jueves, 8 de diciembre de 2016

En Guerrero “para reducir los niveles de violencia debe ponerse fin a la impunidad”: ONU

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(08 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En los últimos años la violencia e inseguridad en Guerrero se han intensificado y con esto los casos de violaciones a los derechos humanos, principalmente las desapariciones forzadas, las cuales además quedan impunes.
A esto se suma el crecimiento de las víctimas de desplazamiento interno forzado, para quienes no hay acceso a la justicia y persisten las agresiones contra activistas y periodistas, dio a conocer este miércoles como conclusión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quienes realizaron una visita de dos días por la entidad.
Durante la visita ambas observaron la “preocupante situación en materia de derechos humanos” que sufre la entidad y constataron “la falta de recursos humanos y materiales con los que cuentan la Fiscalía General de Justicia y otras instituciones”.
Jan Jarab, titular de la ONU-DH, e Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, se reunieron con organizaciones de la sociedad civil guerrerense, entre ellos familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en la noche del 26 de septiembre de 2014 y cuyo paradero sigue desconocido.
En la reunión, los participantes reiteraron “su disposición para apoyar las misiones de búsqueda de verdad, justicia y reparación en el estado” e insistieron en que podrían asistir técnicamente a Guerrero en materia de derechos humanos.
“Para reducir los niveles de violencia debe ponerse fin a la impunidad”, sostuvo la ONU-DH en un comunicado. Y añadió: “Se requiere que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se involucren activa y efectivamente; además, atender de forma efectiva esta situación requiere de una activa participación de la Federación en el ámbito de procuración de justicia”.
A partir de dicha misión conjunta entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y tras sostener diversas reuniones con víctimas, defensores de derechos humanos y autoridades, ambas instituciones reiteran la necesidad de atender la situación en el estado de Guerrero.
De una manera integral a fin que las soluciones que se propongan en materia de seguridad también atiendan el problema de acceso a la justicia. En este contexto, ambas instituciones reiteran su preocupación por la falta de recursos humanos y materiales con los que cuentan la Fiscalía General de Justicia y otras instituciones para hacer frente a la preocupante situación en materia de derechos humanos que atraviesa el Estado.
Así reiteran su mensaje de solidaridad con las familias y víctimas de violaciones de derechos humanos y reafirman su disposición para brindar su apoyo a las mismas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
En días pasados, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, aceptó que las desapariciones forzadas se han vuelto cotidianas en dicha entidad y es una conducta que le preocupa a la ciudadanía, por lo que pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno una “atención adecuada” al problema.
“Sabemos que hay un incremento de efectivos de seguridad en el estado, (pero) quisiéramos que ese incremento pronto se viera con la disminución de los hechos de violencia que se están dando, no sólo en Acapulco sino en otras partes del estado”, señaló.
Además dijo que en 2015, recordó, emitieron alrededor de 100 recomendaciones, mientras que en este 2016 acumulan 65 recomendaciones, principalmente dirigidas a los cuerpos policiacos.
Durante los dos días de reunión, familiares de desaparecidos en el estado emitieron denuncias contra autoridades de todos los órdenes, sobre todo por la trabas para acceder a la justicia. ONU y CNDH, escucharon desde cifras que muestran la situación de Guerrero y la violencia, hasta las historias familiares de los desaparecidos.
Por ejemplo, Siempre Vivos, la organización que surgió en mayo de 2015 en Chilapa después de la irrupción armada de personas a las que las autoridades vincularon a un grupo criminal que controla la zona, lleva desde entonces, 100 casos documentado sólo del municipio, y 50 adicionales de otros lugares como Zitlala.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, pidió a los representantes de la ONU y la CNDH que apoyen el nuevo Mecanismo de Seguimiento que encabezará la CIDH en febrero próximo para investigar el caso Iguala.
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