Inaceptable que gobierno de Nuevo León planee reducir 40% el presupuesto para víctimas de violaciones graves a DH: ONG’S

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(15 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante el X Encuentro de organizaciones que acompañan a familiares de personas desaparecidas, el grupo se pronunció sobre cuatro temas que consideraron importantes:

El rechazo a prolongar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; la renovación operativa del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el llamado urgente a la protección de las y los defensores de derechos humanos y realizaron un exhorto a los nuevos gobernadores para atender la grave crisis de derechos humanos en sus respectivas entidades, con particular atención a personas desaparecidas.

Así explicaron que “en momentos donde la inseguridad pública sigue lastimando a la población, la investigación de los delitos es deliberadamente omisa y la impunidad sustituye todo acto de justicia”.

Por lo que dichas organizaciones aquí rechazaron cualquier iniciativa de ley que permita otorgar a las fuerzas armadas mayores facultades a las establecidas plenamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dijeron que “otorgar un poder supraconstitucional a las fuerzas armadas bajo la justificación de legalizar su actuación en funciones de seguridad publica representa una seria amenaza a la vida democrática del país, a la paz pública y un evidente retroceso al reconocimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido conquistados después de muchos años de lucha y a costa de miles de vidas humanas, como es el caso de las y los desaparecidos”.

Además aseguraron que pueden aportar testimonios contundentes “que la presencia de las fuerzas armadas del país no solamente no han disminuido los niveles de inseguridad que padecemos todos, sino que se han relacionado a graves violaciones a los derechos humanos, en donde la constante es la impunidad”.

También señalaron que, en ese mismo contexto, “hemos concluido además, que el activismo, la documentación de casos y el acompañamiento a víctimas y familiares pone en mayor vulnerabilidad a quienes defendemos los derechos humanos en lo individual o de manera organizada, frente a campañas de desprestigio, amenazas y agresiones directas, como sucede actualmente en los estados de Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz”.

Sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, argumentaron que se sigue actuando con lentitud, deficiencia e indiferencia. “Por eso hacemos un llamado a sus responsables para que en un breve tiempo podamos reunirnos para analizar caso por caso y garantizar la seguridad de quienes son beneficiarios”.

Además, a los gobernadores de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, que recién han entrado en funciones “queremos exhortarlos en implementar políticas públicas que incluyan la búsqueda inmediata de personas desaparecidas desde una perspectiva humanitaria, integral, transparente y de acceso a la justicia”.

En dicho encuentro, llevado a cabo los días 12 y 13 de diciembre en Monterrey, estuvieron organizaciones con presencia en: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Como uno de los principales temas, de discusión fue que “para el 2017 el gobierno de Nuevo León planea reducir en un 40% el presupuesto destinado para la atención a las víctimas del delito y de violaciones graves a derechos humanos. Esto es absolutamente inaceptable”.

Por lo que desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) reprobamos la propuesta de presupuesto de egresos para el año 2017 que el gobierno de Jaime Rodríguez tiene previsto para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Ya que éste pasaría de 46, 923, 045 millones de pesos que el gobierno estatal le otorgó en 2016 a esta instancia, a solamente presupuestaron 28, 047, 467 millones de pesos, lo que representa una reducción del 40%.

Señalaron que “dentro de esta reducción, el impacto principal es para el rubro denominado como ‘ayudas sociales a personas’, que es precisamente el dinero para reparar el daño a las víctimas. De los 25 millones de pesos que tenía este fondo en 2016, en 2017 solamente tendrá 5 millones de pesos.

Es importante recordar que este dinero es parte de la reparación integral del daño que por derecho les corresponde a las víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos. No se trata de un privilegio que arbitrariamente puedan otorgar o dejar de otorgar las autoridades”, aclararon.

Además, se agregó que dicho recorte para la CEEAV “nos parece particularmente contradictorio ante la creciente y evidente ola de delincuencia y de violaciones graves a derechos humanos por la que el estado de Nuevo León está pasando.

No es posible que el gobierno de Jaime Rodríguez continúe sin asumir la responsabilidad que tiene el Estado y siga dejando a un lado la justicia para todas estas víctimas que necesitan reparación del daño de forma urgente. No puede haber progreso ni democracia sin paz, justicia y protección para los grupos más vulnerables. Basta ya de indolencia”.

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