De 250 casos de desaparición forzada documentados por HRW, en más de 140 hay evidencias de intervención de actores del Estado

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Por: Emma Martínez
(22 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO). – Las desapariciones forzadas se han convertido en delitos cotidianos a lo largo y ancho de la República Mexicana, no importando si es el norte, sur o centro del país, en todos los estados este delito es una realidad.
Human Rights Watch (HRW), en su más reciente informe ha dado a conocer que “en más de 60 casos, la organización encontró evidencias contundentes que las desapariciones ocurrieron como resultado de la cooperación entre miembros de las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada.
Uno de los casos emblemáticos es el de José Diego Cordero Anguiano, de 47 años; Juan Diego Cordero Valdivia, de 22; Ernesto Cordero Anguiano, de 37; Alan Josué Bocanegra García, de 19; Sergio Sánchez Pérez, de 32; Mario Alberto Reyes, de 26; José Javier Martínez, de 46; y Héctor González Cervantes, de 37, quienes fueron detenidos ilegalmente por policías locales en el municipio de Joaquín Amaro, en Zacatecas, cuando regresaban de una excursión de caza.
De acuerdo a testimonios de dos personas que se encontraban entre los cazadores y lograron escapar de los captores, “el grupo fue detenido inicialmente cerca de las 6 de la tarde, cuando conducían por Joaquín Amaro”.
A su vez, los sobrevivientes dijeron que “en la detención habrían intervenido policías municipales de Joaquín Amaro y Tabasco (otro municipio de Zacatecas)”. A esto se sumó, que la policía confiscó de inmediato sus teléfonos celulares y sus armas, y los trasladó a la dependencia policial, donde fueron vendados, golpeados y acusados de integrar una organización criminal “que había llegado con la intención de tomar el control de nuevos territorios”.
Aproximadamente a las 11 de la noche, los policías entregaron a los cazadores a un grupo de hombres armados que circulaban en seis vehículos todoterreno, cerca de una gasolinera en Fresnillo, Zacatecas. Uno de los cazadores detenidos arbitrariamente logró escapar, mientras que otro—un adolescente—fue liberado.
“La entrega de los cazadores fue registrada por las cámaras de seguridad de la gasolinera, y en la grabación se ve cuando los policías entregan a los hombres detenidos a otros hombres que esperan en vehículos”, como parte de las pruebas.
Según la declaración del Procurador General de Justicia de Zacatecas, “los policías habrían admitido posteriormente a agentes del Ministerio Público que detuvieron ilegalmente a los cazadores y los entregaron a un grupo delictivo”.
Sin embargo, la familia de las víctimas de desaparición forzada, quienes vivían en Guanajuato y viajaban constantemente a cazar a tierras zacatecanas, no han vuelto a saber de sus seres queridos. Y aunque constantemente se han manifestado exigiendo justicia, aún no reciben respuesta, “ni siquiera hay una certeza que los estén buscando”, dice una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato.
Organizaciones internacionales como ONU y HRW, han denunciado mundialmente los crímenes atroces y de lesa humanidad perpetrados por Fuerzas Armadas y de seguridad, sin que esto provoque justicia para las víctimas y prevención para el país por parte del gobierno federal.
“Durante gran parte de su presidencia, Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido abusos, a pesar de que cada vez más evidencias indicaban lo contrario. En el último año de su mandato reconoció que se habían producido violaciones de derechos humanos y adoptó una serie de medidas positivas—aunque muy limitadas—para erradicar algunas prácticas abusivas.
Sin embargo, no logró cumplir con su principal obligación fundamental de asegurar que las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías fueran investigadas y se juzgara a los responsables”, ha sido el discurso de HRW.
Señalando que cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012, recibió ·un país asolado por la violencia vinculada al narcotráfico, que le costó la vida a más de 60 mil mexicanos a lo largo de seis años”.
Así la organización afirma que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, tuvo resultados calamitosos. Sin embargo, Peña Nieto, lejos de contener los daños, “generó un incremento dramático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad a las cuales se encomendó la misión de enfrentar a esas organizaciones. En vez de reforzar la seguridad pública, estos abusos exacerbaron el clima de violencia, caos y temor”.
“De acuerdo a los testimonios aportados por las familias, las autoridades de Guanajuato no han realizado nada que indique que están buscando a los desaparecidos en Zacatecas. El año pasado las respuestas llegaban cada dos o tres meses y siempre se decía ‘aún no hay nada’, como si se tratara de cualquier cosa, en definitiva, están huérfanos, como a cualquier que le violen sus derechos humanos en este país”, asevera a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Cristina Mancilla.
Human Rights Watch ha documentado casi 250 desapariciones de este tipo que se han producido desde 2007 a 2015. “En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia.
Estos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia”.
La activista señala que el modus operandi de las fuerzas de seguridad y armadas, mantienen el mismo desde que “se les entregó el poder de matar o desaparecer a cualquier que quisieran”, es decir bajo la detención arbitraria “todo está permitido y aquí no vale si sabes que es ilegal, cuando ellos van a violar tus derechos, nada puede salvarte. Si corres con suerte te inventan un delito, pero si te entregan a grupos armados es porque trabajan para ellos y te han convertido en un sospechoso, son los halcones de élite del crimen organizado, tanto policías, como militares y marinos”.
“Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas”, detecta HRW.
A esto se suma que “en la mayoría de los casos ante la desaparición donde hay testigos que declaran que estuvieron involucrados elementos de la policía, militares o marinos, las autoridades ministeriales recurren a inculpan de facto a la víctima, ‘seguro andaba en malos pasos’, ‘posiblemente quien lo detuvo usó un uniforme falso’, para dar paso a la serie de obstáculos para que la búsqueda se retrase.
Esto con el objetivo de dar aviso a los posibles involucrados que estén ‘alerta’, porque ya están siendo acusados. Un problema más es una base de datos nacional sobre personas desaparecidas, que aún no funciona, posiblemente porque al gobierno no le conviene invertir en una herramienta que podría evidenciar aún más la culpabilidad de sus fuerzas de seguridad en las desapariciones forzadas”, añade la activista.
Las familias de las víctimas de desaparición forzada han denunciado que el dolor y la desesperación no son suficientes para provocar que las autoridades y los gobiernes accionen planes de búsqueda, lo que provoca que las esperanzas de conocer la verdad y encontrar justicia se debiliten.
Puesto que mantener en prisión a quienes presuntamente entregaron al grupo no ha significado en ningún momento respuestas positivas para la familia, ya que no han aportado datos que ayuden en la investigación.
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