miércoles, 16 de noviembre de 2016

En Ostula, riesgo inminente de represión por parte de fuerzas federales, estatales y grupos delictivos, en contra de comunitarios

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(16 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO). – De acuerdo a un pronunciamiento de La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, las organizaciones dieron a conocer que cuentan con información, sobre la situación que vive la comunidad de Ostula, Michoacán.

“En el sentido que se han agudizado las acciones de criminalización contra el ejercicio del derecho a la protección autónoma comunitaria especialmente mediante el anuncio público de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huitzontla”, se asegura.

Además, de los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán en los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila. Ya que se menciona que particularmente existe preocupación por el riesgo que sea atacada la libertad personal del comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez.

Por otro lado, se conoce que “estas acciones de criminalización motivaron que las asambleas indígenas y populares de la región realizaran como acción de protesta y llamamiento a la negociación el bloqueo de la carretera federal 200 y la toma de las presidencias municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila. 

Tenemos conocimiento de las descalificaciones públicas que ha realizado el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, lo que consideramos que de ninguna manera abona a un entendimiento de la realidad que se vive la región”.

De acuerdo a la información obtenida directamente en la región, y en virtud de los antecedentes que ya refieren las organizaciones, “existe una preocupación legítima y fundada de riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o grupos delictivos, en contra de civiles y policías comunitarias”.

Los activistas, recuerdan el caso de Cemeí Verdía, aseverando que “precisamente con motivo de la detención, uno de los líderes de la policía comunitaria, el 19 de julio de 2015, en el marco de un operativo conjunto entre el Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, se llevaron a cabo acciones que resultaron en una intromisión violenta en la comunidad de Santa María Ostula que dejaron un saldo de un niño privado arbitrariamente de la vida presuntamente por elementos castrenses, varias personas lesionadas y múltiples víctimas indirectas”.

Cabe señalar que este tipo de acciones en contra de dichas comunidades preocupa aún más, porque existen medidas cautelares a favor de Santa María Ostula dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero éstas no han tenido ningún efecto “debido a la falta de voluntad del Estado mexicano para atender de manera integral las exigencias de la comunidad en materia de seguridad y justicia, lo que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de los habitantes”, aseveran los defensores de Derechos Humanos.

A esto se suma que conforme pasa el tiempo, las organizaciones han recibido denuncias por ejecuciones arbitrarias y desapariciones que se han elevado las comunidades de la región sin que se hayan encontrado respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes. 

Se debe agregar la denuncia de la omisión de las reiteradas denuncias de las comunidades para que sean detenidos Federico González y Mario Álvarez López, a quienes los habitantes ubican como responsables de hechos violentos perpetrados en contra de civiles.

Además, se ha dado a conocer que el gobernador de Michoacán, no ha privilegiado en dialogo, ni atendido la problemática que ya calificada como “de máxima urgencia”, por lo que las organizaciones piden que a la situación se le dé “un enfoque que parta del reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios para ejercer sus propias formas de protección y justicia; así como la innegable y fundamental aportación de los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, mediante una organización ejemplar para recuperar la paz y la seguridad violentadas por la delincuencia y la corrupción”.

En el mismo sentido, han hecho un llamado al Estado mexicano a garantizar la seguridad, integridad personal y la vida de miles de personas en la región Costa Sierra, “así como que se asegure un clima en el que los mecanismos del diálogo prevalezcan y los acuerdos comunitarios sean respetados”.
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