miércoles, 30 de noviembre de 2016

En casos de desaparición, MP y funcionarios asumen que la víctima fue elegida porque pertenecía a un grupo delictivo

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(30 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo a los familiares de víctimas de desaparición forzada, la tragedia de perder a un ser querido, también trae consigo humillaciones, vejaciones y negligencia por parte de las autoridades quienes deberían encargarse de su caso, sumado a esto llega la crisis económica que complica todo un esquema de vida.
De acuerdo a lo documentado por Human Rights Watch (HRW), la madre de Hugo Marcelino González Salazar, un joven de 24 años que desapareció en Torreón, Coahuila, dijo que cuando denunció el caso lo primero que le preguntó el investigador era si su hijo tenía algún “vicio”.
Cuando ella respondió “que su único vicio era fumar cigarrillos”, el investigador le dijo “un vicio conduce a otro” y le dijo que “probablemente su hijo tenía una adicción a las drogas y que esta había sido la causa de su desaparición”.
Los hermanos Gustavo y Fernando Moreno Velarde (seudónimos), de 27 y 21 años, uno de los cuales trabajaba en una mina y el otro se dedicaba a hacer reparaciones, fueron sustraídos por ocho hombres armados afuera de la vivienda de su madre en Torreón, Coahuila.
Pocas horas antes de ser llevados por la fuerza, los hermanos mantuvieron una acalorada discusión afuera de su vivienda con un conductor de taxi llamado “El Doce”, según contó su madre, quien presenció el altercado desde su casa. No obstante, cuando la madre instó a la policía ministerial a que interrogaran a “El Doce”, el jefe de esa dependencia policial respondió “Sáquese esta teoría de la cabeza. Esto sucedió porque sus hijos andaban en algo malo”. Cuando la madre respondió que sus hijos eran “honestos y trabajadores”, el oficial respondió “los hijos en la casa son una cosa. Cuando salen de la casa, son otra”. 
De acuerdo a los testimonios documentados HRW afirma que los agentes del Ministerio Público tienen la obligación de iniciar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todas las desapariciones, explorando distintas líneas de indagación y analizando los posibles motivos.
Ya que durante los últimos años los carteles han cometido graves delitos en México, incluidas numerosas desapariciones, es razonable que los agentes del Ministerio Público investiguen la posibilidad que los responsables de estos delitos sean miembros de organizaciones delictivas.
No obstante, conforme señalaron casi todos los familiares entrevistados por Human Rights Watch, “en casos vinculados con desapariciones, numerosos agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública asumen automáticamente que la víctima fue elegida debido a que pertenecía a una organización delictiva.
Independientemente de cuáles sean los antecedentes de la víctima, lo cierto es que el Estado siempre tiene la obligación de investigar todas las desapariciones. Sin embargo, a menudo los familiares de las víctimas se ven obligados a demostrar la inocencia de estas para persuadir a los agentes del Ministerio Público de que investiguen lo sucedido”.
A este calvario, se suman las consecuencias económicas devastadoras para las familias de las víctimas, y afectan especialmente a grupos vulnerables como los hijos y las familias que viven en condiciones de pobreza. Las personas desaparecidas en los casos documentados por Human Rights Watch son, casi en su totalidad, hombres de escasos recursos que, en muchos casos, representaban el único sostén económico de familias con varios hijos.
HRW, ha mencionado que pese a que la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) se creó en 2011 para brindar asistencia emocional, económica y legal a familiares de víctimas, con especial énfasis en la atención de familias de personas desaparecidas.
“La mayoría de las familias entrevistadas por Human Rights Watch nunca habían estado en contacto con este organismo, y tenían un conocimiento mínimo o nulo de los servicios que ofrecía.
Por su parte, más de 30 familias de víctimas que sí habían acudido a PROVÍCTIMA para recibir ayuda dijeron a HRW que este organismo no cumplía con los compromisos asumidos, como por ejemplo, prestar asistencia médica para que familiares pudieran someterse a intervenciones quirúrgicas”.
Asimismo, la gran mayoría de estas familias dijeron que PROVÍCTIMA presionó a familiares para que asumieran que sus seres queridos habían muerto, “a pesar de que no existían pruebas que justificaran esta conclusión, lo cual agravó aún más su padecimiento”.
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