Autoridades niegan a vecinos de Coyoacán, ejecutar suspensión de trabajos de construcción, pese a orden de Tribunal

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(21 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 9 de diciembre, la Asamblea General de los Pueblos Barrios y Pedregales de Coyoacán presentaron una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para denunciar la ilegalidad y extinción de diversos dictámenes, permisos y autorizaciones obtenidos por la empresa “Quiero Casa”.

Esto, porque, aseguran, pretende construir 377 departamentos cientos de cajones de estacionamiento en el predio ubicado en la Avenida Aztecas no. 215 en el Pueblo Originario de los Reyes de la Delegación Coyoacán.

Señalaron que tres días después, la Ponencia siete de la Tercera Sala Ordinaria de dicho Tribunal notificó a la Asamblea la admisión de la demanda y el otorgamiento de la suspensión solicitada para el efecto “…que se impida la continuación de los trámites correspondientes o en su caso la ejecución de las obras de construcción correspondientes…”

Resultado de dicho acuerdo, los habitantes de Coyoacán le exigieron a las distintas autoridades demandadas, como lo son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal o bien la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán “que procedan de inmediato a cumplir con dicho mandato judicial y lleven a cabo la suspensión de las obras que están sucediendo en un marco de ilegalidad”.

Y es que como uno de los ejemplos de “las múltiples ilegalidades en las que está incurriendo la empresa”, señalan que “conviene destacar que se sigue construyendo la obra con un Dictamen de Estudio de Impacto Urbano positivo que ya no tiene vigencia.

En el mismo sentido no existen permisos de excavación, de tala de árboles ni manifestación de impacto ambiental, por lo que se seguirán tomado acciones jurídicas y movilizaciones vecinales para lograr la cancelación definitiva de la obra, la expropiación del predio y la construcción de un Área Verde Comunitaria y Popular”, informaron.

Cabe señalar que también se llevó a cabo la segunda mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea General con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México en las oficinas de la PAOT. Donde estuvieron presentes Emigdio Ría Márquez, subprocurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Elsa Castellanos López, Elena Morales, investigadora de la PAOT, David Vera Hernández, Daniel Rodríguez Gutiérrez, Isaac López y Esteban López Alejo, de la Dirección General de Concertación Política.

“Al tratar el tema de la suspensión hubo una total negativa a hacer los enlaces para que ésta se ejecute y después redundaron en tres argumentos: primero, que nadie les ha notificado, después que no hay ninguna instancia que sea la responsable de ejecutarla y por último que debe pagarse una fianza para proteger a la empresa.

Esta negativa de ejecutar la orden del magistrado muestra que el estado de derecho que defienden queda anulado y evidencia una férrea alianza entre el poder político y el poder empresarial. Desde las más altas esferas del gobierno se está enviando un mensaje claro a todos los ciudadanos: que un empresario puede actuar en ilegalidad y causar múltiples daños a la población y no ser sancionado, sino todo lo contrario: ser protegido”, denunciaron.

Señalan que de igual manera se platicó el tema del retiro inmediato del tapial que bloquea todo el paso peatonal frente al predio de Avenida Aztecas 215, ya que no existe ninguna ley que lo permita; la devolución de todos los bienes que se llevó la Secretaria de Seguridad Publica durante el operativo del 5 de diciembre, ya que ambos fueron compromisos del subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Guillermo Orozco Loreto, en la mesa de diálogo llevada a cabo el 6 de diciembre pasado.

Pero tampoco hubo respuesta favorable hacia los vecinos. “¿Estamos hablando de un operativo ilegal y de un robo entonces? No hay responsables y no saben dónde están todos nuestros bienes que se llevaron”, cuestionan.

Además, agregaron que “si el Gobierno de la Ciudad de México continúa dando su respaldo a la Constructora ‘Quiero Casa’, enviando policía y granaderos –que son pagados con dinero que aportamos todos los ciudadanos- para proteger una obra que ha producido afectación a bienes nacionales, y además plagada de ilegalidades, no sólo estará cometiendo múltiples violaciones a nuestros derechos humanos, sino que estará mostrando que para éste gobierno los intereses privados prevalecen sobre el interés común de la población”.

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