viernes, 2 de diciembre de 2016

A cinco años del desplazamiento forzado de tseltales y la desaparición uno de ellos, se mantienen vigentes la impunidad

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(01 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Alonso López Luna fue desaparecido forzadamente, hace cinco años, “nuestro padre fue desaparecido por los priístas de nuestra comunidad de Banavil, Tenejapa el mismo día 4 de diciembre de 2011 fuimos desplazadas forzadamente cuatro familias, que seguimos viviendo en condiciones inhumanas, aquí en San Cristóbal de las Casas”, han denunciado dicha comunidad indígena.
Al mismo tiempo han asegurado que las autoridades durante estos años “no han tenido voluntad de investigar ni encontrar a Alonso, porque los caciques priístas saben dónde lo tienen, además el gobierno de Chiapas es el responsable de esta desaparición forzada porque desde antes de los hechos ya habíamos denunciado agresiones a nuestra familia ante la fiscalía especializada en justicia indígena y no hicieron nada.
Las autoridades ministeriales y los tres niveles del gobierno federal, estatal y municipal, al no investigar los hace cómplices de los responsables materiales de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que sufrimos”, han denunciando los familiares.
Este jueves se cumplieron cinco años de la desaparición forzada Alonso López Luna, y el gobierno mexicano continúa sin realizar una búsqueda para conocer su paradero, ha denunciado el centro de derechos humanos Frayba.
Además, se ha señalado que “los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces, en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas, (actualmente 21, la mayoría mujeres y niñas, niños), indígenas del pueblo tseltal”.
Se denuncia que en este caso nuevamente el Estado mexicano incumple con promover y proteger los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos Forzados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Esos derechos incluyen: prevención del desplazamiento forzado; asegurar que durante su condición de desplazamiento se garanticen derechos básicos de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros, necesarios en la asistencia humanitaria; garantizar las condiciones de retorno con seguridad y reintegración en su comunidad; además de la procuración de justicia”.
En información dirigida al entonces Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas Internamente Desplazadas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) documentó en abril de 2012, que la familia de Alonso López Girón, tuvo que salir de sus casas por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la misma comunidad de Banavil, el 4 de diciembre de 2011.
Además, testigos refieren que cerca de 50 personas, con palos y armas de fuego rodearon el lugar y sacaron a golpes a Alonso López Luna. Ese mismo día Lorenzo López Girón, recibió un primer disparo del lado derecho del pecho y luego otro proyectil a la altura de la ingle por lo cual fue trasladado al hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, donde fue detenido por policías estatales, con la acusación de lesiones calificadas.
Cabe señalar que ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobreviven en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario, ha informado en varias ocasiones Frayba.
“Especialmente preocupante es la situación de las mujeres, niñas y niños, quienes carecen de alimentación adecuada y servicios de salud, así como de educación. El 21 de febrero de 2013, a consecuencia de padecer vulnerabilidad en desplazamiento forzado, la niña Antonia López Girón murió a la edad de 11 años”.
Por lo que el Frayba ha realizado constantes intervenciones públicas y privadas ante distintas instancias de los gobiernos de Chiapas y Federal para exigir se atiendan las demandas de las familias desplazadas forzadas de la comunidad de Banavil.
En reunión con autoridades federales el 07 de marzo de 2016, se solicitó se designé una comisión de especialistas por parte de las instituciones del Estado, para una búsqueda e investigación minuciosa y urgente en los alrededores del lugar de la agresión, donde se presume que pueda estar el señor Alonso López Luna; accionar mecanismos interinstitucionales en los tres niveles de gobierno, para generar las condiciones del retorno definitivo con seguridad; así como cumplir con la reparación integral de daños a las víctimas del desplazamiento forzado de Banavil.
Pese a esto, a la fecha no han dado seguimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos del estado de Chiapas y federal, “al contrario han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación de los hechos del día 4 de diciembre de 2011 y sin justicia en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante los cinco años del desplazamiento forzado”, informa el Centro.
Que asegura que dicho desinterés por parte de los gobiernos, trae como consecuencia la impunidad que ubica en riesgo a la vida, integridad y seguridad de las personas desplazadas a quienes no se les ha garantizado sus derechos humanos y por consiguiente el acceso a la justicia.
En tanto Frayba reitera que en Chiapas, “el desplazamiento forzado se ha dado en un contexto de guerra para eliminar los procesos organizativo de los pueblos en sus experiencias de organización autónoma y ejercicio de derechos como pueblos originarios en el marco de Conflicto Armado Interno y en la implementación de acciones de contrainsurgencia”.
Además, se señala que a las ya históricas cifras del desplazamiento forzado de comunidades que desde 1994-2000 no pudieron regresar a sus territorios por las amenazas de grupos paramilitares; se suman centenas de desplazados y desplazadas en un nuevo contexto de guerra, de la violencia de poderes fácticos que en la convivencia de gobiernos, empresas y delincuencia organizada están destruyendo la vida de los pueblos y comunitaria en general, rompiendo el tejido social, teniendo como finalidad el control y despojo territorial así como la eliminación de la organización autónoma de los pueblos originarios, describen por medio de un documento.
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