miércoles, 23 de noviembre de 2016

Elementos de la Marina ingresaron al domicilio; cuando él abrió la puerta le dispararon en la frente

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(23 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO). – En septiembre de 2011, en Nuevo León, elementos de la Secretaría de Marina ingresaron al domicilio de la familia Luján, el hecho se justificó que era en atención a una denuncia anónima recibida referente a actividad del crimen organizado en la región.
Cuando Gustavo Luján abrió la puerta, los elementos de la Marina le dispararon en la frente. De acuerdo a un comunicado de prensa publicado después del ataque, “la Marina identificó a Gustavo como miembro del grupo delictivo ‘M-3’ y aseguró que se le había capturado en posesión de armas de fuego y cocaína. Al día siguiente, la Marina informó que el sujeto ya había sido capturado y asesinado en Tamaulipas”, lo anterior durante el sexenio de Calderón.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2013 en Nuevo León: miembros de la Marina detuvieron el vehículo de Armando del Bosque Villareal y lo subieron por la fuerza a una camioneta de la secretaría, delante de múltiples testigos, incluido el padre de del Bosque. Durante semanas, los oficiales de la Marina negaron los hechos y proporcionaron información contradictoria al padre de la víctima.
El cuerpo de Armando del Bosque fue encontrado el 3 de octubre de 2013. En marzo de 2016, Amnistía Internacional informó que cinco marinos habían sido detenidos por el delito de desaparición forzada en relación con el caso, de acuerdo al informe realizado por Open Society Foundations en 2016.
“Durante dos sexenios México se ha convertido en un territorio de mortandad, donde la violencia gobierna, bajo el rostro de Calderón y Peña Nieto. Solapados por esbirros (senadores y diputados), que crean las bases para continuar con las matanzas de civiles en este país.
Cabe señalar que recientemente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sacara a la una iniciativa para crear una ley de seguridad interior, es decir darle libertad -aún más- a las fuerzas armadas para el uso legítimo de la fuerza en operativos contra amenazas que ‘pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública, como el narcotráfico e incluso la corrupción.
Por su puesto que Salvador Cienfuegos tenía que darle el visto bueno, no podría negarse a darle mayor protección a sus ‘muchachos’, incluso podríamos pensar que fue Sedena o Secretaria de Gobernación quienes redactaron dicha iniciativa y será una ley fácilmente”, asevera a este medio Tania Robles, activista y especialista en derecho militar.
Cabe señalar que fue el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, y la legisladora Martha Sofía Tamayo, quienes se mencionó crearon la iniciativa, la cual propone “distinguir la seguridad nacional de la interior, y prevé la participación del Ejército y la Marina en ‘acciones de orden interno’, que serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
Dentro de las propuestas para las acciones de las fuerzas armadas se encuentran: destacamentos de seguridad, escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, así como puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y “las demás que se consideren necesarias”.
Dicha propuesta también prevé que “militares y marinos puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información y obligaría a las instituciones gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar información”.
En la Cámara de diputados, la Comisión de Defensa Nacional informó que, “en una reunión la semana pasada con el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, éste comentó que la iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen, contó con su visto bueno”.
Open Society Foundations, asevera que las denuncias ante la CNDH con respecto a ejecuciones extrajudiciales, privación de la vida, y violación del derecho a la vida se incrementaron significativamente a partir de 2007. Los mismos empezaron a disminuir de nuevo después de 2011, aunque volvieron a aumentar entre 2014 y 2015. En total, ha habido 331 de este tipo de denuncias entre principios de 2007 y el final de 2015.
“La administración de Peña Nieto continuó con la estrategia de militarizar, al mantener una significativa adjudicación de los recursos a las fuerzas federales y al ampliar aún más la Policía Federal, incluso mediante la creación de una Gendarmería fuertemente armada e implementando las estrategias de seguridad que implican el despliegue de dichas fuerzas a áreas donde existen altos niveles de violencia relacionada con el tráfico de drogas”, señala el informe.
Como ejemplo, a fines de 2014, la administración encabezada por Peña Nieto desplegó el “Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente”, enviando a 2000 oficiales federales del Ejército, Policía Federal, Marina, la PGR y los servicios de inteligencia (CISEN) a fin de retomar 36 municipios del control del crimen organizado en los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
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