Cúmulo de irregularidades, omisiones y deficiencias, impiden claridad en líneas de investigación sobre paradero de los 43

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De acuerdo a una auditoría interna de la Procuraduría General de la República (PGR) a los más de 200 tomos del expediente abierto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 pone en evidencia que, “debido al cúmulo de irregularidades, omisiones y deficiencias, no existe claridad en las líneas de investigación que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, y, “es claro que no se continuó con algún esfuerzo por parte de la autoridad responsable para alcanzar el principal objetivo: conocer el destino final de los jóvenes”, de acuerdo a información obtenida por Proceso.
Dichas observaciones forman parte de las 17 conclusiones de la Evaluación Técnico Jurídica practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, realizada por la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez, quien dejó su cargo antes de dar a conocer el resultado de las investigaciones abiertas al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por haber realizado diligencias de modo irregular o ilegal.
Proceso tuvo acceso a la supervisión de la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa, firmada por Raúl Barraza Franco, Jorge Teoyotl Quezada, Pablo Rodríguez Mejí, José de la Luz Gallegos Figueroa y Arturo Hernández Balderas, agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Visitaduría. Su análisis fue realizado del 20 de mayo al 2 de septiembre de 2016.
“Buena parte de las observaciones coinciden con las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la necesidad de llamar a cuentas a miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, e incluso con algunas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de presentar cargos penales contra policías federales por no haber intervenido para proteger a los jóvenes”.
A su vez, los visitadores de la PGR también comparten con el GIEI y con la CNDH la perspectiva de que los hechos configuran el delito de desaparición forzada y no el de secuestro, “que es por el que están siendo procesadas más de cien personas, 95 de las cuales probablemente fueron sometidas a tortura”.
Sin embargo, el informe interno excluye de su análisis la factibilidad científica que los 43 estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre.
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