que después de aproximadamente una semana de su reclusión se le dictó auto formal de prisión. Le sentenciaron a 30 años de prisión. Apeló la condena y se la rebajaron tan solo seis meses, en tanto, el abogado defensor de oficio no lo mantiene informado del proceso.
El grupo defensor de Derechos Humanos han señalado que “como muchas de las personas que están obligadas a permanecer entre muros, Alejandro adolece de problemas visuales, para esta dolencia que es resultado lógico del encierro no recibe medicamento alguno.
En general todos los servicios que la institución penitenciaria está obligada a darles a los presos son o prácticamente inexistentes como es el caso de la atención médica y las medicinas, o de una calidad ínfima”.
Alejandro ha sido trasladado en varias ocasiones. Del CERSS Ignacio Allende (Veracruz) fue trasladado por estar sobrepoblado al CERSS de Perote (Veracruz). De ahí pidió traslado al CERSS nº 5 de San Cristóbal de las Casas pero no se le concedió. Después de la negativa intentó que lo trasladaran al penal donde ingresó primeramente, Ignacio Allende, lo solicitó pero lo enviaron al CERSS de Papantla (Veracruz).
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