Acusan a ex procurador de ordenar agresión a estudiantes, donde dos de ellos perdieron la vida, en Guerrero

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En Guerrero, el Fiscal General de Justicia, Xavier Olea Peláez, acusó al ex Procurador Alberto López Rosas “de haber ordenado la agresión a estudiantes en el que perdieron la vida los normalistas Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, hace cinco años”.
Este lunes, a través de redes sociales, López Rosas y Olea Peláez polemizaron respecto a lo sucedido en 2011, durante el Gobierno de Ángel Aguirre, luego que el ex Procurador solicitó reabrir las indagatorias del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, durante su gestión.
Luego de cinco años de los hechos, donde tuvo lugar un operativo de la Policía Federal, Estatal y Ministerial, en una carta pública dirigida al gobernador Héctor Astudillo y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Alberto López señaló que la CNDH y la PGR protegieron deliberadamente a los elementos federales que desalojaron la manifestación.
A esto sumó una acusación contra Tlachinollan por “haber contribuido a fomentar el desvío de la investigación” y lamentó “haber sido acusado injustamente de esos hechos por los presuntos delitos de encubrimiento y en contra de la administración de justicia”.
El desplegado, tuvo una respuesta por parte del Fiscal, quien dijo que “el ex funcionario durante su gestión se caracterizó por tener un desconocimiento absoluto del derecho penal y lamentó que hoy exija lo que por propia ignorancia no pudo resolver.
Debe afirmarse que nadie protegió a elementos federales, la auténtica verdad es que el ex Procurador aquél día, ante su ignorancia jurídica y política, se equivocó y, con su manifestación en los medios de difusión, pretende lavarse las manos cuando todo Guerrero sabe que desde su escritorio, ordenó la agresión a los estudiantes y posteriormente, se empeñó, contrario a la Ley, en manipular probanzas existentes en su contra”, le contestó Olea a López Rosas.
Asimismo, sostuvo que “es imposible volver a integrar una nueva indagatoria o carpeta de investigación por esos hechos, puesto que ello violentaría las garantías constitucionales de los gobernados, al haber una resolución de amparo”.
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