Sin justicia crímenes de lesa humanidad en Chiapas, “gobierno no puede condenar su propio mecanismo de terror”

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(28 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Chiapas se ha caracterizado por ser una frontera olvidada, donde los movimientos sociales nunca se han detenido en busca de justicia, siendo los pueblos indígenas quienes son los principales actores que abanderan las luchas en contra de la pobreza y el terror gubernamental.

Los años noventas fueron los más álgidos en la zona norte de esa entidad, donde el Estado mexicano implementó una estrategia de guerra contrainsurgente contra población civil, a través del plan de Campaña Chiapas 94.
Cuyo objetivo, a decir por la población y organizaciones defensoras de derechos humanos, era “eliminar bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De 1995 a 1999 se formaron grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, que contaron con la preparación y protección de distintos niveles de gobierno”.

Resultado de los violentos ataques indiscriminados, hubo desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura física y tortura sexual, detenciones arbitrarias, todos estos hechos a 20 años continúan en la impunidad.

Familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente operada en la zona norte de Chiapas, se reunieron en la comunidad de Susuclumil, Tila, el pasado 22 de octubre para denunciar la falta de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con la complicidad y responsabilidad del Estado mexicano.

Entre los casos emblemáticos señalados se encuentran la desaparición forzada de Mateo Arcos Guzmán y los asesinatos de Miguel Gutiérrez Peñate, Nicolás Mayo Gutiérrez por paramilitares de Paz y Justicia, bajo la permisividad del Estado mexicano.

“Como muestra de esto y de la estrategia de exterminio del gobierno mexicano contra el pueblo, a finales de julio de 1997, en una reunión en la comunidad Miguel Alemán, municipio de Tila, 41 delegados de la organización paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, entre ellos Sabelino Torres Martínez líder de la organización, prepararon una emboscada a las comunidades Cruz Palenque y Aguascalientes”, se dijo.

El 1 de agosto de 1997 en Cruz Palenque a las cinco de la mañana la señora Adela Peñate Pérez decidió salir de su casa junto con sus cuatro hijos, Miguel, Nicolás, Maribel y Marcos de apellido Peñate Gutiérrez. Después de un breve camino, a 50 metros de su hogar, fueron interceptados por seis personas armadas, vestidas de negro, tal como solían uniformarse los policías de seguridad pública. Eran los paramilitares de Paz y Justicia, quienes detuvieron violentamente a Miguel Gutiérrez Peñate y lo llevaron rumbo a un potrero a la orilla del camino.

Después de dos horas, los paramilitares de Paz y Justicia, con Miguel como rehén, se dirigieron hacia Aguascalientes y después de interrogar al joven le dispararon en la espalda. Tan sólo tenía 15 años, cuando fue asesinado.
Luego de dicho crimen los paramilitares siguieron el camino hacia la casa de Mateo Arcos Guzmán en Aguascalientes, irrumpieron en su domicilio y lo lastimaron con un machete en todo el cuerpo en varias ocasiones en presencia de su esposa, lo arrastraron fuera de la casa y hasta la fecha no se conoce su paradero.

Ese mismo día, en Cruz Palenque, hubo agresiones, robo, desplazamiento forzado de la comunidad y un asesinato más, el de Nicolás Mayo Gutiérrez por el mismo grupo paramilitar. Sin embargo, aún con las denuncias por parte de organismos y familias de las víctimas en Chiapas el gobierno mexicano sigue sin reconocer su involucramiento directo en esos acontecimientos, pese a las pruebas existentes.

Que incluyen informes y manuales que prevén su actuación en planes de contrainsurgencia, donde su objetivo es detener el reclamo de derechos y legitimas demandas de los pueblos, aterrorizando a la comunidad para detener procesos de organización, debido a ser consideradas como prácticas de “desestabilización de la paz social”.

La población indígena ha asegurado que la desaparición forzada en Chiapas “obedece a un diseño estratégico a nivel continental que prevé un Estado militarizado y paramilitarizado, que interviene para mantener un sistema político y económico establecido”.

De acuerdo al activista Anselmo Rosas, “tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones y otras violaciones a derechos humanos en Chiapas, solamente forman parte de una de las múltiples estrategias de control social.
Por lo cual el gobierno no ejerce justicia para las víctimas y sus familiares, porque no puede condenar su propio mecanismo de terror, más de una década ha pasado y ninguna autoridad se ha hecho cargo fehacientemente de las investigaciones, por el contrario la estrategia, como lo ha sido siempre, es apelar al olvido”, menciona a Revolución TRESPUNTOCERO.

Pero, agrega, los indígenas se mantienen en la lucha contra la impunidad institucionalizada, “que encubre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, los pueblos indígenas y organizaciones civiles mantienen viva la memoria”.

Hasta el día de hoy, no solamente se le ha negado la justicia a las familias, también, denuncian, “el gobierno nos sigue intimidando y hostigando, pues muchos de nosotros hemos recibido citatorios para careos con los presos y si no nos presentamos seremos objeto de grandes multas, así como ser obligados con el auxilio de la fuerza pública para presentarnos cuando hemos sido las víctimas directas e indirectas”.

Cabe señalar que los familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente operada en la zona norte de Chiapas, se reunieron en la comunidad de Susuclumil, Tila, el pasado 22 de octubre para denunciar la falta de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con la complicidad y responsabilidad del Estado mexicano.

Además reiteraron los constantes hostigamientos, intimidaciones y persecuciones con órdenes de aprehensión “injustas” y citatorios, con amenazas de multas, por parte del sistema de administración de justicia en Chiapas.

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