11 municipios en Chiapas, denunciarán “los proyectos de muerte” de Velasco Coello que “rompen identidad como pueblos originarios”

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(09 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El próximo 15 de noviembre, serán once municipios, pertenecientes a los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol del norte y selva de Chiapas, los que realizarán una manifestación que dará inicio con una marcha.
La cual iniciará su recorrido desde la cabecera municipal de Salto de Agua, hasta la ciudad de San Cristóbal de las Casas, para “animar y fortalecer” su lucha, así como para denunciar “los proyectos de muerte”, que están penetrando en sus comunidades, y que aseguran: “rompen nuestra identidad como pueblos originarios”.
El recorrido atravesará las comunidades de Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, cancuc, Tenejapa, Huixtán, Candelaria, culminando en la Plaza de la Paz, en San Cristóbal de las Casas, el 25 de noviembre.
“No es la primera vez en la administración de Manuel Velasco Coello, que los pueblos originarios de Chiapas tenemos que caminar kilómetros por varios días para que nuestra voz sea escuchada. Del 23 al 26 de marzo del 2015, las Parroquias de Pueblo Nuevo y Simojovel, también convocaron a una peregrinación que pasó por Bochil, Ixtapa, Chiapa de Corzo hacía la capital del estado, esto ante el clima de violencia y corrupción de los tres niveles de gobierno”, han denunciado mediante un comunicado los representantes de las comunidades.
“No queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor, ni más venganza”, exigían y siguen exigiendo desde entonces las comunidades indígenas y campesinas de la región.
A su vez describen que, “la violencia ha sido generada por personas militantes de los partidos políticos (PRI, PVEM), autoridades municipales y personas vinculadas con el crimen organizado”, agregando que, “el Consejo Parroquial ha indicado: Simojovel es el reflejo pequeño de lo que pasa en todo el país. 
Esta situación de deterioro de las relaciones comunitarias ha sido permitida, tolerada y con plena complicidad de funcionarios de los tres niveles del gobierno mexicano”, afirman organismos defensores de derechos humanos en la entidad.
En septiembre pasado, el Centro de Derechos Humanos Frayba evidenció que los megraproyectos en Chiapas, en su mayoría mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones siguen una lógica de despojo.
Describiendo “implantación autoritaria, falta de consulta previa e informada a las poblaciones afectadas, contubernio entre autoridades de los tres niveles de gobierno, modificación de normas y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes se resisten o se oponen. Graves violaciones a los derechos humanos sobre los pueblos indígenas, lo cual se suma a la histórica y actual exclusión de la que son objeto”.
Argumentando que señalar que es responsabilidad de empresas y el Estado mexicano la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la información presentada por más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la sociedad civil al Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.
Ahí mismo se señaló la criminalización a personas defensoras de derechos humanos, lo cual se visualizaó en el caso: Construcción de la represa hidroeléctrica Chicoasen II. Entre el 2010 y 2016, las y los integrantes del Comité Ejidal Chicosén han sido objeto de amenazas, intento de privación arbitraria de la vida, privación arbitraria de la libertad, judicialización, criminalización de la protesta y han tenido que luchar internamente contra la división comunitaria. 
Cabe señalar que por los riesgos a la vida, la integridad y la seguridad de las personas opositoras al proyecto Chicoasen II, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas(Frayba), mantiene solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Frayba ha evidenciado que “el despojo ha afectado la convivencia comunitaria y el legado cultural de los pueblos originarios, además de afectar ambientalmente su territorio debido a que grandes proporciones en el Estado de Chiapas se encuentran en concesiones de exploración y explotación de proyectos extractivistas”.
Concluyendo en la exigencia que el Estado y las empresas deben cumplir con el respeto a los derechos colectivos a la autonomía así como a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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