“Tránsito errado de la PGR a una fiscalía puede significar para México, la consolidación de la impunidad”: ONG’S

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“El tránsito errado de la Procuraduría General de la República (PGR) a una fiscalía puede significar para México la consolidación de la impunidad”, advirtieron aproximadamente medio centenar de organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, nacionales e internacionales.

“El país ya no aguanta una simulación más”, se expresó durante una conferencia colectiva que dieron representantes de algunas de las organizaciones, tras dos días de debate en el seminario La fiscalía que necesita México, donde se analizaron diversas experiencias latinoamericanas para el diseño de la nueva institución.

Durante el pronunciamiento colectivo consideraron que “las iniciativas del titular del Ejecutivo y de los partidos políticos que abren la posibilidad de evitar el pase automático del último titular de la PGR como primer fiscal general, son un paso positivo, pero no suficiente”.

Además, exigieron una “modificación profunda del artículo 102 constitucional y transitorios, a fin de garantizar una fiscalía autónoma, en la que su titular llegue por méritos propios y después de un proceso público, transparente y participativo”.

“Esta revisión debe igualmente considerar la modificación de artículos transitorios, para que todos los funcionarios que ingresen a la institución aprueben un concurso de oposición y méritos”, señaló el pronunciamiento.

También se pidió esbozar el perfil de la persona que llegue al cargo, ya que, destacaron, “debe ser capaz de conducir estratégicamente la fiscalía y de resistir la presiones de cualquier tipo, sobre todo presiones políticas, además de tener la certeza de recuperar la confianza ciudadana en la institución”.

Al Senado pidieron “abrir un debate público, técnico e informado para discutir el modelo de una fiscalía que realmente sirva y atienda los graves problemas de procuración de justicia. El primer paso para ello es abstenerse de aprobar leyes secundarias sobre la fiscalía que no sean el resultado de una discusión informada y participativa”.

Exigieron debe existir “autonomía funcional, presupuestal y de servicio civil de carrera para todos los funcionarios; esquema de eficiencia que permitan superar la burocracia, la lentitud y la descoordinación; autonomía de servicios periciales, y especialización en materia de derechos humanos y un esquema que permita una efectiva participación de las víctimas”.

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