martes, 29 de noviembre de 2016

“Intentaron matarme, fui objeto de desaparición forzada y tortura”: activista en prisión; ONU acusa al Estado de no liberar defensores de DH

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(29 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Enrique Guerrero Aviña, era estudiante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letra y defensor de derechos humanos es miembro del colectivo Liquidámbar el cual está dedicado a promover y proteger Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Enrique comenta: “con la versión oficial primero que nada pretenden ocultar cínicamente que intentaron matarme –lo que se puede comprobar con los mismos peritajes de la PGR, en los cuales se determina que el vehículo que yo conducía presenta impactos de bala-. Además que fui objeto de desaparición forzada y tortura. El Estado afirma su autoritarismo y la total injusticia como una razón de Estado.”
El 17 de mayo de 2013 fue detenido arbitrariamente por agentes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y de la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal (SSPDF). Los agentes de la CNS lo siguieron por varios minutos mientras Enrique conducía por la Ciudad de México, intentando en reiteradas ocasiones dispararon contra su vehículo, el cual se detuvo por los impactos de bala.
Los agentes vestidos de civil hicieron uso excesivo de la fuerza, sin presentar ninguna orden judicial lo subieron a una camioneta sin membretes oficiales donde fue víctima de tortura, insultos, posiciones forzadas, privación de estimulación sensorial, privación de necesidades psicológicas, golpes, humillaciones, amenazas de hacerle daño a su familia, de violación, tortura sexual, asfixia seca, simulacro de ejecución, privación de atención medica, privación de contacto social, amenazas de ataques con animales.
Fue trasladado a la Subprocuraduria Especializada en Investigación Delincuencia Organizada (SEIDO) donde fue amenazado reiteradamente de nuevas torturas y de hacerle daño a su familia sí no se declaraba culpable; fue desaparecido, in- comunicado y torturado durante aproximadamente 30 horas con el objetivo de incriminarlo en un delito de secuestro y que pese a la tortura nunca aceptó. Es importante destacar que en las declaraciones de la CNS y en las actuaciones del Ministerio Público mencionan que Enrique Guerrero se presentó por su propio pie ante las oficinas de la SEIDO.
Respecto al proceso de detención arbitraria y violaciones a derechos humanos que enfrenta, Enrique comenta: “Lo terrible del caso es que tan idiota versión no es una broma, quizá es una burla, pero no es una broma”.
Enrique fue trasladado a un Penal de Máxima Seguridad en Puente Grande, Jalisco; donde ha sido víctima de tratos inhumanos, crueles y degradantes, violaciones a los derechos a la seguridad, a la salud y a la integridad personal. Ha dormido por largas temporadas en el área del sanitario, sin cama y cambios continuos de celda, así como la amenaza latente de trasladarlo a otros penales.
Le han obligado a desnudarse de la cintura para abajo y hacer sentadillas, a lo que Enrique se ha amparado para frenar este tipo de acoso. Ha solicitado atención medica para tratar las secuelas que le dejo la tortura sin que hasta el momento la haya recibido adecuadamente. Enrique Guerrero aún presenta lesiones traumáticas en el cuello y manos, así como trastorno de estrés postraumático a causa de las secuelas de la tortura que sufrió en el momento de la detención e interrogatorio. Al momento de la primera revisión médica, Enrique presentó excoriaciones en el tórax, manos y codos, de acuerdo a la investigación de organismos nacionales e internacionales.
Este lunes se presentó el informe “Detenciones arbitraria e ilegal. Criminalización: Una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos Humanos en México”, el cual fue realizado por 11 organizaciones nacionales e internacionales en donde se ilustra el patrón de detención arbitraria contra personas defensoras de Derechos Humanos en México, a través del estudio de cinco casos, cuya detención ha sido calificada por arbitraria por la ONU.
Con este documento, se busca dar a conocer los mecanismos sistemáticos de represión utilizados contra las personas defensoras de derechos humanos y contra el movimiento social en México, en particular la utilización de la detención arbitraria e ilegal para mermar la labor de defensa, se asegura.
“Se ilustra la grave situación a través de la presentación de cinco casos de personas defensoras de Derechos Humanos: Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado García, casos anteriormente presentados por Revolución TRESPUNTOCERO, quienes han sido detenidas arbitrariamente como consecuencia y represalia a su labor de defensa. Hasta la fecha, tres de las cinco personas defensoras permanecen injustamente privados de su libertad.
“Con la presentación de estos casos se busca también visibilizar la existencia de mecanismos internacionales que permiten reconocer las violaciones a derechos humanos cometidas y constituyen herramientas fundamentales en el proceso de búsqueda de justicia”. En especifico, en este documento se presentan las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ordenando la inmediata libertad de las víctimas y su reparación.
Este patrón de criminalización en contra de las personas defensoras va desde las detenciones sin ordenes judiciales de autoridades competentes, la participación activa de militares, el hostigamiento judicial, la fabricación de los cargos, doble juzgamiento, la prolongación excesiva del proceso penal, las condiciones inhumanas de detención, que suele ser en penales de máxima seguridad en confinamiento solitario, sin atención médica adecuada y a menudo sin permitir el acceso a los abogados.
Asimismo, el uso de la incomunicación y de la tortura como medios de presión, para, por ejemplo, obligar a las personas defensoras armar falsas confesiones de hechos delictivos y quebrar sus convicciones, los malos tratos por parte de oficiales, dentro y fuera de las instalaciones penitenciarias, y las amenazas de represalias contra sus familias y abogados, son emblemáticos de este patrón de detenciones arbitrarias.
“Además, la mayoría de estas preocupantes violaciones se queda totalmente impune, aunque las y los defensores las denuncien sistemáticamente ante las autoridades competentes. A pesar de ello, las instituciones judiciales no investigan, procesan ni sancionan a los autores, tampoco existe un adecuado sistema de reparaciones a las violaciones de derechos humanos sufridas. Los mecanismos nacionales de protección son ineficaces para afrontar la criminalización”, se menciona.
Siendo involucrado el Estado mexicano en distintos niveles, federal y estatal, así como la policía, el ejército, las mismas autoridades gubernamentales, el poder judicial a través de los operadores de justicia, compartiendo la responsabilidad con actores particulares como empresas privadas y terratenientes.
Sobre la denuncia del caso, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, transmitió al Gobierno de México una comunicación relativa a Enrique Guerrero Aviña. El Gobierno no respondió. Por lo que en su 74o periodo de sesiones, emitió la opinión no 55/2015 relativa a Enrique Guerrero Aviña.
El Grupo de expertos de la ONU nuevamente solicitó al Gobierno de México tomar las medidas necesarias para remediar la situación a través de la liberación de Guerrero Aviña y se le proporcione una debida compensación.
Esto, porque el grupo afirma que Enrique Guerrero Aviña ha sido perseguido por su activismo en favor de los derechos humanos de otras personas en su región. Por lo tanto, él es un defensor de los derechos humanos que ha sido víctima como consecuencia de su trabajo.
Además piden que las autoridades mexicanas lleven a cabo una investigación efectiva en torno a los actos de tortura y malos tratos en contra Guerrero Aviña, con el fin que los responsables por acción u omisión sean llevados ante la justicia.
Los cinco casos de detención arbitraria presentados en dicho informe, “evidencian la grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Estos cinco casos son emblemáticos y representan solamente una íntima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país, denuncian las organizaciones.
“Es evidente la política de Estado que busca criminalizar e inhibir la defensa de los derechos humanos en diversas partes del país. Aunado al hecho que lejos de incidir a erradicar esta práctica el estado mexicano sigue deteniendo e intimidando a defensoras y defensores en el país”.
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