domingo, 25 de diciembre de 2016

Agamben: obsesión seguridad ¿fin? de la democracia @sladogna

A
De qué manera la obsesión por la seguridad transforma la democracia por Giorgio Agamben, tomado de http://reportesp.mx/

La fórmula «por razones de seguridad» («for security reasons», «per ragioni di sicurezza») funciona como un argumento de autoridad que pone fin a cualquier discusión y permite imponer perspectivas y medidas que no se aceptarían de ninguna otra manera. Resulta necesario que se le oponga el análisis de un concepto aparentemente anodino que parece haber suplantado al resto de nociones políticas: la seguridad.


Se podría pensar que el único propósito de las políticas de seguridad es prevenir los peligros, disturbios o, incluso, las catástrofes. De hecho, cierta genealogía remonta el origen del concepto al proverbio romano Salus publica suprema lex («La salvación del pueblo es la ley suprema»), introduciéndolo dentro del paradigma del estado de excepción. Se puede también pensar en el senatus consultum ultimum y en la dictadura de la Roma clásica 1; en el principio del derecho canónico según el cual Necessitas legem no habet («la necesidad no conoce ley»); en los Comités de Salvación Pública 2 durante la Revolución Francesa, en la Constitución del 22 Frimario del Año viii (1799), que hace referencia a «los problemas que amenazan la seguridad del Estado», o en el artículo 48 de la Constitución de Weimar (1919), que servirá de fundamento jurídico al régimen nacional-socialista y que también menciona la «seguridad pública».

Aunque sea correcta, esta genealogía no nos permite entender los actuales dispositivos de seguridad. Los procedimientos de excepción están dirigidos contra una amenaza inmediata y real que se debe eliminar mediante la suspensión por un tiempo limitado de las garantías legales; las «razones de seguridad» de las que se habla hoy en día constituyen, al contrario, una técnica de gobierno normal y permanente.

Michel Foucault 3 aconsejaba buscar el origen de la seguridad contemporánea no en el estado de excepción, sino en los inicios de la economía moderna, concretamente en François Quesnay (1694-1774) y los fisiócratas 4. Aunque poco después de los tratados de Westfalia  5 los grandes Estados absolutistas introdujeron en su discurso la idea de que el soberano tenía que garantizar la seguridad de sus súbditos, no fue hasta Quesnay que la seguridad (sécurité) —o más bien la «protección» (sûreté)— devino el concepto central de la doctrina de gobierno.

¿Prevenir los problemas o canalizarlos?
El artículo que Quesnay dedica a los «granos» en la Encyclopédie es aún hoy, dos siglos y medio después, indispensable para entender el modo de gobierno actual. A este respecto, Voltaire dirá que, una vez publicado, los parisinos dejaron de discutir de teatro y literatura para hablar de economía y agricultura…

En aquel entonces, uno de los principales problemas al que los gobiernos debían hacer frente era el de la escasez de alimentos y las hambrunas. Antes de Quesnay, se trataban de prevenir mediante la creación de graneros públicos y la prohibición de la exportación de semillas. Sin embargo, estas medidas preventivas provocaban efectos negativos sobre la producción. La idea que tuvo Quesnay fue la de invertir el procedimiento: en lugar de intentar prevenir las hambrunas, había que dejar que ocurrieran y, mediante la liberalización del comercio interior y exterior, gobernarlas cuando se produjeran. «Gobernar» retoma aquí su sentido etimológico: un buen piloto —aquel que sostiene el timón— no puede evitar la tempestad, pero si se produce una a lo largo de la travesía, deberá ser capaz de pilotar su barco.

La fórmula que se le atribuye a Quesnay debe entenderse en este sentido, aunque en realidad él jamás la escribió: Laisser faire, laisser passer. Aparte de ser la divisa del liberalismo económico, también designa un paradigma de gobierno, que emplaza la seguridad —Quesnay evoca la «seguridad de granjeros y trabajadores»— no ya en la prevención de problemas y desastres, sino en la capacidad de canalizarlos hacia una dirección útil.

Se debe valorar el alcance filosófico de esta inversión que altera la tradicional relación jerárquica entre las causas y los
efectos: porque de nada sirve gobernar las causas o, en todo caso, resulta harto costoso hacerlo, de ahí que sea mucho más útil y seguro gobernar los efectos. No se puede obviar la importancia de este axioma que rige nuestras sociedades, de la economía a la ecología, de la política exterior y militar a las medidas internas de seguridad y a la policía. También este axioma nos permite entender la convergencia, que sin él nos resultaría misteriosa, entre un liberalismo absoluto en economía y un control de seguridad sin precedentes.

Hay dos ejemplos que pueden ilustrar esta aparente contradicción. El primero sería el del agua potable. A pesar de que se sepa que en una gran parte del planeta pronto no habrá ni gota, ningún país está llevando a cabo una política seria sobre el derroche. Sin embargo, a lo largo y ancho del planeta se desarrollan y multiplican las técnicas y fábricas destinadas al tratamiento de aguas contaminadas —un gran mercado de futuro—.

El segundo sería el de los dispositivos biométricos, que representan uno de los aspectos más inquietantes de las tecnologías de seguridad actuales. La biometría apareció en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. El criminólogo Alphonse Bertillon (1853-1914) se basó en la fotografía métrica y las medidas antropométricas para constituir su «retrato hablado», el cual se valía de un léxico estandarizado para describir a los individuos y ficharlos. Posteriormente, en Inglaterra, un primo de Charles Darwin, gran admirador de Bertillon, Francis Galton (1822-1911) puso a punto la técnica de las huellas digitales. No obstante, tales dispositivos, como resulta obvio, no permiten prevenir crímenes, sino delatar a los criminales reincidentes. Nos volvemos a encontrar con la concepción de seguridad de los fisiocratas: sólo cuando el crimen se ha realizado, puede el Estado intervenir eficazmente.

Las técnicas antropométricas, pensadas para los delincuentes reincidentes y los extranjeros, han sido durante mucho tiempo su privilegio exclusivo. En 1943, el Congreso de los Estados Unidos rechazaba por segunda vez la Citizen Identification Act, cuyo objetivo era dotar a todos los ciudadanos de documentos de identidad que incluían huellas
digitales. Y no fue hasta la segunda mitad del siglo XX que éstos se generalizaron. Aunque ha sido recientemente cuando el último umbral ha sido franqueado. Los escáneres ópticos, que permiten identificar en un breve lapso de tiempo tanto las huellas digitales como el iris, han sacado a los dispositivos biométricos de las comisarías de policía para llevarlos a la vida cotidiana. En algunos países, la entrada a los comedores escolares se controla mediante
un dispositivo de lectura óptica sobre el cual los niños ponen su mano sin prestar mucha atención.

Algunas voces se han alzado para alertar sobre los peligros de un poder que dispusiera de los datos biométricos
y genéticos de sus ciudadanos, en cuanto supondría un control absoluto y sin límites sobre los mismos. Con tales herramientas, el exterminio de los judíos (o cualquier otro genocidio que podamos imaginar), realizado sobre la base de una documentación incomparablemente más eficaz que el resto, hubiera sido total y extremadamente rápido. La legislación que se encuentra actualmente en vigor en los países europeos en materia de seguridad es en algunos aspectos sensiblemente más severa que la de los Estados fascistas del siglo XX. En Italia, el Texto Único de las
Leyes sobre la Seguridad Pública (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Tulsp) adoptado por el régimen de Benito Mussolini en 1926, en lo esencial, está todavía en vigor; sin embargo, las leyes en contra del terrorismo votadas durante los «años de plomo» (de 1968 a principios de la década de los ochenta) restringieron las garantías
que contenía la misma. En este sentido, como la legislación francesa contra el terrorismo es aún más rigurosa que su homóloga italiana, el resultado de una comparación con la legislación fascista tampoco daría un resultado muy diferente.

La creciente multiplicación de dispositivos de seguridad refleja un cambio de la conceptualidad política, hasta el punto de poder preguntarnos legítimamente no sólo si las sociedades en las que vivimos pueden todavía ser calificadas como democráticas, sino también y sobre todo si pueden todavía ser consideradas como sociedades políticas.

El historiador Christian Meier mostró que en el siglo V a. C. se produjo en Grecia una transformación en la manera de concebir la política, gracias a la politización (Politisierung) de la ciudadanía. Anteriormente, la pertenencia a la ciudad (la polis) se definía por el estatus y la condición —nobles y miembros de las comunidades culturales, agricultores y comerciantes, señores y clientes, padres de familia y parientes, etc.—, pero después el ejercicio de la ciudadanía política se volvió un criterio de identidad social. Meier escribe: «Se creó así una identidad política específicamente griega, en la cual la idea de que el individuo se debía comportar como un ciudadano encontró una forma institucional. La pertenencia a grupos constituidos a partir de comunidades económicas o religiosas quedó relegada a un segundo plano. En la medida en que los ciudadanos de una democracia se consagraban a la vida política, se comprendían a sí mismos como miembros de la polis. Polis y politeia, ciudad y ciudadanía se definían recíprocamente. La ciudadanía se volvía de esta manera una actividad y una forma de vida por la cual la polis, la ciudad, se constituía en un dominio claramente distinto del oikos, la casa. La política se convertía en un espacio público libre, opuesto al espacio privado en el que reinaba la necesidad» 6. Según Meier, este proceso de politización específicamente griego fue transmitido en herencia a la política occidental, en la cual la ciudadanía ha seguido siendo —ciertamente con grandes altibajos— el factor decisivo.

Ahora bien, precisamente es ese factor al que se empuja progresivamente hacia un proceso inverso: un proceso de despolitización. Antaño, la ciudadanía era el umbral de politización activo e irreductible, mientras que hoy se ha convertido en una condición puramente pasiva, donde acción e inacción, lo público y lo privado, se entremezclan y confunden. Aquello que era una actividad cotidiana y una forma de vida, se limita hoy a un estatus jurídico y al ejercicio de un derecho de voto que tiende cada vez más a parecerse a una encuesta de opinión.

Los dispositivos de seguridad han desempeñado un papel decisivo en este proceso. El uso progresivo sobre todos los ciudadanos de las técnicas de identificación, en otro tiempo reservadas a los criminales, tiene imperativamente efectos sobre sus identidades políticas. Por primera vez en la historia de la humanidad, la identidad ya no es una función de la «persona» social y de su reconocimiento, del «nombre» y de la «reputación», sino de datos biológicos que no pueden mantener ninguna relación con el sujeto, como los disparatados arabescos que mi pulgar manchado de tinta ha dejado sobre una hoja de papel o el orden de mis genes en la doble hélice del adn. El hecho más neutro y privado se vuelve de esta manera el vehículo de la identidad social, a la que se le hurta su carácter público.

Si criterios biológicos que no dependen en nada de mi voluntad determinan mi identidad, entonces la construcción de una identidad política resulta problemática. ¿Qué tipo de relación podría establecer con mis huellas digitales o mi código genético? El espacio de la ética y de la política que estamos habituados a concebir pierde su sentido y exige ser radicalmente repensado. Mientras que el ciudadano griego se definía por la oposición entre lo privado y lo público —la casa (sede de la vida reproductiva) y la ciudad (lugar de la política)—, el ciudadano moderno parece más bien evolucionar en una zona de indiferenciación entre lo público y lo privado o, para emplear las palabras de Thomas Hobbes, entre el cuerpo físico y el cuerpo político.

Las cámaras de vigilancia, de la cárcel a la calle
Esta indiferenciación se materializa en la videovigilancia en las calles de nuestras ciudades. Este dispositivo ha tenido el mismo destino que las huellas dactilares; diseñado para las prisiones, se extendió gradualmente a los lugares públicos. Ahora bien, un espacio vigilado por cámaras no es un ágora —puesto que deja de contar con el carácter público—, es un área gris entre lo público y lo privado, la prisión y el foro. Una transformación semejante da cuenta de una multiplicidad de causas, entre las cuales la deriva del poder moderno hacia la biopolítica ocupa un lugar particular: tratar de gobernar la vida biológica de los individuos (la salud, la fertilidad, la sexualidad, etc.) y no sólo ejercer la soberanía sobre un territorio. El desplazamiento del concepto de vida biológica, que ahora ocupa el centro de la política, explica la primacía de la identidad física sobre la identidad política.

Sin embargo, no debemos olvidar que la equiparación de la identidad social con la identidad corporal se inició con el objetivo de identificar a los criminales reincidentes y a los individuos peligrosos. Por tanto, no es de extrañar que los ciudadanos, tratados como criminales, acepten como evidente que la relación normal con el Estado se funda en la sospecha, en ser fichados por la policía y en el control. Se debe asumir el riesgo de enunciar el axioma tácito según el cual: «Todo ciudadano —en tanto que sea un ser vivo— es un terrorista en potencia». Pero ¿qué son un Estado y una sociedad gobernados por un axioma como ese? ¿Es posible aún definir a esa sociedad como democrática o incluso como política?

Tanto en sus conferencias en el Collège de France como en su libro Vigilar y castigar, Foucault 7 esboza una clasificación tipológica de los Estados modernos. El filósofo muestra cómo el Estado del Antiguo Régimen, que se define como un Estado territorial o de soberanía, cuyo lema era «Hacer morir y dejar vivir» evoluciona gradualmente hacia un Estado de población, donde la población demográfica sustituye al pueblo político, inclinándose hacia un Estado de disciplina, cuyo lema es a la inversa «Hacer vivir y dejar morir», un Estado que pasará a ocuparse de la vida de los sujetos con el fin de producir cuerpos sanos, dóciles y ordenados.

Hoy, en Europa, el Estado en el que vivimos no es un Estado de disciplina, sino —en palabras de Gilles Deleuze— un «Estado de control»: no tiene como objetivo ordenar y disciplinar, sino administrar y controlar. Después de la violenta represión de las manifestaciones contra la cumbre del G8 en Génova en julio de 2001, un funcionario de la policía italiana dijo que el gobierno no quería a la policía para mantener el orden, sino para gestionar el desorden; no se imaginaba cuánta razón tenía. Por su parte, los intelectuales estadounidenses que han tratado de reflexionar sobre los cambios constitucionales inducidos por la Patriot Act y la legislación post-11-septiembre 8, prefieren
hablar de «Estado de seguridad» (security state). Pero ¿qué se quiere decir aquí con «seguridad» (sécurité)?

Durante la Revolución Francesa, esta noción —o la de «protección» (sûreté), como se la llamaba entonces— se entrelaza con la de la policía. La Ley del 16 de marzo de 1791 y la del 11 de agosto de 1792 introdujeron en el derecho francés la idea, que tendrá un futuro prometedor en la modernidad, de «la policía de seguridad» (police de sûreté). En los debates que precedieron a la adopción de estas leyes, aparece claramente que la policía y la seguridad se definen recíprocamente, pero los oradores —entre los que se encontraban Armand Gensonné, Marie-Jean Hérault de Séchelles, Jacques Pierre Brissot— no son capaces de definir ni lo uno ni lo otro. Los debates se centran sobre todo en la relación entre la policía y la justicia. Según Gensonné se trata de «dos poderes perfectamente distintos y separados» y, sin embargo, mientras el papel del poder judicial es claro, el de la policía resulta imposible de definir. El análisis del discurso de los diputados muestra que el lugar de la policía es en sí indecidible, y debe seguir siéndolo, porque si fuera absorbido por el poder judicial, la policía ya no podría existir. Este es el famoso «margen de apreciación» que caracteriza todavía hoy a la actividad del oficial de policía: en lo que concierne a la situación concreta que amenaza la seguridad pública, el policía podrá actuar como soberano. Al hacerlo, no decide ni prepara —como se repite erróneamente— la decisión del juez: toda decisión implica causas y la policía sólo interviene sobre los efectos, es decir, sobre un indecidible. Un indecidible que ya no se llama, como en el siglo XVII, «razón de Estado» sino «razones de seguridad».

Una vida política que se ha vuelto imposible
De esta manera, el security state es un estado policial, incluso si la definición de la policía supone un agujero negro en la doctrina del derecho público. Es decir, cuando en el siglo XVIII aparecen en Francia el Traité de la police de Nicolas de La Mare y en Alemania el Grundsätze der Policey-Wissenschaft de Johann Heinrich Gottlob von Justi, la policía se piensa en relación con la etimología de politeia, y designaba la verdadera política, mientras que el término «política» hacía referencia a la política exterior. Von Justi llamará Politik a la relación de un Estado con otros Estados y Polizei a la relación de un Estado consigo mismo: «La policía es la relación de fuerza de un Estado consigo mismo».

Al situarse bajo el signo de la seguridad, el Estado moderno sale del dominio de la política para entrar en un no man’s land, cuya geografía y fronteras son difíciles de percibir y para las que carecemos de conceptos. Este Estado, cuyo nombre hace referencia etimológicamente a una ausencia de preocupaciones (securus: sine cura), sólo puede hacernos más conscientes de los peligros que representa para la democracia, puesto que en él la vida política se ha vuelto imposible; ahora bien, democracia y vida política son —al menos en nuestra tradición— sinónimos.

Frente a un Estado así, resulta necesario que repensemos las estrategias tradicionales del conflicto político. En el interior del paradigma de seguridad, cualquier conflicto o intento más o menos violento destinado a derrocar al poder, le facilita al Estado la posibilidad de gobernar los efectos en beneficio de sus propios intereses. Eso lo vemos en la dialéctica que vincula estrechamente, en una espiral viciosa, el terrorismo y la respuesta del Estado. La tradición política de la modernidad pensó los cambios políticos radicales bajo la forma de una revolución que actúa como poder constituyente de un nuevo orden constituido. Se debe abandonar ese modelo para pensar más bien una potencia puramente destituyente, que no podría ser capturada por el dispositivo de seguridad y precipitada en la espiral viciosa de la violencia. Si queremos detener la deriva antidemocrática del Estado de seguridad, el problema de las formas y los medios de esa potencia destituyente constituye la cuestión política esencial sobre la que tenemos que pensar en los años que vienen.

Traducción de Hero Suárez

1 En casos de problemas graves, la República Romana preveía la posibilidad de confiar de modo excepcional los plenos poderes a un magistrado (el dictador).
2 Establecidos por la Convención, los Comités debían proteger a la República contra los peligros de invasión y de guerra civil.
3 Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Gallimard-Seuil, colec. «Hautes études», París, 2004.
4 La fisiocracia funda el desarrollo económico en la agricultura y promueve la libertad del comercio y de la industria.
5 Los Tratados de Westfalia (1648) concluyeron la Guerra de los Treinta Años entre el campo de los Habsburgo, con el apoyo de la Iglesia Católica, y el de los Estados alemanes protestantes del Sacro Imperio Romano. Con ellos se inauguró un nuevo orden europeo fundado en los Estados-nación.
6 Christian Meier, «Der Wandel der politisch-sozialen Begriffswelt im V Jahrhundert v. Chr.», en Reinhart Koselleck (dir.), Historische Semantik und Begriffsgeschichte, Klett-Cotta, Stuttgart, 1979.
7 Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, París, 1975.
8 Cfr. Chase Madar, «Le président Obama, du prix Nobel aux drones », Le Monde diplomatique, octubre 2012.

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