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Pide EPN a legisladores avalar incitativa sobre fuerzas armadas; activistas aseguran crea condiciones para la continua violación de DH

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“No es propio de las fuerzas armadas dedicarse a la seguridad interna, ya que ha producido ‘monstruos’ como la guerra sucia de los años 70. Cuando se les encargó la seguridad interior hubo tortura, desapariciones y asesinatos”, afirmó David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana (Uia).
Esto derivado de la presentación de la iniciativa de ley donde se le da margen jurídico a las fuerzas armadas para que hagan uso de la fuerza en distintos eventos, entre otras atribuciones, la cual fue redactada por legisladores del PRI y Sedena.
“Las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar labores policiacas de seguridad interna, sino para combatir a un enemigo. Dar categoría de enemigo a alguien de la sociedad es grave y peligroso. En la lucha contra el narcotráfico, soldados y marinos han cometido excesos, crímenes atroces, y no debería correrse el riesgo de que los sigan cometiendo”, añadió Fernández.
Además dijo, “si continúan participando en la lucha contra el crimen organizado debe ser con un plazo acotado y siempre en proceso de retirada de estas tareas; no puede legitimarse su estancia a largo plazo, porque desnaturaliza su tarea y, por otro lado, nos quita la responsabilidad de generar policías y cuerpos de seguridad interna profesionales, capacitados que obedezcan al mando civil”.
En tanto, Santiago Corcuera, presidente del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló que “preocupa que algunas disposiciones de la iniciativa de reforma son violatorias del derecho a la privacidad y no garantizan el debido proceso. Que cada quien se dedique a lo que es especialista y los militares no lo son para la seguridad pública”.
Por su parte, Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que “la iniciativa del PRI para dotar de un marco jurídico a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado representará un debilitamiento de los gobiernos locales y estatales, y mayor empoderamiento de los jefes militares en diversas zonas del país.
La propuesta va contra las recomendaciones de organismos internacionales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado que la presencia de militares en tareas de seguridad sólo sea temporal”.
Además señaló que “sería una ley que daría más facultades a la actuación de las fuerzas armadas, se crearían las condiciones para la continua violación de derechos humanos con la ‘manipulación’ de los términos de seguridad interna, estabilidad social y paz pública”.
Pese a los argumentos de expertos, Enrique Peña Nieto ha pedido al Congreso que atienda la “asignatura pendiente” de dotar de un marco jurídico las labores de seguridad pública a cargo de las fuerzas armadas.
Durante el acto de conmemoración, en el puerto de Guaymas, del Día de la Armada, Peña Nieto pidió “avanzar en la aprobación de una norma legal para dar certidumbre a soldados, marinos y pilotos en las tareas de recuperar la paz y la tranquilidad en las ciudades y zonas donde se requiere su presencia”.
Pese a ser la Marina una de las dependencias mayormente denunciadas por violaciones a derechos humanos, el almirante Soberón aseguró: “Las fuerzas armadas tenemos definido el rumbo para generar las condiciones de paz, tranquilidad y seguridad para los mexicanos. Deber ineludible que exige resultados inmediatos e inminentes. Acciones cuyo sustento son la legalidad, la transparencia y el respeto absoluto a los derechos humanos”.
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