#LasPistas Mientras senadores “presumen” Ley General de Víctimas, organizaciones acusan sus deficiencias

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1.- Con 77 votos a favor y nueve en contra, el pasado viernes los senadores aprobaron las reformas a la Ley General de Víctimas. Según el Senado, dicha ley “flexibiliza los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”  además de establecer  la cobertura de  gastos como transportación, alimentación y hospedaje que las víctimas requieran.

2.- Sin embargo, el pasado 26 de octubre, decenas de organizaciones de la sociedad civil y colectiva de familiares de víctimas acusaron que la Ley es “notoriamente insuficiente frente a la profunda crisis en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización que atraviesa México”.

3.- Entre los puntos citados por los inconformes, está que  “sólo el Presidente designe al titular del organismo (una primera vez por un periodo de tres años)”, esta decisión, reprocharon “además de ser un retroceso al modelo democrático, llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ni reconocimiento de los colectivos de víctimas y organizaciones civiles que hemos acompañado el proceso de reforma”.

4.- “El Fondo de Atención a Víctimas ya no recibirá recursos fijos asignados por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que garantizan la asignación del equivalente de alrededor de mil millones de pesos cada año, sino que será la Secretaría de Hacienda quien asigne los recursos “siempre y cuando” haya menos de un porcentaje determinado”, acusaron las organizaciones. Demandaron que “además, se limita a que víctimas recurran a peritos independientes o internacionales sólo a las materias en los que no haya personal nacional capacitado”.

5.- Otro aspecto “olvidado” en la legislación, acusaron, son las víctimas de desplazamiento interno forzado pues no están plenamente reconocidas en la reforma. “No sólo hubo una negativa expresa para incluir la definición de este fenómeno y su característica de forzado en el articulado aprobado, sino que persistirán trabas burocráticas para el registro y atención de las miles de víctimas de este fenómeno a nivel estatal y federal”, denunciaron

6.- El poder Legislativo cambiará todo para que nada, en la materia y a favor de las víctimas, cambie, sostuvieron las organizaciones entre las que se encuentran: ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, entre muchas otras.

7.- En cuanto a los senadores que votaron en contra, se encuentra Raúl Morón Orozco, quien explicó: “mi voto en contra de este dictamen, es por la forma de procesar legislativamente un tema tan sensible, de gran trascendencia en el ámbito social y jurídico, que dejó fuera a las víctimas mismas, a los principales protagonistas que iniciaron este proceso de legislación y de reforma”, afirmó además que “no debe debilitarse el principio de independencia de un órgano encargado de hacer cumplir un derecho humano fundamental”.

8.- Al respecto, también Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro se pronunció y criticó que  se incumplieron con lo acordado en el foro  Equidad para la Víctimas del Delito en el Debido Proceso Penal, llamó como “traición” de Peña Nieto los cambios realizados por los integrantes de la Cámara Alta; “Tiene usted, presidente, junto con las organizaciones sociales el compromiso de ser en este frente, un aliado para que tengamos realmente un modelo que sirva a la protección y defensa de las víctimas como debe ser: equidad para que realmente haya justicia”. Sostuvo que se trató de una “simulación en la reforma a la Ley de Víctimas”.

9.- Las modificaciones a la Ley serán aprobadas  se remitieron a la Cámara de Diputados, que deberá avalarla. Mientras tanto, las organizaciones han exigido “garantías de atención a las violencias que destruyen a personas en su proyecto de vida”.

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