martes, 27 de diciembre de 2016

Estado tiene la capacidad y recursos para desaparecer personas y garantizar impunidad: ONG’S

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(27 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo con diversas organizaciones no gubernamentales del país, la Ley General de Víctimas, evidencia falta de voluntad política y sensibilidad por parte de legisladores y gobierno federal.
Lo anterior se señala porque, aseguran. la redacción dentro de las propuestas de Ley General utilizan un lenguaje condicionante o discrecional, no sólo para las personas presuntamente responsables en la desaparición forzada o desaparición de personas cometida por particulares, sino también, en cuanto a la responsabilidad del Estado.
Como por ejemplo: “Procurar, a sabiendas, injustificadamente, retrasar sin justificación, dolosamente…” cuando las desapariciones forzadas son una política del Estado mexicano que muestra sistematicidad y planificación, denuncian.
A su vez, “el gobierno sigue excusando la falta de presupuesto para la implementación adecuada de la Ley, haciendo mención que se empleará lo que se tiene y con lo que se cuenta para aplicar la nueva Ley, cuando es responsabilidad única del Estado dotar del suficiente presupuesto para la implementación de la Ley”.
En tanto, el termino utilizado para definir a una persona desaparecida no diferencia entre una desaparición forzada de una persona extraviada. Lo cual permite se diluya la responsabilidad del Estado ante la gravedad de las desapasiones forzadas.
Además, los defensores de derechos humanos, denuncian que en la tipificación se pretende reducir el delito como si fuera éste cometido por personas ajenas al Estado, reduciendo de esta manera la responsabilidad de toda la cadena de mando en la comisión del delito de desaparición forzada.
“Se pone en la mesa el problema de la coordinación entre estados y la federación alegando cuestiones constitucionales, mostrando una vez más la falta de voluntad política para implementar la Ley General a nivel nacional.
La insistencia de separar la búsqueda de la investigación, dándole ‘prioridad’ a la búsqueda y dejando en segundo plano la investigación para dar con los perpetradores generará un problema de impunidad para todos los casos y no contribuirá a la erradicación de estos delitos ya que el Estado pretende cambiar el derecho a la Verdad por el derecho a la Justicia cuando es su obligación garantizar ambos derechos”.
Una más de las irregularidades, señaladas, es que el Estado, a lo largo de estos meses, ha hecho mención de su “imposibilidad” para cumplir con las exigencias de crear instancias que realmente den resultado dado la falta de “capacidad” técnica, recursos económicos, tecnológica y de recursos humanos.
“Lo que señala la falta de voluntad política para atender la gravedad de las desapariciones forzadas, pues no hay otro que el mismo Estado quien tiene que dotar de capacidades y recursos. Así como tiene la capacidad y recursos de desaparecer personas y garantiza impunidad, si tuviera voluntad política garantizaría la seguridad para la sociedad en general”.
Dicho sea de paso, la discusión de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta el momento, se pretende enfocar a la reacción inmediata para casos que ocurran después de la promulgación de la Ley, dejando, aseguran, para una discusión posterior el proceso de búsqueda para dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares cometidas desde la época de la “guerra sucia” hasta la “guerra contra el narco” de Calderón.
También se ha negado a crear una instancia Autónoma de Investigación Forense para dar certeza a las familias no sólo en la búsqueda e identificación de restos sino para tener un órgano que pueda recabar y resguardar pruebas para que las víctimas y sus familiares accedan a la verdad y la justicia.
Los activistas señalan que, a lo largo de la iniciativa se niega a reconocer la participación y por lo tanto su correspondiente sanción a las fuerzas armadas cuando éstas son quienes, en muchos casos, cometen la desaparición forzada de personas.
“Sí bien en diversas partes de la Propuesta del Ley General se habla de la identificación, exhumación, localización de restos, así como de la localización de fosas clandestinas, el Estado no garantiza que con esto las familias no sigan saliendo a realizar la búsqueda de fosas y realicen la exhumación de restos”.
No se quiere hacer la adecuada diferenciación en el nuevo Registro de personas Desaparecidas, diferenciando desaparición forzada de la desaparición cometida por particulares, así como el hecho de dar de alta en el registro cualquier reporte de no localización que sea levantado.
“Una Ley General elaborada con base a la simulación, pactada en lo oscurito y sin responder cabalmente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, no sólo será ineficiente sino que cubrirá de un nuevo manto de impunidad a los perpetradores”, reiteran.
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