lunes, 14 de noviembre de 2016

Diputados cancelan recursos para programa de prevención de la violencia y delincuencia

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Después de la aprobación del presupuesto para el año entrante por la Cámara de Diputados, se confirmó que se dará paso a la cancelación de recursos para programas importantes de la Secretaría de Gobernación (SG), como lo es el plan federal antidelito.
El Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), fue uno de los más presumidos por Peña Nieto, el cual tenía como misión atajar la grave problemática, en el contexto de la estrategia ‘Nos mueve la paz’, sin embargo no tendrá recursos específicos para 2017.
Lo que significa que la continuidad de las acciones estaría subordinada al criterio de las autoridades locales, es decir a planes de otras dependencias y a la búsqueda de recursos en la sociedad civil.
Por lo que ahora, la SG deberá buscar apoyos, convenios y tendrá que buscar ‘patrocinadores’, en empresarios, académicos y otras instancias si quiere que dicho programa sobreviva.
Cabe señalar que Alberto Begné, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SG, llegó al cargo en febrero de 2016 para hacerse cargo de la distribución de recursos y la operación del Pronapred.
En su nombramiento, Miguel Ángel Osorio Chong le dijo que “era prioridad la política para la prevención social de la violencia”, sin embargo esto no quedó demostrado en el presupuesto.
En 2016, el Pronapred contó con 2 mil millones de pesos a repartir entre los municipios más violentos del país. Dicha cantidad equivale a 600 millones menos que en 2015, para atender a 230 zonas donde viven cinco millones de personas. Es por ello que el Programa sólo atendía a 4% de la población.
Dentro de la lista de territorios más violentas del país, se encuentra Acapulco en el número uno, como municipio de prioridad del gobierno federal, en cuanto a factores de riesgo y es también el ayuntamiento que recibió hasta ahora más recursos del programa.
Aunque los responsables del programa aseguraron que gestionarían con los legisladores, al final no se le otorgaron recursos. Por su parte Begné confirmó que “no es una situación fácil”. Por ahora, se alista un convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para atajar los problemas de violencia en conjuntos habitacionales, así como otro con el sistema penitenciario y empresas para vincular actividades productivas con reinserción social.
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