miércoles, 30 de noviembre de 2016

Más de 11 mil millones de pesos en contratos para los empresarios cosentidos de EPN

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La corrupción también ha florecido alrededor de Enrique Peña Nieto desde los tiempos en que despachaba en el Palacio de Gobierno del Estado de México. Un selecto grupo de empresarios ha visto acrecentar su fortuna a la sombra de Los Pinos en tan sólo cuatro años, a través de la diversificación de sus negocios a prácticamente todas las áreas en la cuales el gobierno federal asigna contratos. Este compacto grupo de patrones del Estado de México, quienes han acumulado fabulosas fortunas, participa en las obras públicas, en la venta de desayunos escolares, en el sector energético y hasta en guarderías subrogadas. Operan carreteras y puertos, tienen líneas de autobuses, camiones de carga, aviones, medios de comunicación y hospitales públicos, hasta un banco y hoteles de gran turismo en playas, una compañía telefónica y gaseras.
Algunos de estos empresarios favorecidos ampliamente por el peñanietismo figuran entre los más ricos de México, de acuerdo a los datos de la revista Forbes: Carlos Hank Rhon y su familia tienen una fortuna personal de 2 mil 100 millones de dólares y al menos 32 empresas. Tan sólo Carlos Hank González, hijo de Carlos Hank Rhon, posee una gran riqueza propia y preside el Grupo Financiero Banorte; David Peñaloza Alanis cuenta con un capital de mil 500 millones de dólares y alrededor de 30 empresas. A ellos se le suman Juan Armando Hinojosa Cantú, quien tiene al menos 11 empresas; Roberto Alcántara Rojas con 13 compañías; los hermanos Ernesto y Anuar Maccise Uribe, con 29 empresas; Alfredo Miguel Afif, con 10 compañías; Carlos Peralta Quintero con 27; y Roberto San Román, con al menos ocho.
La mayoría de estos multimillonarios son relacionados con el Grupo Atlacomulco y su cercanía con Peña Nieto es muy conocida, y han sido señalados en los escándalos que mancharon la imagen presidencial: Hinojosa por la llamada Casa Blanca; San Román por la casa de Ixtapan de la Sal; y Miguel por las oficinas de transición. Juntos poseen más de 145 empresas, con las cuales acumulan concesiones de transporte, extracción de agua, producción de electricidad, permisos aduaneros y de importación, usufructúan playas y son proveedores del gobierno en muchos rubros, como la venta de seguros, que les deja multimillonarias ganancias alimentadas por el erario nacional.
En conjunto, suman al menos 11 mil millones de pesos en contratos, pero la cifra real es mucho más elevada pero difícil de conocer por la dispersión de los datos en el gobierno federal y la franca opacidad en torno a estos negocios. Lo suficientemente claro a raíz de todos los escándalos enunciados es el alejamiento de doña Angélica Rivera de los reflectores. No se le ve, como acostumbraba durante los primeros tres años de mandato del mexiquense, aparecer en las portadas de las llamadas revistas del corazón, ni siquiera en otros medios informativos y, sobre alguna declaración no hay, desde entonces por lo menos aquellas sobre felicitaciones o ligados a la farándula.
Dirigentes políticos quienes en las últimas semanas se han llenado la boca hablando de honestidad, han sido favorecidos con la impunidad y la opacidad oficial. Destaca el caso del actual dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cuya honradez está bajo sospecha por la liquidación de 1.2 millones de pesos que cobró tras renunciar a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este ilegal pago no fue el único pues sus principales colaboradores recibieron también de manera irregular jugosos finiquitos.
Hubo al menos 24 beneficiarios de estas liquidaciones y privilegios en la CFE, que suman casi 16 millones de pesos, entre los que se cuentan secretarias, abogados, administrativos y asesores de Ochoa Reza, quienes no obstante no cumplían con la antigüedad para tener derecho a una liquidación, toda vez que renunciaron voluntariamente, la obtuvieron y la cobraron. Las liquidaciones fueron desde varios centenares de miles de pesos, hasta más de dos millones de pesos, que fue lo que extrañamente recibió la secretaria particular de Ochoa Reza, Myrna Yvet Torres Camacho.
Los manejos de Ochoa Reza al frente de la CFE también han sido cuestionados. Tan sólo a una empresa le otorgó casi 500 millones de pesos en dos contratos sin licitación. El año pasado, la Comisión Federal de Electricidad otorgó a la consultora Bain and Company dos contratos para elaborar un plan de negocios a cinco años y “acompañar” la transición de empresa eléctrica del Estado a empresa productiva del Estado. Aunque todo esto no lo reprimió para expresar su partido ganará los comicios de los próximos dos años postulando a hombres y mujeres de honestidad probada y su candidato a la presidencia en el 2018 “será un militante de prestigio”.
GOBERNADORES CORRUPTOS
En la exhibición de la cleptocracia a nivel nacional destaca con mucho el caso del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien encabeza la deshonrosa lista de mandatarios ladrones y rapaces, a pesar de que no hace mucho fue el ejemplo de los gobernadores surgidos del nuevo PRI, presumido públicamente por Enrique Peña Nieto, quien ahora no se acuerda de la serie de alabanzas endilgadas. Este ex mandatario ahora prófugo y por quien la PGR ofrece una jugosa recompensa -15 millones de pesos-, dejo tras de si una estela de criminalidad, corrupción, pobreza y crisis financiera generalizada en la entidad, hoy al borde de la ingobernabilidad. El daño económico dejado por el sucesor de Fidel Herrera es inmenso. La Auditoria Superior de la Federación ha presentado 54 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República tan sólo por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2014, las cuales ascienden a 35 mil millones de pesos. La suma sin duda aumentará cuando se vaya revelando la información de las cuentas públicas de 2015 y 2016.
La moneda de cambio del PRI con el PAN para el caso de Duarte de Ochoa en Veracruz lo es sin duda Guillermo Padrés, ex gobernador en Sonora, quien dejó una deuda estatal de al menos 30 mil millones de pesos y un adeudo a proveedores por más de 7 mil millones de pesos, y se le acusa de desvío de recursos federales, la existencia de dobles nóminas, y el quiebre de las finanzas públicas. Las acusaciones contra el ex mandatario panista aún no se completan y siguen revelándose más irregularidades en su administración.
Otro ex gobernador al que la justicia le pisa los talones es César Duarte, ex mandatario de Chihuahua, a quien se la acusa de desfalco a las finanzas públicas de la entidad. La deuda estatal la incrementó de 12,547 millones hasta 48,214 millones de pesos y dejo un déficit presupuestal de 7 mil millones de pesos. El gobierno de Chihuahua integró de 10 a 15 denuncias penales en contra de la administración del priísta. En semanas pasadas, la actual gestión panista dio a conocer que durante el gobierno de Duarte se crearon empresas fantasma para depositar millones de pesos a proveedores por adjudicación directa. La Secretaría de la Función Pública informó que más del 60 por ciento del presupuesto ejercido se adjudicó directamente a proveedores. De los 5 mil millones de pesos de inversión en 2015, 2 mil 900 millones se ejercieron sin garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento.
Un caso diferente lo es el del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien todo parece indica cuenta con la protección del actual inquilino de Los Pinos, pues tan sólo se le investiga por la entrega de “incentivos” ilegales a la armadora de autos coreana Kia por un monto de 3,680 millones de pesos, además de irregularidades en la compra de bienes inmuebles que serían donados a la misma empresa por 1,085 millones de pesos. A la lista se le suman otros ex mandatarios como el de Durango, Jorge Herrera Caldera, o el de Quintana Roo, Roberto Borge.
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