“Tardía”, “sospechosa” e “inútil”, la detención de ex mando policíaco involucrado en la desaparición de los 43

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(31 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, estuvo prófugo de la justicia durante dos años, estando acusado, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de trabajar para el grupo criminal Guerreros Unidos y de ser uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que se suscitó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo a una investigación de la revista Proceso, durante ese tiempo el exjefe policiaco se ocultó en una casa de esa misma ciudad, “con acceso a los medios de comunicación, dinero e incluso visitas familiares, aunque supuestamente la PGR lo buscaba afanosamente y la ciudad ha estado plagada de elementos de la Gendarmería, policías federales, marinos y soldados desde finales de septiembre de 2014”, se dio a conocer.

Fue el viernes 21 de este mes, cuando Flores Velázquez fue detenido en la casa donde siempre estuvo oculto, en un operativo donde no hubo violencia y ni siquiera lo esposaron. Para después convertirse en un reo más, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

De acuerdo a su primera declaración ministerial, rendida el 27 de septiembre de 2014, aseguró que al ser notificado de la llegada de los normalistas a las 21:22 a la estación de autobuses, de donde se llevaron unos camiones, “él llamó directamente al jefe de la base de la Policía Federal en Iguala, Luis Antonio Dorantes, y éste le dijo que tomaría nota de los sucesos y estaría ‘alerta’”.

Sin embargo, esto cambio, en las declaraciones ministeriales de Dorantes ante la PGR del 11 de septiembre de 2015 y del 7 de enero de 2016, ya que no informó sobre esa comunicación directa con Flores Velázquez.

“No había denuncias, no había testigos presenciales de los hechos; es más, no había flagrancia ni pruebas periciales que en ese instante nos dijeran qué había pasado y quiero aclarar que ni en ese instante ni en las siguientes horas”, declaró a la PGR el entonces subprocurador de Atención a Víctimas, Martínez Chávez, el 29 de octubre de 2014, lo cual fue su justificación del por qué no arrestó a Flores Velázquez pese a que lo interrogó en dos ocasiones.

Martínez Chávez afirmó que su primer encuentro con el exjefe policiaco de Iguala fue después de la una de la mañana del 27 de septiembre en las oficinas del Ministerio Público del fuero común. El subprocurador lo llamó a esas oficinas y Flores Velázquez se presentó inmediatamente.

Proceso publicó que la conversación fue:

—¿Qué pasó? —le preguntó Martínez Chávez al mando de Iguala, según la declaración ministerial del exfuncionario de la Fiscalía General del Estado.

—Sé que vinieron unos ayotzinapos, hubo un conflicto en el Zócalo después del informe de la primera dama, hubo disparos y sé que hubo persecuciones pero no me consta, ya que hasta el momento no tenía un reporte oficial, ni tampoco uso radio, es decir como walkie talkie, para enterarme de qué estaba pasando —fue la respuesta de Flores.

—Hay dos muertos en la carretera de estos niños (el equipo de futbol) los Avispones, y creo, de acuerdo a lo que tú me dices, que pudieron haber sido los policías municipales.

—¿Cuáles?

—Tú debes de saber, no yo.

—¿Qué propone? —le planteó Flores, en tono cooperador.

—Que tú voluntariamente los presentes a todos, incluyéndote a ti, para que se les hagan las pruebas de balística a sus armas, las pruebas de Harrison y todas aquellas que sean necesarias para deslindar responsabilidad.

Seguido de ese momento, el subprocurador afirmó que de ahí se fueron a la base de la Policía Municipal de Iguala, “donde se desarmó a todos los policías municipales”. Así es como, de acuerdo con la información recabada durante toda la noche del 26 de septiembre hasta las 20:00 horas del 27 de septiembre, “Flores estuvo con los funcionarios estatales en la entrega de armas de policías municipales, así como los primeros interrogatorios y detenciones”.

Para el día 28 de septiembre fue citado para ampliar su declaración ministerial en Acapulco. El entonces alcalde José Luis Abarca le ordenó que se presentara, pero Flores ya estaba preocupado por el rumbo que tomaba el caso y “estaba seguro de que lo iban a detener en Acapulco. Aun así acudió. Lo soltaron hasta la madrugada del 29, y las siguientes fueron las últimas horas que estuvo en su casa”.

Sobre los hechos a partir de la detención de Flores, Felipe de la Cruz, vocero del movimiento de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, ha declarado que es una acción “tardía”, “sospechosa” e “inútil”: “Para nosotros es un detenido más”, afirma en entrevista.

“La detención de Felipe Flores significa algo preocupante, agrega, porque no podemos creer que lo hayan detenido en el mismo lugar de los hechos. Él ha dicho que no supo nada, que no vio a los jóvenes en barandilla, y luego viene el cambio de la procuradora a pocos días de que reinicien los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nos parece muy sospechoso que no lo hayan podido detener antes y de manera repentina lo capturan como si nada… Queda claro lo que siempre hemos dicho: La complicidad y la protección a quienes participaron. ¡No lo habían buscado! Es claro para nosotros que no lo buscaron con ganas de encontrarlo”.

Luego del cambio de puesto de Arely Gómez, a la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con información recabada por Proceso, “la remoción se relaciona con la ríspida salida de Tomás Zerón de Lucio de la Agencia de Investigación Criminal, en septiembre pasado, luego que la procuradora iniciara una investigación en su contra por las irregularidades cometidas por Zerón y su equipo en el caso Ayotzinapa”.

En tanto, el 25 de octubre pasado, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos, De la Cruz y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se reunieron en Washington con el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para acordar el reinicio de los trabajos de investigación del organismo internacional en el caso.

Sobre el tema, De la Cruz señaló que el próximo 10 de noviembre esas labores se retomarán con un nuevo grupo de investigadores encabezado directamente por James Cavallaro, presidente de la CIDH, que dará seguimiento a los 20 puntos de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que concluyó su trabajo en abril pasado.

La líneas a investigar, de acuerdo con la información proporcionada por De la Cruz, son tres, en un primer momento se trata de “identificar a El Caminante, apodo con el que se nombra a una persona mencionada en los teléfonos de varios policías municipales de Iguala, quienes se mantuvieron en contacto durante los ataques a los estudiantes y su desaparición.

Así como conocer quién es El Patrón, señalado por un testigo directo que estaba en el Palacio de Justicia, cuando supuestamente llegó la Policía Municipal de Huitzuco a llevarse a algunos de los normalistas actualmente desaparecidos”.

En segundo lugar, es “que ahora sí puedan interrogar directamente a los militares porque también sabemos que forman parte de este hecho, ya que el gobierno de México impidió que el GIEI los entrevistara, interrogara y señalara las contradicciones en las declaraciones ministeriales que rindieron los integrantes del 27 Batallón de Infantería”.

Finalmente en tercer lugar, se plantea que se esclarezca la actuación durante los hechos y en las investigaciones del caso por parte de los entonces funcionarios estatales Ángel Aguirre Rivero (gobernador) e Iñaki Blanco (procurador), así como a los federales Jesús Murillo Karam (titular de la PGR), Enrique Galindo (de la Policía Federal) y Tomás Zerón (de la Agencia de Investigación Criminal).

También se exigió que, el nuevo grupo de la CIDH también debe contar con el apoyo del gobierno federal. De la Cruz agrega: “El ánimo y la disposición de la CIDH de hacer las cosas es completa; lo que tememos es que el gobierno de México le ponga obstáculos, como hizo con el GIEI”.

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