lunes, 5 de diciembre de 2016

Fiscalía Anticorrupción nacerá muerta, Murillo Karam mutiló posibilidad de autonomía; próximo fiscal sería simple simulación

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(05 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 17 de septiembre pasado, semanas antes de terminar su gestión como gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) “para responder a una denuncia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”.
De acuerdo a la querella, a Duarte se le acusó de haber adquirido 15% de las acciones de Banco Progreso Chihuahua, así como de colocar cerca de 834 millones de pesos de las arcas estatales a la misma institución crediticia a tasas de rendimiento preferenciales para el banco.
“César Duarte se presentó acompañado por uno de sus abogados, el penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien defendió al general Tomás Ángeles Dauahare y a los familiares del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en junio de 2012.
El abogado también tiene vínculos con el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, según denunció en su portal informativo el activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien inició las denuncias contra Duarte por haber transferido 65 millones de pesos de dinero público para tener participación accionaria en Banco Progreso Chihuahua”, publica Proceso.
Ese mismo día, Cervantes Andrade fue electo por la amplia mayoría de senadores como procurador y perfilado para ser fiscal general de la República por nueve años, García Chávez externó en su portal su preocupación “por la cercanía de Cervantes con el ex gobernador (César Duarte), lo que en estricto rigor lo debería llevar a deslindarse del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”.
Esa no fue la primera ni la única denuncia por presunto conflicto de interés contra Cervantes, abogado del PRI, defensor del propio Enrique Peña Nieto durante la campaña electoral de 2012 frente a casos como Monex y Sorianagate, alcanzó un nivel de escándalo internacional cuando la revista británica The Economist publicó un editorial en el que le recomendó a Peña Nieto que “rescatara su reputación” y removiera a Cervantes Andrade.
Cabe señalar que la oposición a que Cervantes se convirtiera en fiscal general de la República gracias al “pase automático” que estableció el 16 transitorio de la reforma al Artículo 102 Constitucional, promulgado en febrero de 2014, fue creciendo gracias a la presión de las organizaciones civiles que consideraron su nombramiento “la mayor muestra de divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad”, y durante las comparecencias de los 32 aspirantes a ser fiscal anticorrupción, una de las dos fiscalías especializadas que se crearían bajo la nueva reforma.
Con el lema #FiscalíaQueSirva el 28 y 29 de noviembre, se reunieron en la Ciudad de México representantes de 50 organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos con cuatro fiscales de América Latina que operan de manera autónoma.
“Los representantes de esta red tuvieron un encuentro con senadores del PRD, PAN y PRI. En él les expresaron su oposición al modelo de Fiscalía General establecido en la reforma del Artículo 102 Constitucional y, sobre todo, a la posibilidad de que el actual procurador tenga el ‘pase automático’ para permanecer nueve años en esta posición”, señala Proceso.
Preciso es mencionar que las comparecencias de 32 aspirantes a fiscal anticorrupción se convirtieron también en otro foco rojo. Por su parte César Alejandro Chávez Flores, último visitador general de la PGR, ex contralor de Petróleos Mexicanos y especialista en licitaciones públicas y contratos gubernamentales, afirmó: “El modelo de fiscalía transitoria adolece de limitaciones graves, ya que si bien su titular será nombrado por el Senado, puede en cualquier momento ser removido por el procurador, o si lo hay, por el fiscal general, sin que se requiera causa justificada para ello, pues la Constitución estableció que esa facultad se ejerce libremente”.
Además, Chávez Flores destacó que “la Fiscalía Anticorrupción nacerá muerta sin una reforma constitucional, ya que el ex procurador general Jesús Murillo Karam emitió discrecionalmente el acuerdo administrativo A/011/14, que mutiló la posibilidad de la autonomía técnica, normativa y política del próximo fiscal anticorrupción”.
Así, gracias a este acuerdo al margen del Congreso, “el fiscal anticorrupción operará con la infraestructura de la actual Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
Esta unidad cuenta con sólo 35 agentes del Ministerio Público; carece de peritos especializados en contabilidad y finanzas para investigaciones de enriquecimiento ilícitos y lavado de dinero; no cuenta con especialistas en contrataciones gubernamentales, particularmente de obras públicas, y carece de peritos en tecnologías de la información para labores de inteligencia”, señala la información.
Así es como durante la peor crisis de corrupción que inunda a prácticamente todos los gobiernos estatales y a buena parte de la administración pública federal, el fiscal anticorrupción sería una simple simulación.
Se resalta que “en seis años, esta Unidad Especializada sólo ha logrado 70 autos de formal prisión, ¡ninguno por enriquecimiento ilícito! En otras palabras, todos los ‘peces gordos’ de la corrupción se ríen de esta unidad que será el germen de la Fiscalía Anticorrupción.
En el proceso de selección del próximo fiscal anticorrupción los ‘dados cargados’ estaban a favor de la actual comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente, con amplio apoyo de la Secretaría de Gobernación, según confirmaron varios senadores que participaron en las comparecencias”.
Luego que se pospusiera la elección del nuevo Fiscal y Cervantes Andrade no obtuviera el pase directo, derivado de las presiones de las organizaciones civiles, éste presumió del regreso de 421 millones de pesos del desfalco de Javier Duarte a Veracruz y prometió que “se podrían llegar a 700 millones de pesos”.
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