viernes, 30 de diciembre de 2016

2016, un año para el PRI marcado por la corrupción, violencia y debacle electoral

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Este 2016, para el PRI estuvo marcado por la corrupción, lo cual trajo para dicho partido repercusiones políticas y electorales. Haciendo un recuento, tuvo un gobernador preso, otro prófugo de la justicia y dos más que enfrentan demandas de sus sucesores por malversación de recursos públicos, por lo que fue un periodo funesto, que provocó la pérdida de siete de las 11 gubernaturas que estuvieron en disputa, restructurando el escenario rumbo a la sucesión presidencial.
Además, en materia delincuencial, ha sido el año más violento que se ha registrado en este sexenio, con el recrudecimiento en la confrontación de los cárteles de la droga, reavivando las ejecuciones, con especial agudeza en Guerrero. Hasta noviembre, el Sistema Nacional de Seguridad Pública había reportado 20 mil 858 homicidios, más de 10% de los perpetrados en 2015, en que fueron 18 mil 673.
Ante el fracaso de las políticas en materia de seguridad, que durante el año ya motivaron la inconformidad del Ejército por su permanencia en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno federal reconoció el repunte de la violencia en 50 municipios.
En este año electoral estaban en juego 11 gubernaturas, cuyas campañas se concentraron en un fuego cruzado contra presuntos actos de corrupción, las cuales terminaron inclinando la balanza y precipitando una histórica derrota del PRI, incluso, en estados nunca gobernados por la oposición (Veracruz y Quintana Roo) y que derivaron en complejas transiciones en las que lo político y lo judicial se entrelazaron.
Uno de los principales señalamientos graves del PRI, serán las denuncias de diversos actores políticos y sociales habían proliferado en su sexenio, en el ocaso de su gestión, poco antes de fugarse ante las evidencias y la acción legal de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Duarte heredó un quebranto en las finanzas de Veracruz superior a los 35 mil millones de pesos.
Malversación de recursos de programas sociales, de fondos para seguridad, dinero de pensiones, partidas destinadas a municipios y a la Universidad Veracruzana fueron parte de la voracidad del político.
En noviembre, en medio de las denuncias de malversación de recursos públicos, el ex gobernador panista Guillermo Padrés fue aprehendido tras acudir a un juzgado.
Los casos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte –acusado de enriquecimiento y malversación de recursos públicos por su sucesor, Javier Corral–, y el gobierno de Roberto Borge, que por ahora las denuncias se han limitado a funcionarios de su gabinete, complementan el escenario.
Secuela de la violencia, 2016 no sólo se caracterizó por el repunte de ejecuciones, sino también porque las desapariciones volvieron a colocarse como preocupación social. Son más de 28 mil casos.
En paralelo, en materia de derechos humanos, la crisis se agudizó con el desenlace de dos investigaciones independientes de sucesos en los que se registraron graves violaciones a los derechos humanos: Ayotzinapa, Guerrero, y Tanhuato, Michoacán.
En abril, la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó la relación de este organimso con el gobierno federal de forma abrupta tras las descalificaciones mutuas sobre las investigaciones: la conclusión del grupo avalado por el organismo internacional rebatió abiertamente la “verdad histórica” decretada por la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y sembró dudas sobre la investigación oficial.
Para agosto, las indagatorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el presunto enfrentamiento en Tanhuato registrado en 2015 entre el crimen organizado y la Policía Federal arrojaron la siguiente información: elementos de la corporación “ejecutaron de manera arbitraria” a 22 de los 42 civiles muertos. Además, otros cuatro fueron muertos por “uso excesivo de la fuerza”.
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