En 2011, “El Chapo” se reunió con 20 gobernadores, en Sinaloa

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De acuerdo a la información de expertos, la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera a Estados Unidos, “representa para ese gobierno la oportunidad de tener acceso a información sobre el tráfico de drogas y los nombres de algunos de los involucrados en al menos 54 países”.

Cabe señalar que hace dos años, el gobierno de Estados Unidos divulgó que el Cártel de Sinaloa, liderado por Guzmán Loera, tenía operaciones en 24 de los 31 estados mexicanos, en aproximadamente 200 ciudades latinoamericanas y 54 países.

Fueron analistas consultados por Infobae, quienes aseguraron que “El Chapo” “optaría por dar, en primer lugar, nombres de funcionarios municipales, y conforme avance el proceso judicial y la oferta de conmutación de penas, vendría la data de políticos y empresarios de más alto rango”.

Sin embargo, en este país, después de tres arrestos y dos fugas de penales de alta seguridad, Guzmán Loera se ha negado a revelar los nombres de altos funcionarios y empresarios que pudieran colaborar o recibir sobornos de su organización, pero en caso de ser extraditado, esa información “será su activo más valioso para reducir su condena o tener acceso a privilegios en prisión”.

“Estados Unidos tiene la mejor red de informantes en el mundo y ‘El Chapo’ un eslabón muy valioso en esa red”, afirma Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad de Lantia Consultores, un think tank mexicano.

Según informes, algunos nombres de altos funcionarios que, presuntamente, tuvieron algún tipo de contacto con el delincuente empezaron a surgir desde el año pasado, cuando se dio a conocer que en junio de 2011, mientras se encontraba prófugo, “El Chapo” se habría reunido con 20 gobernadores en el hotel Pueblo Bonio Emerald Bay, en Sinaloa, su estado natal.

El periodista estadounidense Wayne Madsen en el sitio Infowars.com divulgó que entre los asistentes se encontraban los gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdéz; el gobernador de Querétaro y actual Ministro de Agricultura, José Eduardo Calzada Rovirasa; de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero –quien tuvo que dejar el cargo en 2014 tras el escándalo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa-.

Así como Rodrigo Medina, entonces gobernador de Nuevo León –actualmente bajo proceso judicial por presunta corrupción-; Guillermo Padrés Elías, quien recién terminó su periodo en Sonora, acusado de presunta corrupción, y sobre quien pesa una orden de captura de la Interpol; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, actualmente también prófugo de la justicia, y Rafael Moreno Valle, de Puebla, aspirante a la candidatura presidencia de 2018, por mencionar algunos.

Aunque la mayoría negó en su momento la información, sin embargo, ninguno emprendió acciones legales en contra del reportero o del medio informativo. De acuerdo al especialista, “el narcotraficante sería muy cuidadoso al proporcionar información tanto sobre la estructura y operaciones de su cártel como de los funcionarios que han colaborado con él, sobre todo los de las más altas esferas.

Es un hombre respetuoso de los códigos de honorabilidad, va a soltar poco, pero muy valioso. Tiene muy buena información y puede acabar con la reputación de muchos empresarios y políticos, va a ser muy selectivo porque si empieza a soltar nombres sin sustento no va a ser valioso para el gobierno de Estados Unidos y eso le va a quitar privilegios”.

En comparación de esto, Alejandro Hope, analista mexicano en temas de seguridad, tiene una visión distinta: “el riesgo mayor de la extradición se corre al interior del cártel porque dependiendo del acuerdo al que pudiera llegar con EEUU empezaría a surgir información desconocida sobre Ismael ‘El Mayo’ Zambada, otro de los líderes, y la pieza más importante de la organización, ahora que ‘El Chapo’ está en prisión”.

Hope y Guerrero concuerdan que México está obligado a entregar al capo a Estados Unidos, principalmente para quitarse el peso de una posible tercera fuga.

“Para los dos países es un ‘tesoro de información’. pero para México, sería menos costoso pagar el precio de las revelaciones de “El Chapo” que el enfrentarse a las críticas por una nueva fuga”.

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