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Pese a peligros que corre población, flora y fauna en Guanajuato, Semarnat apoya construcción de planta

CONTAMINANTES DESECHOS AGROQUÍMICOS, RIOS
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(02 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hace un año, el 5 de noviembre de 2015, se publicó en la gaceta de la Semarnat, que la The Chemoris Company Mexicana S. de R. L. de C. V. planteaba el levantamiento de una planta para la producción de cianuro de sodio, y que ésta sería ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato.
Al conocer la noticia los pobladores, grupos ambientalistas, empresarios profesionales en la materia y representantes de diferentes sectores e incluso integrantes del congreso del estado, se unieron para impedir que se instale la empresa, por el alto riesgo de contaminación  que desencadenaría para la comunidad, que podría ser mortal y el daño ambiental.
En un primero momento, luego de la presión realizada sobre el rechazo de la planta, complementado por el anuncio que hizo el presidente municipal de Salamanca, de no autorizar la licencia de funcionamiento de la planta se logró la cancelación. 
Sin embargo, el 1 de agosto pasado, nuevamente la Semarnat publicó en la Gaceta ecológica, que la empresa The Chemoris Company Mexicana S. de R. L. de C. V. promueve el proyecto denominado, Proyecto San Luis, por lo que solicitó permiso, nuevamente, para instalar una planta que producirá 60 mil toneladas de cianuro al año, en el kilómetro 72 de la carretera federal 57, en las proximidades de la comunidad Santa Ana y Lobos, del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Bajo el argumento que generaría 50 empleos, aparte del personal que forma ya parte de la misma planta, Semarnat le otorgó como número de trámite el 11GU201610071. Por lo que nuevamente al conocer la noticia, la sociedad dio inicio a una movilización contra la instalación de la planta de cianuro por el alto riesgo de contaminación, realizando diferentes acciones.
En un primer momento se dio paso a mesas de información a la ciudadanía sobre el impacto social y ambiental del proyecto, reuniones de análisis con expertos en el tema, levantamiento de 7,147 firmas.
Así como escritos al delegado federal de la SEMARNAT  y al gobernador en Guanajuato, vinculación de organizaciones de la región, marchas pacificas, pláticas, con representantes de la empresa e Israel Cabrera Barrón, delegado de la dependencia gubernamental.
Aun con todas las acciones realizadas por un gran número de participantes, el gobernador del estado Miguel Márquez manifestó, que “la planta cumple con todos los requisitos para instalarse”.
En tanto, el 25 de agosto pasado, el presidente municipal de San Luis de la Paz, Guillermo Rodríguez Contreras y algunos diputados se sumaron al movimiento en contra de la planta de cianuro.
El 9 de septiembre nuevamente el alcalde, manifiesta su rechazo a la empresa y anunció que no dará ningún permiso, ni facilitara ningún trámite de uso de suelo y no apoyara  proyectos que expongan la seguridad, la salud y la armonía del medio ambiente. 
Ese mismo día, integrantes de la organización ciudadana Ludovicence, se reunió con otras organizaciones para analizar, el documento de manifestación de  impacto ambiental. Y el 11 de septiembre de 2016 se realizó una marcha pacifica, sumándose varias organizaciones de la región y ciudadanos en rechazo a la instalación de la planta de cianuro.
Por lo que el 14 de septiembre, la Semarnat y la empresa realizaron una consulta pública en San Luis de La Paz, para dar a conocer los beneficios del proyecto, sin embargo la construcción de dicha planta no deja de ser una preocupación latente para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos, quienes ven con preocupación que sea el mismo gobierno estatal, la Semarnat, que se encuentren en total apoyo con la empresa y abandonen a una población vulnerable.
“Siendo omisos ante el respeto, la integridad, la vida y el territorio de quienes defienden sus derechos en los municipios, concretamente en San Luis de la Paz”, han denunciado los activistas que integran la Red.
De acuerdo con los defensores de la población, dentro de las irregularidades se debe precisar que no se respetaron los procedimientos y tiempos establecidos, para realizar el manifiesto de impacto ambiental y la consulta ciudadana.
Cabe señalar que el tiempo establecido para hacer un manifiesto de impacto ambiental es de al menos 9 meses, cuando éste fue tan solo de 47 días. Además, el cianuro es una sustancia química altamente tóxica y está clasificado como uno de los principales contaminantes que puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la vida del ser humano y en el medio ambiente, sin embargo esto no pareció tener importancia para las autoridades responsables. 
Se suma que se ha denunciado que no se están respetando la vocación de estas tierras y sus habitantes, ni los elementos sociales que se deben considerar en proyectos de esta magnitud, ocasionando un daño irreversible al medio ambiente, amenazando a la flora y fauna de la región y muchas de sus especies en peligro de extinción: el águila real, la ruta de la mariposa monarca; y a 3 kilómetros de donde se pretende instalar dicha planta, se encuentra la única población de la biznaga, conocida como “pelota de goll”, especie única en San Luis de la Paz, y reconocida como en peligro de extinción por la NOM-059.
Además, denuncian que dicha zona se encuentra en un estado crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), además de encontrarse en esta región  proyectos Reservas de áreas Naturales Protegidas, como la “Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Guanajuato”.
Cabe señalar que de instalarse la planta, se estaría violentando el derecho a la salud y a un ambiente sano, derecho consagrado en el artículo 1 de la constitución  y en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Sin embargo, si esto continúa avanzando, aseguran es porque “se están sobreponiendo intereses económicos de particulares, por encima de la salud de la población y el daño ambiental. El saqueo y destrucción de nuestros bienes naturales, lo anterior, en complicidad de autoridades e instituciones para fortalecer las empresas extractivas”, señalan.
En estos momentos la comunidad, apoyada por organizaciones y autoridades locales, exigen la cancelación total del proyecto, que se garantice la Seguridad e integridad de los miembros de las organizaciones que se han manifestado en contra de dicho proyecto.
Así como garantizar la salud y la vida en toda su plenitud de los habitantes de la región de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Aunque aseguran que temen que sea una lucha, donde se sigan violentando los derechos humanos y producto de esto el avance de la planta siga avanzando, aunque también han externado que continuarán con la lucha, por lo que necesitan ser volteados a ver y ser acompañados en su denuncia.
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