Padres de los 43 denuncian ocultamiento de pruebas por parte de PGR; insisten se investigue a jefe de AIC

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El martes pasado, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, convocaron a una protesta en la PGR para el día miércoles, donde exigirían una investigación en contra de Omar Hamid García Harfuch, recién nombrado jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien era coordinador regional de la Policía Federal en el estado de Guerrero durante los hechos acontecidos hace 2 años.
En el acto de este miércoles también se afirmó que la PGR “ocultó a los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, así como a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), una ‘libreta de contactos’ que fue confiscada durante la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de la organización criminal Guerreros unidos.
Donde además de aparecer el nombre de Omar Hamid García Harfuch, también se encuentra Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien en esos momentos era secretario de Seguridad Pública del estado.
Durante una conferencia de prensa, padres y madres de los estudiantes, junto con sus representantes legales, exigieron que “sean investigados exhaustivamente los dos funcionarios que aparecen en la libreta de Sidronio Casarrubias, a quien las autoridades policiacas han presentado como el máximo jefe de Guerrero unidos, grupo señalado como responsable de la desaparición de los normalistas”.
Los padres dieron a conocer que en una reciente resolución judicial en favor de Sidronio Casarrubias, “un juez federal determinó que no está debidamente probada por la PGR la existencia del grupo Guerreros unidos”.
Los argumentos del juez, son “las pruebas que en su momento presentó el Ministerio Público Federal, entre las cuales destaca una libreta con nombres y teléfonos, que fue confiscada al detenido en octubre de 2014, en la cual aparecen como ‘contactos’ los dos funcionarios citados”.
Los padres señalan como grave que esta libreta no fue incorporada a la investigación del caso Iguala ni se hizo del conocimiento del GIEI. Por lo que se solicitó que en la investigación de los dos funcionarios participen los integrantes del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes desde la semana pasada se encuentran ya en México.
En tanto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), señaló que “desde la perspectiva de los padres de los normalistas y sus representantes el ocultamiento durante todo este tiempo de la existencia de dicha libreta representa un hecho muy grave, que debe investigarse exhaustivamente, citándolos a declarar, investigando sus llamadas telefónicas y sus bienes patrimoniales, pues eso podría marcar un indicio de algún tipo de vinculación de estos funcionarios con la delincuencia organizada”.
Además agregó, “sólo pensemos qué habría pasado si fuese una mención de los padres de familia la que estuviera en esa libreta o de sus representantes; cómo se habria utilizado ese dato para estigmatizar a la parte victimal, pero en cambio, cuando ese dato aparece y tiene un señalamiento hacia la parte gubernamental no hay investigación, incluso se oculta”.
En un documento que entregaron a la PGR, los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes legales solicitan que “toda la información del proceso judicial contra Sidronio Casarrubias sea entregada a la oficina que lleva la investigación del caso Iguala”, y protestaron de manera enérgica “por el ocultamiento de esos datos”.
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